El Gobierno porteño anunció que logró bajar en un 80% el número de menores en situaciones de vulnerabilidad en la calle. Esto aseguraron que se dio a partir del nuevo protocolo “Cero niños en la calle”, que establece procedimientos y coordina distintas dependencias en función de ningún chico viva en la calle.
En este contexto, el jefe de Gobierno Jorge Macri se reunió en el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita con los policías que rescataron a la bebé de siete meses abandonada el 4 de marzo en Plaza Miserere.
La bebé rescatada en Plaza Miserere, según detalló el Gobierno de la Ciudad, se encuentra en buen estado de salud y en una familia de acogimiento en Tigre. La madre está desocupada y el padre es recolector urbano. Tras pasar más de 48 horas sin que la familia se presentara en el Centro de Inclusión Social Tacuarí, perdieron la vacante y se dio aviso a la Guardia Jurídica del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA). La pareja dejó a la bebé con un hombre en situación de calle, que notificó a los oficiales Iván Miño y Rocío Cárdenas.
Luego, el SAME trasladó a la bebé al Hospital Ramos Mejía para un control pediátrico. A su vez, el CDNNyA determinó que la madre de la menor fuera evaluada por un equipo del hospital, no pudiendo retirar a la niña hasta que esto sucediera.
El protocolo se implementó por primera vez el 9 de febrero de este año, cuando se logró resolver el caso de una familia compuesta por madre, padre y dos niños, en Brasil y Pichincha. La familia fue alojada y se encuentra protegida bajo amparo. A partir de esta primera experiencia se iniciaron una serie de operativos conjuntos, con una reducción del 80% en el número de casos.
Este protocolo coordina acciones para garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes involucrados, y brindar una respuesta ágil en la intervención, llevada adelante por equipos del Buenos Aires Presente (BAP) y el Programa Abordaje Territorial especializado de Niños, Niñas y Adolescentes (ATENNA).
El BAP ofrece el ingreso a un Centro de Inclusión Social, subsidio de apoyo habitacional o revinculación a residencia de origen. En caso de que se rechacen estas opciones y persista la situación de vulnerabilidad, se adoptan medidas de acuerdo a la Ley de protección integral de los derechos de los niños.