Por CARLOS HELLER / Diputado Nacional por el Frente de Todos
Con los impactos del nuevo coronavirus surgieron a nivel global las preocupaciones por las implicancias que tiene el tema de la deuda, en particular en los países con menores recursos. Lo volvieron a reconocer los organismos de crédito (Banco Mundial y FMI) en un reciente comunicado conjunto: “Con efecto inmediato, y de conformidad con las leyes nacionales de los países acreedores, el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigen a todos los acreedores bilaterales oficiales que suspendan los pagos de la deuda de los países de la AIF (Asociación Internacional de Fomento, que presta ayuda a los países más pobres) que solicitan la indulgencia”. La propuesta alcanza a unos 76 países, entre los que no está Argentina, que no ingresa en dicha clasificación, aunque carga de todas formas con una dura mochila en sus espaldas, que reduce el margen de acción para la implementación de las distintas políticas que se precisan en esta coyuntura. Creo que, en el caso de esos países, la única deuda sostenible es “deuda cero”.
Actualmente son los países denominados desarrollados los que más recursos están volcando en la economía y la salud para enfrentar los efectos de la pandemia. Estados Unidos (cuyo Presidente se ha mostrado reacio a tomar medidas sanitarias que puedan limitar la actividad económica), se encuentra implementando un paquete fiscal de unos U$S 2 billones, lo que representa unos 10 puntos de su producto bruto. Allí se incluyen, entre otros ítems, pagos directos a familias y trabajadores, apoyo a PyMEs y financiamiento a grandes empresas. Por el lado monetario, la FED llevó la tasa de interés al rango de entre el 0% y el 0,25% y anunció que “continuará comprando valores del Tesoro y titulizaciones hipotecarias en las cantidades necesarias para apoyar el funcionamiento adecuado del mercado financiero y la efectiva transmisión de la política monetaria”. Un plan que supera los recursos destinados tras la crisis de las hipotecas. Similares políticas se están implementando en prácticamente todas las grandes economías del planeta, desde China a Europa. Las diferencias y los alcances tienen que ver con las realidades de cada país y con los recursos con que se dispone. A menor grado de desarrollo relativo, las disponibilidades para llevar a cabo políticas se reducen. Piénsese en los recursos que en este marco puede volcar un país dolarizado, como es el caso de Ecuador.
El Estado argentino se enfrenta, hoy más que nunca, a una lista de temas que atender y en este marco las principales restricciones que es preciso desarmar tienen que ver con la presencia de una deuda insostenible. Consideremos por ejemplo el gasto en intereses de la deuda en dólares del año 2019, unos U$S 12.400 millones, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Para ponerlo en perspectiva, son casi 3 puntos del PIB argentino, en base a los datos que se conocieron recientemente de las Cuentas Nacionales. Una cantidad de recursos que podrían utilizarse para otros fines, tanto sanitarios como para financiar un programa de ayuda social y económica aún más profundo.
Mientras va atendiendo los diversos frentes de la emergencia, el gobierno continúa dando pasos firmes con el tema de la deuda. Es lo que aparece reflejado en los lineamientos que el ministro Martín Guzmán presentó el martes pasado. Por caso, en la sección «La Estrategia de Política» se dice que se “debe necesariamente facilitar una transición, desde un presente donde la atención se centra en el futuro inmediato, en una economía que ya se encontraba en el medio de una crisis cuando fue golpeada por el shock global del Covid-19. Desde el punto de vista del diseño de política, esto implica gestionar con flexibilidad las urgencias inmediatas que surgen en un contexto incierto, mientras se mantiene una perspectiva de largo plazo”. Es en este contexto que la renegociación de la deuda pública y la búsqueda de sostenibilidad hoy adquieren más relevancia que nunca.