El Ministerio Público de la Defensa porteño pide que la Ciudad garantice transporte escolar a niños de Saldías

Con el patrocinio del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa porteño, un grupo de padres del Barrio Saldías presentaron un amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad.

El mismo pide al Ministerio de Educación la “implementación inmediata y obligatoria de un servicio de transporte escolar gratuito y seguro para los niños y niñas que residen en el barrio y que asisten a las escuelas de gestión estatal”. Asimismo, requirieron que se establezca una vía administrativa de inscripción a dicha prestación que sea accesible y  gratuita.

En particular,  los amparistas solicitaron que se ordene al Gobierno porteño a realizar un relevamiento integral a fin de identificar a los niños, niñas y adolescentes del barrio que cursan cualquier nivel de escolaridad obligatoria y la escuela a la que asisten y que se establezca un servicio diario de transporte escolar gratuito que conecte al barrio con las escuelas en los horarios correspondientes. Además, pidieron que se informe, a través de los medios de comunicación oficial de cada escuela, los horarios del transporte, el recorrido que realiza, las paradas y la modalidad de inscripción al mismo.

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Como medida cautelar demandaron que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa, se exija al Gobierno porteño que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles provea el traslado diario a los estudiantes en un medio de transporte seguro, accesible y adecuado, garantizando la cercanía al domicilio y el cumplimiento de los horarios escolares. En este sentido, se subraya que esta medida no tiene costo excesivo para la administración, puesto que “ya presta dicho servicio en recorridos cercanos y similares a lo requerido”.

En efecto, según los informes elaborados por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, no hay instituciones educativas en el barrio, los más cercanos, tanto para nivel inicial como primario, se encuentran cerca del Parque Las Heras y no tiene acceso a medios de transporte público, con excepción de la Línea Belgrano Norte de tren. Afirman que, dado que no hay colectivo para ir directamente al Parque Las Heras, para llegar a las escuelas los estudiantes deben caminar aproximadamente 18 cuadras atravesando vías de tren sin señalizar y sin barreras, circulando por caminos sin asfaltar donde desaguan aguas servidas, o bien caminando por calles de doble mano sin vereda, semáforos ni arbolado, por donde circulan autos y camiones a gran velocidad y donde también estacionan autos y se acumula basura y aguas estancadas donde proliferan los mosquitos.

“Los niños recorren largas cuadras en mal estado, con barro, desniveles, basura, mal olor proveniente de desagües cloacales a cielo abierto, para poder llegar a sus escuelas. Esto genera una afectación concreta a su derecho a acceder de manera real y en condiciones de igualdad a la escolaridad”, sostiene la presentación del Defensor Oficial.

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Asimismo, la lluvia, el frío o las altas temperaturas muchas veces hacen que “los niños del barrio Saldías tengan una cantidad de inasistencias muy elevada y casi todos llegan a fin de año habiendo perdido la condición de ‘alumno regular’”, dice Dos Santos Freire. Y el hecho de tener que recorrer a pie la distancia hasta las escuelas “resulta un obstáculo para quienes presentan dificultades en la marcha o movilidad reducida, permanente o transitoria. No es algo viable para personas mayores, personas que requieren algún apoyo a la movilidad, personas gestantes u otra infinidad de situaciones semejantes”.

Esta situación, recuerda el escrito, motivó numerosos reclamos de la comunidad educativa de Saldías a lo largo de los años hacia las autoridades escolares, de la Comuna y el Ministerio de Educación porteño. Expresan que la Ciudad no brindó respuesta alguna. “Asegurar el ingreso efectivo y la permanencia de los niños del Barrio Saldías en los niveles obligatorios del sistema educativo es una responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”, indica la presentación.

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A esto hay que sumarle, según destacan los amparistas, que al Barrio Saldías se le estaría negando arbitrariamente un servicio que sí se presta en otros barrios de la Ciudad con similares características. Es así que se profundiza la vulneración ya existente al derecho a la integración urbanística y social del barrio que no recibe intervenciones estatales equiparables a las que lleva a cabo la Ciudad en el resto de los barrios populares. “Con esta omisión, el Estado está reforzando una situación de segregación que ya sufre el barrio”, señalan y agregan que en este caso “se puede hablar de discriminación interseccional, en cuanto a que la discriminación educativa se conjuga con otras discriminaciones que sufren los habitantes del barrio, por situaciones de pobreza, vulnerabilidad o género”.