En la Ciudad de Buenos Aires, todos los días más de 250.000 personas reciben asistencia alimentaria en comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle y a través de la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña.
Es así como el Gobierno porteño, por primera vez, fiscalizó más de 500 comedores con controles diarios tanto a los espacios como a las empresas proveedoras. Se implementó una nueva app para registrar beneficiarios, identificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real. Eso marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso.
Según detallaron a SECCIÓN CIUDAD, se detectaron comedores que no estaban entregando la comida a los beneficiarios. En total, más de 5.000 raciones no fueron justificadas. Así la Ciudad dispuso la suspensión inmediata del envío y el cierre de 40 “comedores fantasmas” donde actuaban intermediarios políticos.
“Terminamos con un sistema que durante años les permitió a los gerentes de la pobreza hacer negocios con el hambre de la gente. Hoy eso se terminó. Sacamos a los intermediarios e incorporamos un sistema que nos da visibilidad total: sabemos a dónde va cada ración, quién la recibe y cómo se usa cada peso. Ahora cada persona accede con su DNI, sin punteros, sin listas manejadas por nadie y sin el filtro de ninguna organización. La ayuda llega directo a quien la necesita y en comedores comprometidos con el trabajo social y la transparencia. Porque no todos son lo mismo. Dimos un paso que algunos esquivaron durante años: cortamos con prácticas que todos veían, pero no se atrevían a enfrentar. Quiero dejar esto claro: vamos a garantizar el plato de comida para cada persona que lo necesite, lo que no vamos a permitir nunca más es que alguien use el hambre para hacer negocios”, sostuvo el jefe de Gobierno Jorge Macri.