Un centro de estética clandestino fue clausurado en el centro porteño. Allí secuestraron insumos médicos por un valor superior a los 20 millones de pesos.
El operativo de la Policía de la Ciudad se desarrolló en un cuarto piso de un edificio en la avenida Corrientes al 500, donde funcionaba un centro de estética, que resultó carecer de la habilitación por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
Las investigaciones a cargo de la Policía de la Ciudad se iniciaron meses atrás. Oficiales detectaron a un usuario de Instagram que ofertaba toxinas botulínica (botox) y ácido hialurónico de distintas marcas y presentaciones. También vendían insumos para tratamientos estéticos, con asesoramiento profesional y en los mejores precios con envíos gratis en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de insumos cuya adquisición debe realizarse en farmacias o en laboratorios autorizados.
Ante ello tomó intervención la fiscal Valeria Massaglia, quien ordenó una inspección integral.
El centro estaba a cargo de una “doctora” venezolana, quien al momento del procedimiento no se encontraba. Fue su pareja, de la misma nacionalidad quien franqueó el acceso de los funcionarios.
Se ofrecía, entre otros tratamientos, rinomodelación, rellenos de ácido hialurónico, colocación de botox y de plasma, estimulación capilar y peeling.
La Policía de la Ciudad detiene a una “viuda negra” de 19 años
En ese lugar se halló gran cantidad de productos de uso médico con finalidad estética, que si bien muchos de ellos contaban con registro para su uso y aplicación por parte del ANMAT, no resultaban consecuente con la actividad que allí se desarrollaba.
Pero además, de la investigación se desprende que desde allí se habrían estado comercializando de manera ilegal esos insumos, que deben ser adquiridos en farmacias y/o laboratorios.
Ante ello, por disposición de la Fiscalía, fueron secuestradas cientos de cajas de esos insumos por un valor más de 20 millones de pesos, entre los cuales figuraban algunos sin registro de uso, como una caja de Biodepot, con equipos de estética con aplicador tipo Dermapen, sin ningún tipo de información de fabricante y ni importador. También los oficiales incautaron documentación para la causa.
Se labró acta de clausura administrativa por falta de seguridad e higiene y carencia de certificados de aptitud ambiental.
La imputación reprime con prisión de seis meses a tres años a quien, sin autorización, vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.