Por ALEJANDRO MANSILLA / Licenciado en Ciencias Políticas. Analista político.
Supongamos que uno de los 47 millones de argentinos decide consumir durante los 365 días del año milanesa con papas fritas. En un restaurante ubicado en algún municipio del conurbano bonaerense, ese menú posee un valor aproximado de $ 15.900. Al multiplicarlo por los 365 días, el total es de $5.803.500. Al tener el número concreto, pasemos a lo más detallado: el Estado se queda con el 40% entre impuestos y tasas (I.V.A., Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene). A esto debemos sumarle las cargas sociales que el propietario del restaurante aporta al sistema previsional, obra social, cuota sindical, entre otras. El conjunto de estos aportes suma un 26%. Así, el total de contribuciones e impuestos asciende al 66%, pero el sablazo sigue, ya que, en ítems aparte, el empleador tiene la responsabilidad de pagar seguros y cuota de aseguradora de riesgos de trabajo, además de las tarifas de servicios (luz, agua, gas, cloacas).
Esto ejemplifica mucho la situación de que el Estado recauda sin límites y otorga servicios de escasa calidad. Solo vale observar que la inseguridad reina en las grandes urbes y el narcotráfico tomo el lugar del Estado para abordar problemas inherentes con la microeconomía y la asistencia social inmediata, cuya contraparte es el dominio por el terror a plomo y sangre.
En el ámbito de la salud, por más que los profesionales del sector pongan las mejores energías, no existe la inversión adecuada. Los pacientes provenientes de los barrios y localidades populosas sufren las consecuencias de la falta de insumos, de aparatologías de última generación, de camas de internación, y de una infraestructura sostenida y mantenida en el tiempo.
En la educación, la institución que debiera ser de excelencia en un país como el nuestro, los políticos y militares que gobernaron la Argentina en los últimos 49 años, con la excusa de las administraciones precedentes, ajustaron dónde más duele, en esa organización universal que garantiza un buen porvenir para los niños, adolescentes y jóvenes a ser responsables de sostener la potencialidad de la Nación. No se ve reflejado.
Otro factor de importancia es la infraestructura. Obras públicas como las de hidráulica, puentes, desagües, rutas, vías ferroviarias, puertos, aeropuertos, viviendas para los trabajadores, escuelas, hospitales, gasoductos, permiten inversiones en instalación de industrias y establecimientos que conducen a la creación y conformación de fuentes de empleo, esos que promueven la real distribución de riqueza.
Cierto es que, en los últimos lustros, hablar de obra pública es sinónimo de corrupción escalonada y vertical, que dio formato a que gobiernos como el Libertario congele las inversiones en ese punto, perjudicando al desarrollo y el progreso.
Volvamos al inicio y retomemos lo del menú de milanesa con papas fritas. Si a esos $5.803.500 lo multiplicamos por los 47 millones de habitantes, el total es de $272.764.500.000.000. A esta cifra le calculamos el 40% de impuestos y tasas, que como mencionáramos, corresponden al Estado nacional, provincias y municipios. El subtotal a distribuir es de $109.105.800.000.000. Si lo repartimos en porciones iguales, entre municipios, departamentos, comunas, las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado, se llevan $46.927.255.806 ¡Mire lo recaudado en impuestos por un plato de milanesa con papas fritas!
He aquí la cuestión de que el foco del encarecimiento de los productos y el estancamiento económico proviene por los altos impuestos que se cobran. Y es por ello que el mercado negro en la producción y el empleo es elevado.
Si se bajase el impuesto al valor agregado (I.V.A.) del 21% al 10%, rebaja más que razonable; si se unifica el impuesto a las ganancias en una sola categoría cobrándose al contribuyente un 15% y no el 35% de hoy; si se eliminase el impuesto a las ganancias para la categoría enmarcada en los trabajadores registrados; si se elimina el impuesto al cheque y las provincias y municipios se comprometen a bajar impuestos y tasas, la rueda del incentivo a la proliferación productiva sería una realidad efectiva.
Por otro lado, y extrayendo el pensamiento de Thomas Mun, uno de los padres de la escuela Mercantilista y del Liberalismo Clásico, emitir moneda no es tan malo si se hace para alentar el consumo de los productos fabricados en la propia Nación. Y si los impuestos fueran equilibrados, el nivel de consumo tendería a ser alto y su consecuencia es la de acrecentar el ritmo económico interno y expandir las industrias y los puestos de trabajo.
El Producto Bruto Interno (P.B.I.) en Argentina ronda los 665.000 millones de dólares. Si tomamos el 20% de ese PBI como respaldo para emitir, se podría encauzar al país por una verdadera senda de crecimiento.
Casi de seguro que los amantes de Nicolás Oresme y de Sir Thomas Gresham tenderán a insultarme por este comentario.
Soy un analista político y no un economista avezado, pero en la República Argentina, muchos economistas avezados nos llevaron a crisis irreversibles. Es para pensarlo.