Por MARÍA EUGENIA TALERICO / Ex Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera
La calidad de la democracia puede ponderarse en la medida que en un país se asegure la vigencia del estado de derecho, el respeto por la división de poderes, la propiedad privada y las libertades individuales de sus ciudadanos.
El poder por excelencia que tiene la última palabra a esos fines, es el Poder Judicial de la Nación.
Cuando las decisiones gubernamentales que se toman comprometen y amenazan el buen funcionamiento del Poder Judicial, porque entre otras acciones posibles se nominan jueces “cuestionables” y que no reúnan las condiciones mínimas establecidas en las normas consensuadas por la comunidad internacional bajo los Principios de Bangalore (ONU) y el Código Iberoamericano de Ética Judicial (OEA), se pone en crisis la vigencia de la ley, de la Constitución Nacional y poco a poco se va degradando nuestra democracia. Es fácil advertir este efecto en las autocracias de la región, donde el control del Poder Judicial es el primer objetivo para lograr la perpetuidad en el poder, la sumisión de los ciudadanos y el encarcelamiento o persecución de opositores.
Por ello, los jueces forman parte de un poder fundamental para nuestro desarrollo, son quienes hacen respetar los marcos delineados por la Constitución y las leyes que en consecuencia se dictan, son quienes pueden poner fin a los abusos de poder, la impunidad y quienes deciden sobre nuestras libertades, nuestra vida y nuestra propiedad.
De allí es fácil advertir la importancia que reviste ser Juez en todas las instancias y máxime del mas importante tribunal como es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como todo sabemos, la Argentina no solo tiene problemas económicos, más bien atraviesa una decadencia fenomenal en materia de fortaleza institucional y de sus valores fundamentales. La ética en el ejercicio de funciones públicas, la educación y el trabajo como modo de progreso social han sido vapuleados a la par de la tergiversación del destino de los “premios y castigos”, cuando en este país los ciudadanos se dieron cuenta de que es lo mismo ser “honesto que ladrón”.
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Son impunes los que cometen gravísimos hechos de corrupción, progresan los que se acomodan con el político de turno, los que encuentran los atajos para conservar o conseguir cargos, beneficios, cupos o subsidios centrados en intereses egoístas e individuales. Son impunes los que se hacen amigos del juez, cuando éste es permeable a distintas influencias y ya no importan ni la ley, ni la verdad , ni la justicia.
He aquí, el derrumbe de uno de los pilares fundamentales de nuestra República, el de la integridad, la honestidad, la decencia.
Y ha sido la falta de integridad lo que minó la seguridad jurídica para desarrollar negocios en la Argentina, lo que ha corroído a nuestras instituciones y ha degradado el Estado de Derecho.
La falta de integridad también alteró las reglas de la sana competencia, permitiéndoles prosperar a los más corruptos y dejando fuera a los innovadores, emprendedores y todos aquellos que pretenden obtener beneficios fruto de su creatividad y esfuerzo en el marco de la ley.
La falta de integridad desalentó la sana inversión, especialmente la inversión de mediano y largo plazo, que precisa de estos pilares para asumir riesgos en el tiempo. La falta de integridad ha promovido un permanente cambio de reglas de juego, alejando el tipo de inversiones que un país como la Argentina precisa para generar fuentes de trabajo dignas que permitan sacar a gran parte de su población de la pobreza y favorecer su progreso.
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En definitiva, “es la corrupción, estúpido”, la que, entre muchos otros males, atenta contra uno de los pilares esenciales para el desarrollo de los pueblos, que es el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
Existen sobrados ejemplos en el mundo, y ya pasó en nuestro país, el impacto en la macroeconomía de la corrupción extendida como lo está en la Argentina nos conducirá, tarde o temprano, al fracaso de cualquier programa económico del gobierno.
Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser tomada con un desafío que atraviese a todas las políticas públicas y para lograr resultados, necesitamos jueces intachables, insobornables, en los que podamos confiar.
Estamos hartos de la estafa y de la impunidad. Sanear el clima de inmoralidad irrespirable también es parte de la misión que le encomendamos al Presidente. Es lo que nos prometió.
Lijo no puede ser el elegido para ocupar la Corte Suprema, una Argentina nueva no es posible si le tuercen el brazo los mismos de siempre.