Por VÍCTOR COLOMBANO / Ex Titular del Programa “El Estado en tu barrio”. Congresal Metropolitano y Nacional del PJ CABA. Dirigente del NEP
A lo largo de casi 20 años de gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en sus distintas versiones, el problema de las personas en situación de calle ha sido abordado como una cuestión de espacio público, en lugar de tratarse como lo que realmente es: una problemática de vivienda, salud mental y desarrollo social. No podemos olvidar la existencia de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) durante la gestión de Mauricio Macri, un organismo que fue denunciado por malos tratos y amenazas contra quienes vivían en la calle.
Es imprescindible hablar de esta situación de manera sostenida, y no solo cuando llega el invierno o una tragedia obliga a los medios a visibilizar la dura realidad que atraviesan miles de personas, incluyendo familias y adultos mayores en toda la Ciudad.
Un problema estructural que requiere intervención real
La Ley Nacional 27.654, sancionada en 2021 y reglamentada en 2023 mediante el decreto 183/2023, establece derechos y medidas para las personas en situación de calle y familias sin techo. La aplicación de esta ley recae en el Ministerio de Capital Humano, que tiene la obligación de garantizar su cumplimiento. Sin embargo, la falta de implementación efectiva sigue dejando a miles de personas sin respuestas concretas.
Debido a la situación económica que estamos atravesando, vemos cada día más gente en situación de calle. Están los crónicos, los permanentes, los nuevos, los que se caen del sistema debido a las políticas económicas de exclusión y pobreza estipuladas por un Gobierno nacional que se muestra insensible ante estas realidades.
La crisis económica que atraviesa el país ha agravado aún más esta situación. La cantidad de personas que duermen en la calle ha aumentado drásticamente, con un 34% más de casos en el último año, según relevamientos oficiales. Dentro de este grupo, el 34,36% manifestó que llevaba menos de un año en situación de calle, evidenciando que muchas de estas personas han sido expulsadas recientemente del sistema debido a políticas económicas de exclusión.
Si bien la Ciudad de Buenos Aires es la más rica del país, su respuesta ha sido insuficiente. El programa de subsidios habitacionales no alcanza para cubrir los costos de alojamiento: la ayuda económica apenas cubre el 50% del costo de una habitación en hoteles, pensiones o alojamientos transitorios. No existen políticas sostenidas en el tiempo que permitan soluciones habitacionales dignas, tanto transitorias como definitivas.
Una mirada criminalizadora en lugar de una política de inclusión
El gobierno de Jorge Macri aborda la situación de calle desde una perspectiva de estigmatización y criminalización, tratándola como un problema de “orden y limpieza” en lugar de un asunto de vivienda y derechos humanos. Las intervenciones oficiales tienden a ser represivas en lugar de buscar soluciones integrales que incluyan asistencia social, salud mental, empleo y contención.
El paso del tiempo ha cambiado la realidad de quienes viven en la calle. No se trata solo de brindar refugio, sino de construir una política pública que proteja, incluya y genere una comunidad de apoyo. Para muchas personas, la falta de vínculos familiares y sociales es un factor determinante en su situación, por lo que una de las tareas más difíciles es la restitución de esos lazos.
El Estado porteño debe garantizar políticas de inclusión social que respeten los derechos humanos de las personas en situación de calle. No alcanza con conocer cuántas personas viven en la vía pública; es fundamental comprender sus historias y los motivos que las llevaron a esta situación para poder diseñar estrategias efectivas. No se puede abordar esta problemática con las mismas herramientas de hace 20 años.
Existe una controversia entre las cifras oficiales y los datos relevados por organizaciones sociales respecto a la cantidad de personas en situación de calle. Más allá del número, lo que importa es la falta de respuesta del Gobierno porteño. Se requiere una acción rápida y eficaz para evitar situaciones extremas que pueden derivar en tragedias.
El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para 2024 es de 13,9 billones de pesos. Sin embargo, la partida destinada a “Promoción y Acción Social” representa solo el 9,2% del total, la cifra más baja en los últimos cinco años, según un informe del observatorio iCiudad. “Vivienda y Urbanismo” ha sufrido un ajuste del 19,3%, lo que demuestra que esta problemática no es una prioridad para la gestión actual. Sin recursos y sin una intervención estatal amplia, es imposible abordar con eficacia la situación de calle.
Hacia una solución integral y humanizada
El Gobierno de la Ciudad debe entender que las personas no eligen dormir en la calle, sino que son víctimas de un sistema que no las contuvo. No se trata de culpar a quienes viven en la calle por su situación, de la misma manera que no se debe abordar la pobreza como si los pobres fueran el problema, en lugar de cuestionar la extrema concentración de la riqueza.
Es urgente la creación de mesas de trabajo permanentes que trasciendan la estacionalidad del invierno y permitan articular políticas de inclusión social, formación laboral, salud mental y acceso a soluciones habitacionales. Los paradores, si bien cumplen una función, son espacios transitorios y no pueden ser la única respuesta del Estado.
Cada caso es particular: hay niñez y adolescencias, mujeres y diversidades, personas con problemas de salud mental, consumos problemáticos, discapacidades y adultos mayores. Es necesario que el abordaje esté a cargo de profesionales capacitados que brinden contención y acompañamiento.
Asimismo, es imprescindible construir nuevos Centros de Integración Social (CIS) y Centros Integrales de Día (CID), tal como lo establece la Ley Nacional 27.654. Estos espacios deben adecuarse a las nuevas realidades de la población en situación de calle.
La responsabilidad de una sociedad solidaria
La situación de calle es un problema que nos interpela a todos. Es movilizante encontrarse con personas en esta situación, y más aún cuando el Estado no brinda respuestas suficientes. No debemos ser indiferentes: si vemos a alguien en la calle, podemos ayudar de muchas maneras, ya sea con un gesto de empatía, ofreciendo ayuda directa o canalizando la asistencia a través de organizaciones y programas sociales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede conformarse con repartir frazadas y comida caliente. La única solución real es garantizar el acceso a una vivienda digna y a oportunidades que permitan la reinserción social y laboral. Sin voluntad política y sin una inversión adecuada, la exclusión seguirá profundizándose y más personas quedarán a la intemperie.
Es hora de exigir una política pública que proteja, incluya y transforme realidades. La indiferencia no puede ser una opción.