Por PABLO TONELLI / Diputado Nacional por Juntos por el Cambio
El principal motivo por el que el Gobierno promovió el absurdo juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia fue la medida cautelar que el tribunal dictó en diciembre del año pasado y por la cual ordenó un incremento provisorio en la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mediante esa decisión y en concreto, nuestro máximo tribunal de Justicia dispuso que mientras se sustancie el pleito entre la ciudad y la Nación, la primera reciba un porcentaje de coparticipación del 2,95%, en lugar del 1,40% que el gobierno federal había dispuesto unilateral e inconsultamente (decreto 735/20).
La reacción del Gobierno no fue cumplir la sentencia, como hubiera correspondido en un régimen republicano, sino acusar a los jueces del alto tribunal de mal desempeño y promover su juicio político.
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De acuerdo con la singular mirada del oficialismo, la decisión de la Corte Suprema afectaría a todas las provincias porque les restaría fondos de la coparticipación. Y sabido es cuán celoso del federalismo es el kirchnerismo en el discurso, aunque no lo sea en la práctica y en las “efectividades conducentes”.
Sin embargo, el argumento se torna ridículo a poco que se advierta que la coparticipación que recibe la Ciudad se descuenta de la coparticipación primaria, o sea de la parte que le corresponde al Estado nacional. En nada afecta a las provincias que, sin excepción, conservan los respectivos porcentajes de coparticipación establecidos en la ley. Lo dice claramente el cuestionado fallo de la Corte Suprema, no una sino tres veces.
Ante esa incuestionable verdad los impulsores del juicio político replican que lo que ocurre es que la Nación pierde fondos con los cuales podría ayudar a las provincias, sea realizando obras de infraestructura o auxiliándolas financieramente y que allí se encuentra el perjuicio y el agravio al sacrosanto federalismo. Pero también este argumento choca contra un óbice insuperable. Porque el dinero o porcentaje de coparticipación del que se privó a la Ciudad Autónoma de Buenos fue íntegramente asignado a la provincia de Buenos Aires.
En efecto, el artículo 4° del citado decreto 735/20 ordena asignar a esa provincia la totalidad de los fondos quitados a la ciudad, para lo cual crea un fondo “de fortalecimiento fiscal”.
Para que se entienda: el gobierno nacional redujo, de un plumazo y de la noche a la mañana, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 3,50% al 1,40%. Y el 2,10% de diferencia se lo asignó íntegramente y mediante el mismo decreto, a la provincia de Buenos Aires. No hubo ni habrá beneficio alguno para las restantes 22 provincias, que contemplaron pasivamente cómo esa masa de fondos coparticipables pasaba, sin explicación ni justificación alguna, de la ciudad a la provincia, para que Kiciloff siga dilapidando recursos a fin de solventar su populismo revolucionario.
Como es fácil comprender, para las provincias es exactamente igual que esos fondos beneficien a la ciudad o a la provincia, dado que en ambos supuestos nada hay para ellas, pero los gobernadores peronistas, siempre dispuestos a ser obsecuentes con el poder central, igual se quejan y patalean interpretando el guion del gobierno nacional y contribuyen al absurdo relato del oficialismo. Según ellos, si el dinero va a la ciudad se los perjudica, pero si va a la provincia está muy bien y nada objetan.
Esta supuesta “afectación del federalismo” es uno de los argumentos más fuertes que ha expuesto el gobierno para justificar el juicio político a los jueces de la Corte Suprema y como se aprecia es totalmente falso, lo que permitirá a los lectores imaginar la entidad de los restantes.
La conclusión es obvia: el juicio político es absurdo, carece de fundamentos o motivos serios y constituye, en definitiva, una nueva embestida del kirchnerismo contra el Poder Judicial y su independencia. Por eso es que desde la oposición no permitiremos que avance.