Por JOSÉ LUIS GIUSTI / Auditor de la Ciudad de Buenos Aires
Durante décadas el problema del Estado en la Argentina fue su desempeño: ineficiencia, captura corporativa, inflación persistente, incapacidad para sostener reglas estables. Pero en los últimos años la discusión dio un giro más profundo. El Estado dejó de ser criticado por lo que hace mal para comenzar a ser cuestionado por existir. La discusión ya no gira en torno a cómo reformarlo sino a si su intervención es legítima en sí misma.
Este desplazamiento no es exclusivamente argentino. En distintas latitudes se fue consolidando una crisis de legitimidad de las instituciones públicas. Francis Fukuyama advirtió hace tiempo que el problema contemporáneo no era el exceso de Estado, sino su debilitamiento: Estados incapaces de ejecutar, atrapados por intereses o paralizados por vetos internos. La decadencia política no aparece cuando el Estado es demasiado fuerte, sino cuando pierde capacidad y confianza.
En paralelo, Martin Gurri describió la “rebelión del público”: una sociedad hiperconectada que desconfía de toda mediación, que sospecha de expertos, partidos y burocracias, y que reemplaza el debate por la indignación. La autoridad institucional se percibe como opaca y distante; la intermediación se vuelve sospechosa. En ese clima, el Estado deja de ser árbitro imperfecto para transformarse en símbolo de élite y privilegio.
Más recientemente, Ezra Klein y Derek Thompson, en Abundance, puso el foco en otro aspecto del problema: la frustración creciente con gobiernos que, aun cuando prometen resolver problemas —vivienda, infraestructura, energía—, no logran ejecutar con eficacia. No se trata necesariamente de que el Estado haga demasiado, sino de que hace poco y mal. La parálisis burocrática alimenta la sensación de que el sector público obstaculiza más de lo que produce.
En ese terreno fértil, el libertarianismo encontró una oportunidad política. El triunfo de Javier Milei convierte el antiestatismo de un sector de la sociedad argentina en programa de gobierno. Capitaliza un malestar acumulado y lo lleva a su forma más radical: el Estado no es solo ineficiente, es moralmente ilegítimo; el impuesto no es alto, es confiscatorio por definición; la redistribución no es debatible, es injusta en sí misma. La crítica deja de ser instrumental y se vuelve ontológica.
La pregunta que emerge entonces es inevitable: ¿puede gobernarse negando la legitimidad del instrumento mismo de gobierno? ¿Puede una sociedad compleja organizarse sin la mediación que históricamente cumplió el Estado moderno? El libertarianismo funciona con potencia como identidad electoral y como discurso de ruptura. Pero cuando se convierte en administración concreta del poder, se enfrenta con una realidad menos ideológica y más estructural.
Esa tensión se manifiesta con claridad en decisiones centrales del propio gobierno. Allí donde el discurso proclama la retirada del Estado, la práctica exige su presencia activa. Dos políticas emblemáticas permiten observar este contraste con nitidez: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la consolidación de la Asignación Universal por Hijo como eje de contención social.
El RIGI constituye, en esencia, una política de promoción productiva concreta. Desde su puesta en marcha, se presentaron más de 20 proyectos. De ese total, aproximadamente USD 25.000 millones ya fueron aprobados en torno a 10 iniciativas específicas, mientras el resto continúa en evaluación.
Esto implica compromisos de capital de gran escala dispuestos a operar bajo reglas diseñadas por el Estado. El RIGI define sectores estratégicos, establece incentivos y organiza un marco institucional destinado a orientar el flujo de capital hacia actividades prioritarias para el desarrollo. Lejos de desaparecer, el Estado crea condiciones diferenciales, asume costos fiscales presentes y busca modificar expectativas privadas en favor de proyectos de gran escala. El discurso que el Estado no debe elegir sectores sucumbe ante la realidad de una acción de gobierno para atraer inversiones
Si el RIGI muestra al Estado como promotor productivo, la política social revela otra dimensión igualmente decisiva: su función de sostén y estabilización. En noviembre de 2023, el monto total bruto de la AUH por hijo se ubicaba en torno a los $28.000 mensuales. Para comienzos de 2026, el monto total asciende aproximadamente a $129.000 por hijo.
El incremento nominal es contundente: la prestación se multiplicó por más de cuatro veces respecto del nivel existente al asumir la actual administración. En diciembre de 2023 el salario mínimo rondaba los $146.000; en febrero de 2026 se ubica cerca de $346.800. La AUH pasó de representar aproximadamente el 19 % del salario mínimo en diciembre de 2023 a ubicarse hoy en torno al 37 %.
Este comportamiento ocurre en un contexto donde otras políticas sociales fueron recortadas o reestructuradas. La AUH se consolidó como instrumento central de protección focalizada y como principal amortiguador del ajuste macroeconómico. La estabilidad que permite implementar reformas descansa, paradójicamente, sobre una política redistributiva sostenida por el Estado. Donde el discurso dice la justicia social es un crimen, la principal política social del gobierno se actualiza en términos reales en un contexto de ajuste general
Si se observan en conjunto el RIGI y la AUH, la tensión adquiere una dimensión más profunda. No se trata de excepciones aisladas. Se trata de pilares centrales de la arquitectura económica y social del gobierno.
La experiencia argentina reciente sugiere algo más amplio que una contradicción coyuntural. Incluso los proyectos más radicalmente antiestatales terminan confirmando la necesidad del Estado como infraestructura clave del orden moderno. La discusión relevante, entonces, no es si el Estado debe existir o desaparecer, sino qué capacidades debe tener y cómo debe utilizarlas.