Por MATÍAS MURACA / Dirigente del Partido Intransigente de la Ciudad de Buenos Aires
Todavía es de noche cuando suena el despertador. A tientas, para no despertar al resto de la familia, se prepara un café o unos mates. Se ordenan los materiales. Y con una mezcla de amor y orgullo se plancha el guardapolvo. Hay en ese gesto algo que va más allá de la rutina: una afirmación de dignidad, una declaración silenciosa de que lo que viene importa y merece cuidado.
Lo que espera del otro lado no es exactamente una escuela. O sí lo es, pero una escuela que hace tiempo dejó de dedicarse exclusivamente a enseñar. La crisis económica, la salud mental, la violencia familiar, las adicciones entran, todas, al aula. Cada vez que aparece un problema nuevo, la respuesta colectiva parece ser siempre la misma: que se ocupe la escuela. Lo que casi nunca se discute es qué ocurre con quienes tienen que sostener esa tarea. Durante años les fuimos agregando responsabilidades a los docentes sin construirles dispositivos equivalentes de acompañamiento, formación y respaldo. Nadie le explicó al docente que entraba a una trinchera. Ni le dio las herramientas para ese tipo de desafío.
Al final del día el guardapolvo ya no está planchado. Las y los docentes vuelven a su casa sin energía: física, mental ni emocional. Quienes trabajamos en educación escuchamos ese relato una y otra vez. Cambian las edades, las escuelas y los barrios. El agotamiento es el mismo.
El Estatuto Docente de CABA lo dice desde su primer artículo: el docente es un agente del Estado que ejerce función pública con autoridad institucional. Cuando el Estado lo designa, le delega parte de su propia autoridad pedagógica. Esa delegación tiene una consecuencia lógica que casi nunca se dice en voz alta: el Estado tiene la obligación de respaldar esa autoridad, no puede delegarla y después mirar para otro lado cuando la atacan.
Eso es precisamente lo que ocurre con demasiada frecuencia, cualquier padre puede desautorizar a un docente frente a sus alumnos sin consecuencia alguna. El GCBA, que designó a ese docente y le delegó autoridad, no tiene protocolo ni mecanismo de respaldo cuando esa autoridad es cuestionada. Gota a gota, año tras año, se fue erosionando algo indispensable para cualquier proyecto educativo serio. Hay que decirlo con claridad: esto no es desidia ni descuido. Es una decisión política sostenida en el tiempo. Dejar que la autoridad pedagógica se erosione es funcional a un modelo que prefiere docentes rotos en lugar de docentes íntegros.
Los problemas que los docentes porteños llevan años nombrando son siempre los mismos. El salario que no llega a la canasta básica. Los edificios con goteras, sin calefacción, con baños que no funcionan. Las plataformas digitales que el gobierno cambia de un día para el otro para gestionar licencias que son derechos estatutarios generan semanas de caos sin que nadie pida disculpas. La hora que no se paga en media. Y el dato que casi ningún partido nombra: entre el 60 y el 70 por ciento de los docentes porteños trabajan en condición de interinato, esperando concursos que no llegan. La mayoría de quienes sostienen el sistema educativo de la ciudad más rica del país están en situación de precariedad que sería escandalosa en cualquier otro sector del Estado.
Hay además una forma de maltrato menos visible pero que cualquier docente reconoce de inmediato. Para cobrar el sueldo, tramitar una licencia o acceder a información básica sobre su trabajo, hay que navegar plataformas digitales que parecen diseñadas para intimidar. Validaciones en cadena, interfaces que cambian sin aviso, recibos que requieren instrucciones para descargarse. Es una humillación permanente. Una burocracia que cambió el papel por la pantalla y que en cada paso le dice al docente lo mismo que la cultura del maltrato le dice en el aula: que su tiempo no importa, que el sistema no fue pensado para él.
Un maestro de grado de jornada simple cobra en CABA, en abril de 2026, $935.407 sin antigüedad. Con diez años de trayectoria llega a $1.350.164. La canasta básica para una familia en la Ciudad supera los tres millones de pesos. Un docente con una década de trabajo no llega, solo, ni a la mitad de lo que cuesta vivir donde trabaja. Que esos reclamos se repitan no habla mal de quienes los formulan. Habla muy mal de un sistema político que durante veinte años fue incapaz de transformarlos en política de Estado.
La inteligencia artificial ya entró a las aulas como realidad cotidiana que los alumnos traen en el bolsillo, y los docentes tienen que procesarla, encuadrarla y convertirla en aprendizaje sin formación específica, sin tiempo y sin que nadie les haya preguntado cómo. La capacitación docente en CABA funciona con una lógica de puntos y acreditaciones que tiene poco que ver con las necesidades reales del aula. La formación tecnológica, cuando existe, es paga y externa al horario laboral. El docente que quiere actualizarse lo hace en su tiempo libre, a su costo. Cuando el GCBA lanza reformas que incorporan tecnología sin consultar a quienes las tienen que implementar, no está innovando. Está repitiendo el esquema de siempre: las decisiones las toman los que no están en el aula, y los que están en el aula reciben el resultado como un hecho consumado.
Los docentes no necesitan convertirse en programadores. Necesitan ser los conductores pedagógicos de una transformación que ya está ocurriendo. Eso requiere formación dentro del horario laboral, financiada por el Estado, con contenido definido por las propias comunidades educativas. No por el mercado.
La Argentina del siglo XIX tuvo su Congreso Pedagógico. La Ciudad de Buenos Aires necesita algo equivalente para enfrentar los desafíos del siglo XXI: un proceso donde la voz central la tengan las y los docentes, donde los políticos lleguen a escuchar antes que a hablar, y cuyas conclusiones se conviertan en política pública con presupuesto y seguimiento. No un evento de vitrina, un proceso real de construcción colectiva. Porque ninguna reforma educativa que ignore a quienes la tienen que implementar va a funcionar. Eso también lo sabemos desde Sarmiento.
Es claro lo que falta: recomposición salarial atada automáticamente a la canasta básica porteña, sin depender de cada ronda paritaria. Respaldo institucional explícito del GCBA cuando la autoridad pedagógica del docente es atacada. Formación tecnológica en horario laboral, financiada por el Estado y diseñada con las comunidades educativas. Titularización de los miles de interinos que hoy sostienen el sistema en condición de precariedad.
No es nostalgia. Es la condición de posibilidad de cualquier proyecto educativo serio para CABA. Porque son ellos quienes siguen sosteniendo todos los días, muchas veces en soledad y con el guardapolvo prolijamente planchado, una de las pocas instituciones que todavía mantiene unido el tejido social. Quizás la primera señal de respeto hacia los docentes no sea hablar por ellos, sino volver a escucharlos.