Por el PERSONAL DE ARCHIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
Los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, denunciamos que el día 27 de marzo de 2024 se nos informó la decisión del Ministro Luis Petri y del Director Nacional Lucas Erbes (quien la comunicó personalmente acompañado por el asesor Jerónimo Pérès Vieyra), de despedir a 10 de lxs 13 trabajadorxs del área, de terminar con los Programas de la Dirección vinculados a Archivos, y de derogar las Resoluciones N° 308/2010 y N° 1573/2023 de creación y otorgamiento de carácter permanente a los equipos, como así también la Resolución N° 1131/2015 de creación y reglamentación del Sistema de Archivos de la Defensa.
Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales. En el marco de dicha política, y en contribución con los compromisos internacionales y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del Estado nacional, los Equipos de Relevamiento y Análisis documental trabajan desde hace 14 años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de Lesa Humanidad, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los Archivos de las Fuerzas Armadas.
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La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación junto a las Fuerzas de normalización y modernización archivística en distintas dependencias.
Por lo expuesto, exigimos la continuidad de esta política pública de prestigio nacional e internacional y de los puestos de trabajo de todxs los profesionales despedidxs, para garantizar de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el Ministerio de Defensa tiene con el Poder Judicial y la sociedad argentina, y que son parte del compromiso internacional asumido por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familiares y la nación en su conjunto.