Por DIEGO BOSSIO / Dirigente político
Frente a una inflación descontrolada que ya supera los dos dígitos mensuales, y con un gobierno que se muestra absolutamente incapaz para contenerla, las propuestas estrafalarias de Javier Milei se hacen cada vez más atractivas para la sociedad. El relato de los libertarios es simple: como el peso es la moneda que emiten los políticos para financiar el gasto del Estado, la solución es sacarle la maquinita a la casta y dolarizar.
Lo que no dicen los libertarios es que la política monetaria no es neutral. Si Argentina dolariza entregaremos el país a políticos extranjeros que toman decisiones a la medida de los intereses de Estados Unidos. Es poner el gallinero al cuidado de los lobos de Wall Street.
Cuando el dólar se aprecia, se encarecen todos los productos y servicios provistos por argentinos: desde el mozo que atiende en un restaurante de Palermo hasta el conserje de un hotel de Bariloche, desde la exportación de servicios de un joven programador de Salta hasta la producción automotriz en Campana.
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Si ahora cuando Washington estornuda, la Argentina se resfría, con la dolarización directamente tendríamos una neumonía. Es un esquema inapropiado para las características productivas de una economía como la nuestra y muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense.
Adoptar la moneda estadounidense no sólo terminaría de atar de pies y manos a la Argentina a lo que se decida en Washington, afectando la capacidad de nuestra economía de crecer. Hay algo peor: no sirve para lo que Milei dice que debería servir.
¿A qué me refiero? Dolarizar no elimina la posibilidad de que el Banco Central financie el déficit fiscal y tampoco evita que el Estado gaste por encima de sus ingresos. El caso de Ecuador es elocuente. La dolarización no evitó que aumentara el déficit fiscal ni que cayera en un default de su deuda. Por el contrario, lo que sí logró la adopción de la divisa norteamericana en Ecuador es reducir el crecimiento de la economía. Entre 2000, el año en que se implementó la dolarización y 2019 la tasa de crecimiento del PBI fue 3,3%. Entre 1970 y 2000 fue 4,7%.
Si queremos evitar que esta situación se replique en la Argentina, la solución no es dinamitar el Banco Central, sino constitucionalizarlo. Que ningún político de turno pueda volver a ponerlo al servicio de irresponsabilidades fiscales. La política monetaria no funciona correctamente porque está subordinada al gobierno de turno.
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El mecanismo es perverso: el Banco Central financia gran parte del déficit fiscal a través de la emisión del dinero, que luego es sacada de circulación (para evitar que esa gigantesca masa de pesos le meta más presión al dólar) a través de la política monetaria, pero al mismo tiempo se incrementa la deuda que el BCRA tiene con los bancos.
Así se agranda la famosa “bomba de pasivos remunerados”, que actualmente asciende a la suma estratosférica de 21,5 billones de pesos y representa casi el 15% del PBI.
En el último mes, esta deuda pegó un salto, sobre todo por los anabólicos que le inyectó el gobierno al gasto público y el recorte de impuestos (de aproximadamente 1,6% del PBI) en el marco de la campaña electoral. Si el tío vago fue al prestamista, tomó la hipoteca y la plata se fue de la Argentina, el primo pícaro está reventando la tarjeta de crédito con gastos de millonario e ingresos de changarín.
Para dimensionar la gravedad de la situación: el monto que actualmente se debe pagar a los bancos -sólo en materia de intereses- representa el 25% de la base monetaria. Dicho de otra manera, solo por este canal se estaría duplicando la base monetaria cada 4 meses.
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Ante esta situación dramática, es tiempo de buscar alternativas. Proponemos una reforma institucional que le otorgue independencia con rango constitucional al Banco Central. Independencia y jerarquía del rango de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo Nacional. Esto permitiría un BCRA profesional, aislado de los manotazos políticos y enfocado en su función primordial: preservar el valor de la moneda.
Basta de favoritismo político o sectorial, meritocracia en serio: que las personas que ocupan lugares que afectan la vida cotidiana de millones de argentinos sean profesionales reconocidos por su experiencia y conocimiento de la política monetaria.
En este sentido, el nuevo presidente del BCRA por mandato constitucional, debería ser ejercido por la oposición al gobierno de turno y votado por el Congreso de la Nación, sobre la base de una serie de requisitos de idoneidad profesional.
De esta manera, Argentina podría contar con un Banco Central dirigido por un equipo de personas idóneas y acreedoras del consenso suficiente para manejar la principal herramienta que tenemos para combatir la inflación.
Debemos ser claros: reducir la inflación llevará muchos años y no hay atajos. No hay lugar para los magos ni para los profetas de la destrucción. Quien no propone otra cosa que no sea trabajo, solidez técnica y acuerdos políticos, ignora cómo funciona la economía o está mintiendo.