Por MAXIMILIANO FERRARO y MARIANA STILMAN / Diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI
Manuel Belgrano sostenía que “Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetos que deben ocupar la atención”.
Sus ideas de libertad económica fueron centrales para el movimiento revolucionario de mayo. A pocos días de conmemorar aquella semana histórica, desde el Gobierno vuelven a insistir con un proyecto que ataca la iniciativa privada, destruye las sociedades simplificadas (SAS) y genera tal burocracia que recuerdan a la época del virreinato. Es simplemente un nuevo ataque a miles de emprendedores, pymes, economía del conocimiento, trabajadores y al ecosistema de negocios en general.
El contexto en el cual se propone esta ley no podría ser peor. Estamos viviendo una crisis económica gravísima, con más de 40% de compatriotas en la pobreza, una inflación descontrolada, falta de dólares, sequía y ausencia de un plan económico serio y consistente.
En estas circunstancias, en vez de promover la inversión, modernizar, digitalizar, ayudar a quienes quieren emprender o incentivar la generación de trabajo, el oficialismo apunta a mayores obstáculos, burocracia, costos y trabas innecesarias.
Es redundante volver a insistir con las virtudes de las SAS, pero no nos dejan otra opción. Esa forma societaria no es un invento argentino, surgieron en Francia en 1994 y las implementan gran cantidad de países como Gran Bretaña, España, Italia, Colombia, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, entre otros. Fueron recomendadas por la ONU-UNCITRAL, la OEA y el Banco Mundial. La Argentina se comprometió en 2018 ante la OEA a implementar las SAS ya que este organismo las reconoce como la mejor forma jurídica para pequeñas y medianas empresas.
El proyecto del Poder Ejecutivo quiere destruir esta forma simplificada para constituir sociedades generando como paso previo inscribirse en un “Registro de emprendedores”, algo así como una suerte de “permiso” oficial que un funcionario de turno tiene que otorgarle al ciudadano.
Ese registro va a ser un paso adicional con requisitos que se desconocen. Además de inconstitucional y burocrático, esto afecta el corazón mismo de nuestra historia. Como lo afirmó el especialista Alejandro Ramírez en el debate de la comisión de Legislación General, el antecedente de esta norma son las Ordenanzas de Bilbao, es decir, aquella normativa jurídica comercial básica en los países latinoamericanos hasta entrado el siglo XIX en el cual se debía solicitar permiso a la monarquía española para ejercer actividades comerciales. Es decir, volvemos a las restricciones económicas de pedirle permiso a un funcionario al estilo monopolio virreinal.
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El proyecto prevé otros puntos inentendibles: acreditar el domicilio con escribano público, presentar estados contables (EECC) ante la IGJ además de AFIP, generar mayores gastos notariales, de contadores, tasas y sellados, la posibilidad que el poder ejecutivo pueda declarar discrecionalmente inactivas y suspender el Cuit de las sociedades, mayores multas y afectación a las SRL, entre otros puntos absurdos.
Argentina es uno de los países con menos empresas por habitantes en la región. Tenemos la mitad que Brasil o México, un tercio que Uruguay o Chile. Si el oficialismo avanza va a generar más informalidad, menor recaudación tributaria y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
El argumento del oficialismo es estigmatizar a miles de emprendedores vinculando las SAS al narcotráfico y toda clase de prácticas ilegales, olvidando, claro, que los mayores casos de corrupción de las últimas décadas (por los cuales muchos de sus funcionarios tienen que rendir cuentas a la justicia) se realizaron con innumerable cantidad de tipos societarios (S.A., S.R.L., etc.).
Las SAS fueron el tipo societario más elegido por la iniciativa privada hasta que Ricardo Nissen, titular de la IGJ, comenzó a atacarlas con resoluciones inconstitucionales en medio de la pandemia.
A partir de allí, la constitución de SAS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayó casi por completo, afectando directamente el circuito productivo de la ciudad (pasó del 40% de tipos societarios en 2019 al 6% en 2020). En otras palabras, en la Ciudad de Buenos Aires ya mataron a las SAS.
Asimismo, es importante recordar que en el mismo debate el año pasado Nissen promovió una demanda por daños y perjuicios con el intento de amedrentar, obstaculizar, silenciar y hostigar. La demanda fue obviamente desestimada por la Justicia en primera instancia en base a la abundante jurisprudencia sobre fueros parlamentarios que asisten a todo representante del pueblo. Pero este es otro ejemplo de la Argentina que quieren: silenciada, sumisa y disciplinada.
En definitiva, vamos a resistir este embate contra la iniciativa emprendedora y el derecho a prosperar en la Argentina. No podemos dejar que ganen unos burócratas vetustos cuya única función es complicarle la vida a los que realmente generan producción y empleo.
Éste proyecto solo beneficia al status quo, a los burócratas que mantienen sus kioscos improductivos y a las grandes empresas que gozarán de la falta de competencia de pequeños empresarios. Asegurar los beneficios de la libertad implica que toda persona pueda elegir libremente la actividad que desea realizar, disfrutando del rendimiento económico que genere, sin tener que pedir permisos irracionales.