El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) realizó un pedido de informes al Gobierno porteño para que responda, de forma urgente, sobre los denominados “operativos de limpieza urbana”. Los mismo, según dicen, “afectarían gravemente derechos constitucionales de personas en situación de calle”. También denuncian la reciente puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.
La nota, enviada por la defensora general de la Ciudad Marcela Millán al jefe de Gobierno Jorge Macri solicita que se detallen las intervenciones realizadas en relación a personas en situación de calle y se indiquen domicilios, cantidad de personas abordadas y soluciones habitacionales ofrecidas. También que se explique dónde y cómo se registran tales intervenciones; cantidad de Centros de Inclusión Social (CIS) gestionados por la Ciudad y cantidad de plazas disponibles; así como las derivaciones realizadas a estos centros y otros tipos de soluciones habitacionales otorgadas en el marco de dichas intervenciones.
Además, se consulta acerca de las soluciones habitacionales ofrecidas en el caso de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como en los casos de personas no autoválidas; las derivaciones realizadas a efectores de salud mental, las medidas adoptadas para garantizar la intervención de profesionales capacitados en materia de salud mental; las políticas habitacionales y de cuidado y atención de la salud mental que se implementan hacia las personas con padecimientos mentales; y si existen instancias de articulación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para dichas políticas habitacionales.
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Finalmente, Millán pregunta en referencia al protocolo, sobre los modos y mecanismos en que se realiza la identificación de las personas en situación de calle y el registro de tales identificaciones y sobre las actividades de capacitación realizadas con las fuerzas de seguridad a los efectos de su implementación, para que se detalle el contenido de las mismas.
En la presentación, el MPD destaca que, en su carácter de órgano constitucional de protección de derechos, tiene el deber de recordar que las acciones estatales deben realizarse con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social.
La Defensa Pública señala que, en especial, “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”. Y agrega: “Del mismo modo, y en relación a las políticas de salud mental, es necesario que tengan una perspectiva integral fundada en los derechos humanos, y que los abordajes sean llevados a cabo exclusivamente por efectores de salud, con personal y profesionales idóneos y debidamente capacitados”.