Por MATÍAS MURACA / Abogado, docente y apoderado del Partido Intransigente porteño @matiasmuraca
Fin de semana cualquiera en Buenos Aires. Salís a caminar por Palermo, llegás a la esquina de Costa Rica y Malabia. Te metés en un bar, pedís un café, lo tenés que apurar. Llevás a los pibes, y no quieren saber nada del café. Quieren correr a Plaza Armenia. Están los juegos, la murga, los árboles, no alcanzan los ojos para ver tanto verde. Tu señora se pierde entre los puestos de artesanos: bordados, aritos, chucherías, cosas muy lindas, otras no tanto. Lo que sí es inevitable es el buen clima. La gente está feliz. Es un paréntesis verde a la bruma cotidiana.
Ahora imaginá que eso no existe. Que en lugar de los tilos añosos hay una rampa de acceso vehicular. Que en lugar de la murga hay carteles de obra. Que los artesanos que llevan años en esa esquina están en la calle, literalmente, buscando dónde ir. Que la plaza va a estar cerrada dos años —dos años— mientras una empresa excava el subsuelo para construir un estacionamiento comercial que va a funcionar los próximos veinte.
Eso es exactamente lo que el Gobierno de la Ciudad firmó el 6 de abril de 2026. La Resolución Conjunta N°9/MJGGC/26 llama a licitación pública para concesionar el subsuelo de la Plaza Inmigrantes de Armenia. El mecanismo se llama iniciativa privada, y conviene entenderlo bien porque no es una licitación común: es algo más sofisticado y bastante más peligroso. Una empresa detecta una oportunidad en el espacio público, diseña el proyecto y se lo ofrece al Estado. Si el Estado lo aprueba —declarándolo “de interés público”— abre la licitación, pero el iniciador compite con ventaja: tiene derecho de tanteo, puede igualar cualquier oferta y se garantiza el reembolso si nadie más se presenta. Es, en el fondo, una privatización con garantía estatal para el privado. Juega con la cancha inclinada para decirlo claramente.
La empresa iniciadora en este caso es E-ARG SRL. Constituida el 24 de junio de 2024. Capital inicial: $1.000.000. Diez meses después ya tenía la declaración de interés público. La licitación se abrió para mayo de 2026. Empresa nueva, trámite exprés, veinte años de concesión sobre una plaza en el corazón de Palermo Soho.
Uno de los socios, Martín Kocourek, ya lo había intentado antes. En 2016 constituyó Lamp Investments —mismo esquema, misma velocidad— y dos meses después tenía una licitación sobre Plaza Houssay. Aquello fracasó: Cinepolis invirtió cuatro millones de dólares y nunca pudo abrir. Ahora el mismo actor vuelve con otra empresa, otra plaza y el mismo manual. La pregunta no es si Kocourek es un mal tipo. La pregunta es por qué el Estado porteño le da curso dos veces al mismo mecanismo con el mismo operador.
La respuesta más honesta es incómoda: porque el Estado porteño no tiene una política de espacios verdes. Tiene una política de negocios con los espacios verdes.
Esto no es una denuncia moral. Es una descripción estructural. Durante dos décadas, el PRO construyó en Buenos Aires un modelo de gestión urbana donde el espacio público es, ante todo, una oportunidad. La ciudad que se presenta como moderna, eficiente y conectada es también la ciudad donde el metro cuadrado se valoriza sostenidamente porque el suelo se administra en función del mercado, no del derecho. Plaza Armenia no es una anomalía de ese modelo. Es su expresión más nítida: verde que vale, verde que se concesiona.
El déficit es concreto y medible. Buenos Aires tiene uno de los índices más bajos de espacio verde por habitante entre las grandes ciudades latinoamericanas. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 m² por persona. Amplias zonas de la ciudad están muy por debajo de ese umbral. La respuesta del gobierno no fue ampliar. Fue encontrar en lo que existe una fuente de canon mensual —en este caso, $95.596.312 como base de la licitación— y llamar a eso gestión eficiente.
Lo más revelador del caso no es el negocio en sí. Es el método.
La Constitución de la Ciudad es explícita: el artículo 63 exige audiencia pública obligatoria antes de cualquier decisión que afecte intereses colectivos sobre el espacio público. No se convocó ninguna. El artículo 26 establece que el ambiente es patrimonio común. El artículo 27 ordena al Estado proteger e incrementar los espacios verdes. La Ley 123 de Impacto Ambiental exige una evaluación para obras que modifiquen significativamente el espacio público la Dirección General de Evaluación Ambiental intervino, sí, pero su dictamen nunca fue puesto a consideración pública ni sometido a impugnación ciudadana. La Ley Orgánica de Comunas establece que la Junta Comunal debe ser consultada sobre el espacio público de su jurisdicción. Plaza Armenia está en la Comuna 14. No consta que nadie les haya preguntado nada.
Tres violaciones constitucionales y legales en un solo expediente. Sin audiencia, sin evaluación ambiental real, sin consulta comunal. Y los vecinos enterándose solos, como siempre, cuando el proceso ya estaba avanzado.
Hay un fallo judicial que viene al caso con precisión quirúrgica. En el caso “Iommi” —sobre el intento de intervención en Caballito Chico— la Justicia advirtió que la fragmentación de proyectos para eludir la evaluación ambiental integral “pone en peligro el espíritu para el cual fue creado” el sistema de protección. No es que el GCBA no sepa que esto existe. Es que aprendió a moverse justo por debajo del umbral que activa los controles, o a ignorarlos cuando activarlos resulta incómodo.
Frente a eso, los vecinos hicieron lo que saben hacer: organizarse. “Salvemos Armenia” junta firmas. @palermo.resiste coordina la resistencia en redes. Legisladores pidieron informes. La acción de amparo colectivo ambiental —solicitando la nulidad absoluta de la licitación y la suspensión cautelar de la apertura de sobres— la presentaron la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad, dos organizaciones con trayectoria y legitimidad en la defensa del espacio público porteño.
El Partido Intransigente acompaña el reclamo, estuvo presente en la jornada del sábado junto a los vecinos y los artesanos, y sostiene que la nulidad del proceso no es una opinión política sino una consecuencia jurídica inevitable de lo que el propio GCBA hizo: ignorar tres obligaciones constitucionales en un solo expediente.
El amparo es necesario, pero es apenas el síntoma, no la solución. La solución requiere algo más difícil que una cautelar: requiere discutir en serio qué ciudad queremos y para quién.
Buenos Aires necesita un Estado que entienda que el espacio verde no es un activo subutilizado a la espera de un operador privado eficiente. Es infraestructura social. Es salud pública. Es el lugar donde los pibes corren y las familias respiran y los artesanos trabajan. Esas cosas no tienen canon mensual porque no están en venta.
Necesita un Estado con transparencia radical sobre lo que hace con el espacio público: cada expediente, cada iniciativa privada que ingresa, cada declaración de interés público, publicada en tiempo real y sometida a participación ciudadana real —no a la audiencia pública que se convoca cuando ya está todo resuelto y nadie puede cambiar nada.
Necesita políticas de incremento de espacios verdes con metas medibles y presupuesto asignado, no promesas de campaña que desaparecen cuando aparece una oportunidad de negocio en una esquina bien ubicada de Palermo.
Y necesita, fundamentalmente, dejar de tratar a las comunas como unidades decorativas del organigrama y empezar a tratarlas como lo que la Constitución dice nmque son: instancias reales de gobierno vecinal con competencia sobre el espacio público de su jurisdicción.
Hay una imagen que define bien lo que está en juego. Fin de semana cualquiera en Buenos Aires, los pibes corren hacia la plaza, la murga ensaya, los artesanos acomodan sus puestos, los pibes y las pibas matean sobre una lona y garabatean arreglar el mundo mientras alguien rasga una guitarra. La gente está feliz.
Eso que parece obvio, espontáneo, casi trivial —una plaza que funciona— es el resultado de décadas de uso colectivo, de cuidado vecinal, de árboles que tardaron cincuenta años en crecer hasta donde están. No lo construyó ninguna empresa. No lo diseñó ningún consultor. Lo construyeron los vecinos usándolo.
Entregarlo por veinte años a cambio de un canon mensual de noventa y cinco millones de pesos no es gestión eficiente. Es una decisión sobre qué vale y qué no vale en esta ciudad. Y como toda decisión política, puede —y debe— cambiarse.