Por CARLOS REGAZZONI / Ex Titular del PAMI
El DNU del Presidente propone cambios en salud. Hay quienes pretenden cancelar el debate asignando a sus críticos al conjunto de “defensores de privilegios”. Son mezquindades que preocuparán cuando sean un hábito. La enorme riqueza de la ciencia médica y la gravísima situación que atraviesa la salud argentina, vuelven impostergable el debate.
Prepagas y Obras Sociales. El decreto integra las prepagas al sistema nacional del seguro de salud. Las Obras Sociales Nacionales conforman este seguro, obligadas a las prestaciones del plan médico obligatorio por un aporte del 9% del salario bruto. Este es el límite presupuestario. La integración de las prepagas es compleja y requiere mayor estudio.
La prepaga solo aceptará los aportes obligatorios como parte de una cuota más onerosa (sucede hoy), y traerá consecuencias. Primero, el seguro por prepaga será más caro para quienes menos ganan, contrario a lo que sucede con las obras sociales. Segundo, se hace competir en desventaja a las obras sociales con las prepagas al limitar la recaudación de las primeras a la tasa del 9% sobre el salario, y permitir a las segundas cobrar un enorme adicional. Tercero, la prepaga no estaría obligada a continuar con la prestación cuando el trabajador en actividad enferme, su ingreso disponible baje por cualquier razón, y no pueda sostener la cuota. Nos encontraríamos con alguien en relación de dependencia, aportes al día, y sin seguro de salud. Cuarto, la prepaga se llevará los salarios más elevados desfinanciando a las Obras Sociales. No es lo mismo el 9% de un salario de 200 dólares que de 1.000. Aunque las prestaciones estrictamente médicas cuestan lo mismo en uno y otro caso. De este modo se corta la solidaridad vertical que existe en el seguro social, donde los sueldos más altos cooperan a la estabilidad financiera general del sistema.
Lo necesario y urgente es asegurar el acceso de 20 millones de argentinos a servicios básicos de salud, imposible sin sistema asegurador; resolver la cuestión del recurso humano en salud; controlar efectivamente la calidad prestacional; salvar al sistema financiador (el DNU acierta en liberar cuotas de prepagas); e implementar políticas para la ola global de innovación médica y su presión financiera. Se dispone de toda una ciencia para conformar sistemas y seguros de salud, soslayada en la confección de la norma. Debería estudiarse más el tema. Porque las consecuencias de afectar los seguros sociales serían graves.
Medicamentos. El DNU prohíbe el uso de marcas en la prescripción médica; permite venta de medicamentos fuera de farmacias; habilita a droguerías la venta al público; y reduce las exigencias de un empleado profesional al frente del mostrador. Los considerandos del DNU sostienen que esto aumentaría la competitividad y bajaría gastos. Pero la evidencia disponible es contraria a lo reglado.
En los 27 países de la Unión Europea, los países de la OCDE, y en todos los de América Latina, se receta por marca (libre mercado) y nombre de la droga (lineamientos científicos). Los únicos países donde se prohíbe usar marca comercial son aquellos donde el Estado monopoliza la compra.
Dirán los economistas si puede haber competencia prohibiendo el uso de marca (parecería que no). Los médicos solo pensamos en términos de drogas como las estudiamos en farmacología; pero el mercado y la competencia tienen otra lógica.
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Seguirán existiendo marcas, pero ahora será alguien quizás ajeno a la salud quien decida cual ofrecer al paciente. Lo que antes era una acción de marketing hacia los médicos (con los condicionantes que conlleva), ahora será una “negociación” muchas veces con empresarios, ya que se desplaza incluso al profesional farmacéutico. De la experiencia internacional, este no es ni remotamente el camino para bajar costos en medicación, y más bien parece una medida para dar poder de negociación a algún grupo de intereses. Peor aún, se permitirá dispensar medicamentos en cualquier sitio y por cualquier empleado, atentando contra la farmacia profesional. Esto agrava necesariamente los riesgos de la automedicación y se presta a manejos inapropiados, como entregar al paciente el remedio con mayor margen de beneficio para el negocio que dispensa y no pensando en calidad o conveniencia del paciente. Además, la calidad de una misma droga varía sustancialmente según el laboratorio. Sobran ejemplos; consecuentemente ¿frente a una reacción adversa, quien será ahora responsable? ¿quien dispensa (farmacia), o quien prescribe (el médico)?
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Lo urgente en medicamentos es que solo 1 cada 3 pacientes hipertensos recibe tratamiento, y es similar con el colesterol elevado, la diabetes, o el asma. Por otro lado, la innovación no siempre es lo que promete, y su valor real debe ser evaluado, garantizando el acceso. La calidad de los medicamentos que se comercializan es otra urgencia. Y más urgente es promover la innovación.
Estudiar el tema. Lo crítico aquí es abordar los temas de salud con el rigor científico que ameritan. No hay iluminados. Y el único principio general es cuidar al que sufre. En definitiva, la primer amenaza contra la libertad individual es la enfermedad, y su remedio ha sido siempre colectivo.