El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Provincial N.º 1935, firmado este 2 de octubre, luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986”.
El máximo tribunal rechazó la demanda que había cuestionado el artículo 154 del DNU 70/2023 por considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar esa acción colectiva. La decisión de la Corte no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado. Como consecuencia del fallo, volvió a quedar operativo el artículo 154, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La Ley 26.737 establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. Su derogación modificó así el marco nacional que regulaba la adquisición de este tipo de superficies por parte de personas y capitales extranjeros.
Misiones advierte sobre el impacto territorial y económico
En los fundamentos del Decreto 1935, el Gobierno de Misiones sostiene que la derogación de ese régimen genera una situación de vulnerabilidad para la provincia frente a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. passalaqua tierras
La administración provincial considera que la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 puede afectar su autonomía y soberanía territorial, sus recursos naturales, sus finanzas públicas y su entramado económico y social. El decreto también menciona consecuencias sobre sectores considerados estratégicos para el desarrollo provincial y cuestiones vinculadas con la seguridad provincial y municipal. passalaqua tierras
El planteo adquiere especial relevancia por las características geográficas de Misiones, una provincia ubicada entre Paraguay y Brasil y con más del 90% de su perímetro constituido por frontera internacional.
“Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo Passalacqua al comunicar la decisión.
El gobernador agregó que “cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”.
Una nueva instancia judicial
A través del decreto, Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado de Misiones para que ejerza, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas necesarias para proteger los derechos e intereses provinciales que pudieran verse afectados por la derogación de la Ley 26.737.
De esta manera, Misiones abre una nueva instancia judicial dentro de una discusión de alcance nacional tras el fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre.
La controversia jurídica sobre el artículo 154 permanece abierta: el máximo tribunal ha resuelto en este caso una cuestión vinculada con la legitimación de quien presentó la demanda, sin pronunciarse sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.
Para el Gobierno misionero, el nuevo escenario justifica una intervención propia de la provincia ante la Justicia. La medida quedó formalizada este viernes y faculta a la Fiscalía de Estado a actuar por las vías judiciales que considere correspondientes.
“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, expresó Passalacqua.