Por MATÍAS MURACA / Abogado, docente y apoderado del Partido Intransigente porteño @matiasmuraca
Hace pocas semanas, el gobierno de la Ciudad avanzó en la licitación para el diseño, construcción y explotación de cinco estacionamientos subterráneos. Sin audiencia pública, sin consulta vecinal, sin ninguna instancia de participación.
Los cinco puntos elegidos no son terrenos baldíos ni espacios en desuso. Son plazas y parques: la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo; el Parque España, en Barracas; el espacio Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios; el Parque de la Innovación, en Núñez; y la Plaza Noruega, en Belgrano. Espacios verdes públicos, de todos. La empresa que está detrás de la iniciativa se llama E-ARG SRL. Tiene amigos en el gobierno y sus intereses ya son conocidos por quienes siguen de cerca la política urbana porteña.
Los vecinos de cada uno de esos barrios ya se organizaron para defender no solo una forma de pensar el espacio público, sino para defender una forma de vivir y de habitar la ciudad. Es una pelea desigual, porque del otro lado están los poderosos y los negocios. Sin embargo, los vecinos se organizan, discuten públicamente, presentan amparos, convocan asambleas y debaten. Están haciendo lo que hay que hacer cuando el un gobierno codicioso decide que el verde tiene precio y coloca al negocio privado como elemento articulador de la política pública.
Pero este no es un hecho aislado, estamos frente a la última temporada de una serie mala y demasiado larga. Entre 2008 y 2019, durante las gestiones de Macri y Larreta, la Ciudad de Buenos Aires privatizó 473 hectáreas de tierra pública. Ciento cincuenta de esas hectáreas eran superficies verdes absorbentes. Para dimensionarlo claramente: 473 hectáreas equivalen a 630 canchas de River. A 236 veces la Plaza de Mayo. Cuatro veces la zona urbana de Puerto Madero. Esa es la política que nos impusieron.
El resultado está a la vista. Hoy la Ciudad tiene apenas 5 metros cuadrados de espacio verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud recomienda 9. Y eso es el promedio. En Villa Santa Rita, por ejemplo, los vecinos cuentan con 0,01 metros cuadrados de espacio verde por persona. Una cifra que debería avergonzar a cualquier gestión y que sin embargo no genera ninguna urgencia en Uspallata.
Lo que se pierde cuando se pierde una plaza no es solo un lugar para sentarse al sol. Los espacios verdes urbanos mejoran la salud mental y física de quienes los habitan, reducen el estrés. Bajan la temperatura del barrio, absorben el agua de lluvia, mitigan las inundaciones y filtran el aire, nada menos. Además construyen algo más difícil de medir pero igualmente real: el tejido social de un barrio, el encuentro, la posibilidad de que gente distinta comparta un mismo espacio sin mediación de ningún consumo. Decidir que una plaza vale más como estacionamiento o que un parque rinde más como golf privado o con una confitería no es una decisión técnica. Es una decisión política. Y tiene consecuencias ecológicas, sanitarias y económicas que los vecinos pagan durante décadas.
Parte de esa historia tiene, sin embargo, un costado diferente y hay que poder decirlo. Porque en varios momentos, cuando el gobierno avanzó sobre un espacio verde, la respuesta vecinal lo frenó. Se puede ganar y eso merece ser destacado y festejado.
En 2012, el Parque Lezama se salvó. Vecinos organizados resistieron el enrejado, presentaron amparos, y un fallo judicial les dio la razón. En 2014, lo mismo pasó con Plaza Mafalda, en Colegiales: la presión vecinal fue suficiente para que el gobierno desistiera. En 2021, Costa Salguero fue el caso más resonante: el proyecto de convertir 32 hectáreas de la Costanera Norte en un barrio náutico de lujo fue frenado por tres fallos judiciales consecutivos, luego de que siete mil personas se presentaran a una audiencia pública que se convirtió en la más larga de la historia porteña. En 2023, los vecinos de Villa Santa Rita lograron que la Legislatura aprobara por unanimidad la expropiación de un terreno baldío para crear la primera plaza del barrio.
Cada vez que se ganó, fue porque vecinos, organizaciones y actores políticos que entendieron el conflicto se articularon para visibilizarlo, disputarlo y sostenerlo en el tiempo. Se hizo política, y de la buena. La que parte de un problema concreto, construye colectivo y disputa poder. Hoy ese ciclo se abre de nuevo y esta vez son cinco espacios a la vez.
Plaza Armenia, Parque España, Los Patos, Parque de la Innovación, Plaza Noruega. Cinco comunas distintas. El mismo origen, la misma lógica, la misma empresa. Lo que en otro momento hubiera pasado desapercibido hoy genera asambleas en simultáneo, amparos colectivos, campañas que se viralizan. Los vecinos ya aprendieron a reconocer el patrón.
Vale la pena nombrarlo con claridad: no es que al gobierno le preocupa el tránsito. Lo que le preocupa es el negocio: crear condiciones para que una empresa privada explote durante veinte años un espacio que hoy es de todos. Es el mismo modelo que vimos con las concesiones gastronómicas, con los convenios urbanísticos, con la venta de terrenos en la costanera. La ciudad como negocio. El verde como activo a monetizar.
Acá está el nudo político del problema: tener una ciudad verde o una ciudad gris es una decisión política. Que nuestros hijos puedan ir a una plaza o que tengan que conformarse con el cemento es una decisión política. Que el agua de lluvia se absorba o que inunde es una decisión política. Y esas decisiones, cuando las toma el mercado en lugar de la política, siempre tienen el mismo resultado: los que tienen menos terminan pagando más.
Y los que tenían que oponerse a esto o al menos auditarlo, terminaron oficiando de escribanía habilitante del negocio. El peronismo porteño, con honrosas excepciones, no fue oposición: fue cómplice por omisión cuando no fue socio por conveniencia y la consecuencia fue la naturalización de esta lógica urbana. Eso también hay que decirlo. Porque cuando la política no disputa el poder corporativo, lo termina legitimando.
El debate en la ciudad no puede limitarse entre quienes quieren hacer negocios y los que quieren refrendarlo o miran para otro lado. Al final de cuentas son las dos caras de la misma moneda. Hay problemas concretos, urgentes, que exigen respuestas estatales innovadoras y que se comprometan, no con los negocios, sino con la gente, con una forma de vida mejor, con los problemas reales de los que vivimos la Ciudad. La crisis de los espacios verdes en la Ciudad es uno de ellos. No alcanza con gestionar y muchos menos con validar. Hay que disputar.
Estamos en un momento clave para dar vuelta la página y empezar a construir una ciudad que nos contenga a todos y de la que estemos orgullosos. Una ciudad que no se mida en canchas perdidas sino en plazas y parques ganados.
Desde el Partido Intransigente creemos que estas son las peleas que hay que dar junto con la comunidad. Que es posible pensar una ciudad que enamore y que valga la pena ser vivida otra vez. Que no necesitamos más torres ni estacionamientos ni bares en los parques. Necesitamos recuperar lo que es de todos, hay que animarse a la travesura. Las plazas no se tocan.