Por SUSANA DECIBE / Ex Ministra de Educación de la Nación
Dos sentimientos viven en muchos de nosotros por estos días: incertidumbre sobre el rumbo que emprenderá el nuevo gobierno y el deseo que por fin logre encauzar al país en un proceso de reparación del daño que tantos desaciertos le causaron a gran parte de la población, -sobre todo al 60% de los niños y jóvenes hoy pobres-, y de crecimiento genuino.
Cuando desde LLA se afirma que educación es competencia de las provincias, la duda que surge es si el gobierno nacional, tal como ocurrió con los anteriores, no cumplirà las funciones que señala la legislación vigente, pensadas para asegurar no sólo un piso de calidad y equidad en todo el territorio, sino una identidad cultural y ética que nos distinga como nación.
Completar los 180 días de clase, cumplir con la obligatoriedad del nivel secundario, garantizar la jornada extendida en primaria o aumentar el financiamiento, objetivos señalados frecuentemente, no serán suficientes para superar los graves problemas de la enseñanza y los escasos logros de aprendizaje.
A los datos que ya conocíamos a partir de evaluaciones nacionales, ahora también sabemos que seguimos formando parte del quintil más bajo en logros de aprendizaje entre los 81 países en las pruebas PISA.
Desalojan la Plaza Lavalle, luego de cuatro meses de ocupación ilegal
La política educativa es una ficción. No se cumplen en cada nivel del sistema (Nación, provincias, escuelas) las tareas esenciales para lograr que en todas las aulas del país todos aprendan.
No se garantiza que se enseñen los contenidos educativos que periódicamente se acuerdan en el Consejo Federal de Educación porque no se realizan las tareas necesarias para asegurarlo.
¿Cuáles? Actualizar a los docentes que están en las aulas tanto en metodologías para la enseñanza como en conocimientos, y proveerlos de recursos adecuados para su trabajo. Monitorear y evaluar sistemáticamente la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos para intervenir en tiempo real y corregir problemas. Asegurar la calidad de la formación de los futuros docentes evaluando y acreditando a las instituciones formadoras, hoy muchas y mayormente de mala calidad.
Destinar a las escuelas que atienden a las poblaciones con mayores necesidades los equipos profesionales mejor preparados y los recursos e infraestructura necesarios. Dar el reconocimiento nacional de los títulos a cada provincia cuando se acredite fehacientemente el cumplimiento de los acuerdos federales de política educativa.
Así es Pin Pun, la histórica pizzería porteña fundada por los mismos dueños de Güerrín
En síntesis, falta que se gobierne el sistema educativo compartiendo las responsabilidades que fija la ley entre Nación y provincias. Hace mucho tiempo que esas funciones no se cumplen y quedan disimuladas en anuncios de grandes acuerdos federales o detrás de paros y acciones sindicales que tampoco denuncian el deficiente estado de la enseñanza.
Los gremios actúan en defensa de sus intereses laborales y muchas veces para expresar pertenencias partidarias. En las aulas los docentes están solos frente a la enorme complejidad actual de enseñar a niños y jóvenes super estimulados por el entorno y desactivados en la escuela.
Por eso afirmo que no es relevante el formato institucional que en el marco de la reforma del Estado se le dé al actual ministerio de Educación. Lo importante es que adquiera capacidad profesional y técnica para desarrollar las funciones de autoridad de última instancia de la educación argentina.
Además, para mejorar el gobierno y la administración del sector falta legislación y acuerdos políticos de envergadura en tres campos específicos, laboral, administrativo y político.
Es necesario un nuevo régimen laboral docente que genere estímulos salariales y profesionales para el buen desempeño y cree una nueva carrera que torne atractiva la docencia, crecientemente abandonada por los jóvenes con mayor potencialidad.
Por primera vez, una línea aérea hará la ruta entre Buenos Aires y la ciudad chilena de Concepción
Un modelo de gestión y administración transparente, que permita monitorear el uso e impacto de los recursos nacionales que se transfieren y conocer cómo y cuánto invierte cada una de las provincias. Un modo probado es presupuestar por escuela e incluso descentralizar su administración a nivel de los equipos directivos de cada institución.
Pero falta también superar las trampas del modelo federal. El gobierno nacional está obligado a transferir recursos a las provincias, pero limitado o se autolimita por incapacidad o inacción, para asegurar que los mismos atiendan los objetivos para los cuales son derivados.
Las provincias, que en su mayoría sobreviven con recursos coparticipables, declaran su soberanía para ejecutarlos y denuncian sus limitaciones para cumplir con las prestaciones a las que están obligadas. Hasta ahora, los unos y los otros se hacen trampa y la educación sigue en descenso.
Aunque sea por compasión ante quienes más sufren y por la esperanza de constituir una sociedad justa y económicamente próspera, tal vez un nuevo Pacto Federal Educativo de cumplimiento obligatorio y estricto control social ayude a encauzar las obligaciones legales en cada espacio de gestión.