Por FRANCISCO QUINTANA / Presidente del Consejo de la Magistratura porteño
Estamos llegando prácticamente al final del mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la única política concreta y de largo plazo que llevó adelante este gobierno fue en el ámbito judicial, y no con el fin de mejorar la administración de justicia y resolver los problemas a los ciudadanos. El Poder Ejecutivo nacional no se cansa de avanzar contra el Poder Judicial. Ejemplos sobran: pedido de juicio político contra la Corte y la modificación de su composición, cambios en el Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial y del Consejo de la Magistratura de la Nación son solo algunos.
Los indicadores de la realidad argentina son críticos, pero el Presidente usa la cadena nacional para atacar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras una decisión judicial que veló por el respeto a las constituciones provinciales que, en San Juan y Tucumán, prohíben las elecciones indefinidas.
A diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional, en la ciudad de Buenos Aires se respeta la división de poderes. Los porteños contamos con un Poder Judicial modelo por su independencia, imparcialidad y transparencia en su funcionamiento. No hay representantes del Poder Ejecutivo local en el Consejo de la Magistratura, como sí sucede en el órgano nacional. Casi no hay cargos vacantes ni subrogancias, a diferencia de lo que pasa en el ámbito nacional, donde más del 30% de los cargos están vacantes. Contamos con un sistema de selección de jueces compuesto por numerosas etapas que aseguran la transparencia del proceso.
El de la ciudad de Buenos Aires es un Poder Judicial joven, moderno, que cuenta con programas que buscan garantizar el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos. Funcionan un Observatorio de Género y un Observatorio de Discapacidad para atender situaciones particulares de manera prioritaria.
El Poder Judicial porteño afrontó en los últimos años un cambio de paradigma tecnológico que tomó vital importancia durante la pandemia. La firma digital y electrónica, los expedientes en formato digital, las audiencias y videoconferencias a través de plataformas virtuales que agilizan el trámite de las causas, además de facilitar el acceso a la Justicia, también marcan la diferencia con respecto a otros poderes judiciales del país.
En el Poder Judicial de la ciudad hemos puesto en funcionamiento la Oficina de Implementación de Juicio por Jurados en el Consejo de la Magistratura local. A través de esa oficina, y en coordinación con la Cámara Penal, estamos trabajando con la expectativa de que próximamente se celebre el primer juicio por jurados en la ciudad de Buenos Aires. Más allá del trabajo que se viene realizando en el ámbito judicial, aún existe una importante tarea pendiente que tiene que ver con perfeccionar la transferencia de competencias. A pesar de los avances llevados a cabo entre 2015 y 2019, lamentablemente hoy no existe voluntad política a nivel nacional para cumplir con la manda constitucional. Es el deseo de quienes formamos parte de este Poder Judicial revertir la situación con el próximo gobierno. La deuda no es con nosotros, sino con todos los porteños.