Por MARIANA ZUVIC / Diputada nacional por Juntos por el Cambio
Con una desbandada típica de las barras bravas, el kirchnerismo abandonó raudo el recinto hace unos días cuando se iba a tratar la ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura, vaciando el quórum logrado. De esta forma, la facción liderada por el hijo de la Vicepresidente confirmó su retorcido sesgo ideológico en favor de intereses políticos y económicos extranjeros.
El efecto es aún más grave ya que, decidiendo el abandono del rol protagónico de Argentina como actor geopolítico en el Escenario Atlántico Sur, su escenario, expone una vez más la absoluta despreocupación por los intereses nacionales en el mar.
La geopolítica es y se hace. Argentina tenía la posibilidad de generar efectos geopolíticos relevantes con el dictado de la ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura. Una ley que, consensuada entre el oficialismo racional y la oposición, transitó cordialmente por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros, Fluviales y Portuarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que presido. Participaron todos los sectores en su adecuación. Las empresas, las organizaciones ambientales, la administración pública en su rol de autoridad de aplicación.
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Un trabajo destacable que contó con la labor ejemplar y consenso de numerosos diputados de la comisión y que, en esta inmejorable oportunidad, vieron frustrada la aprobación del proyecto. Sus autores, Ximena García (UCR) y Carlos Selva (FdT), lograron una propuesta comprensiva de muchos aspectos técnicos relevantes y en línea con las exigencias de los países del primer mundo. Pese a que la iniciativa procede de un diputado oficialista, la propia bancada le dio la espalda.
Esta ley, primera en su tipo en Sudamérica, servirá para los frenar atropellos de determinados países contra la biodiversidad, al dotar de mayor transparencia la actividad. Entre ellos China que, con su flota itinerante y subsidiada, pesca por los mares del mundo con dudoso apego a la normativa internacional. Hay sobrados ejemplos de incursiones de pesca ilegal a nuestra zona económica exclusiva para validar lo antedicho.
Pero esta ley también generará, cuando se apruebe, un impacto a la pesca ilegal que se realiza en Malvinas con permisos emitidos por el Reino Unido de Gran Bretaña, usurpador que supo consolidar una pyme pesquera kelper en nuestro suelo (disputa de soberanía por la Cuestión de las Islas Malvinas).
Esta ley permitirá al gobierno de turno consolidar sus continuos reclamos sumando el impedimento del ingreso de productos que hayan sido capturados merced a esas licencias ilegales. De acuerdo con la ley, los productos deberán informar (cito texto pertinente del proyecto de ley): Identificación de la embarcación pesquera o de la unidad de producción acuícola; Identificación del permiso de pesca y autoridad emisora: la fecha y localización geográfica de la captura o la fecha de producción; la fecha, hora y lugar del desembarco; los volúmenes por especie y, cuando proceda, el número de ejemplares, así como las existencias, en caso de corresponder; la información sobre los proveedores y destinatarios inmediatos; la información al consumidor: la denominación comercial, el nombre científico, la zona geográfica de captura y el método de producción.
Es decir, conocido el origen y clasificado el tipo de captura (en este caso ilegal según la normativa nacional) es posible limitar su comercialización en el país. Ello sin dejar de considerar eventuales reclamos en otros foros a raíz de la detección de este tipo de actividad o en otros foros.
El kirchnerismo de barricada prefirió mantener sus vínculos con China. Antepuso intereses partidarios a los de toda la Nación en un tema trascendente para la protección de la biodiversidad marina. Las sucesivas claudicaciones del Gobierno ante el gigante asiático, sea por intereses comerciales, políticos partidarios o ambos, le impiden asumir posiciones con libertad soberana. El kirchnerismo consintió la sumisión del principio entre pares ante China, a cambio de poder.
La autoridad de aplicación del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que depende del Ministerio de Economía, publicó hace pocas horas una aclaración innecesaria e insuficiente exaltando las bondades de un supuesto sistema de trazabilidad diseñado por la subsecretaría. Es decir, por el mismo grupo de personas que gestionan desde hace décadas la pesca en el país, alternado bancas durante sucesivas administraciones. Se acordaron de repente en 2022 de la trazabilidad.
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Decimos innecesaria porque es el tipo de situaciones en que al aclarar se oscurece. Insuficiente, porque quiso poner en un pie de igualdad una norma derivada con la propia Ley.
Es insuficiente , además, porque su alcance es mínimo. La norma de la Subsecretaría no incluye las importaciones. Y he aquí el punto objetable a la Autoridad de Aplicación que responde a Massa y al hijo de la Vicepresidente. No nos pelemos con China, parece leerse en letra chica.
Como en todos los temas vinculados al Mar Argentino, insistiremos en la aprobación del proyecto porque sabemos de sus bondades.