Personas con discapacidad y la educación, un derecho humano universal y no un privilegio para pocos

Por ANGEL PIAZZA (Abogado UBA y Docente Universitario) @angeldelacaba_argentina y KARINA CHAVEZ (Abogada especialista en Derecho Penal y Procesal Penal UBA) @karichav

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que más de 1000 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. Dicha cifra equivale aproximadamente al 15% de la población mundial. Sí extrapolamos dicho porcentaje a nuestro país y suponiendo que en el habitan unas 46.000.000 de personas, al menos habría 6.9 millones de personas en todo el país aplicando el mismo porcentaje.

Y en América Latina, según datos del Banco Mundial, se estima en 85 millones de personas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay polémicas, que al menos el 10% de la población posee algún tipo de discapacidad según el Censo 2010, más allá de la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Cifras que hoy pueden ser incluso superiores tras los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la población.

La discapacidad es un elemento valioso de su diversidad y parte del todo. Las prácticas, las actitudes a veces erróneamente naturalizados reclaman un hacer. Los cambios normativos que parten de la ley benefician a las personas colectivamente, pero éstos no sólo deben ser conocidos por el sistema educativo, sino reconocidos como parte del quehacer diario, no una excepcionalidad impuesta. La sociedad es una construcción colectiva, donde la accesibilidad al medio, a los derechos, a las oportunidades de educación y desarrollo está hoy en la tapa de los diarios por hechos que no sostienen un modelo de inclusión.

Según la Real Academia Española, el vocablo “discriminar”, es “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental”. La discriminación positiva, será darles un grado de protección excepcional para compensar las desventajas, pero por contraposición, pensemos en las consecuencias de la discriminación negativa, que supone un daño múltiple al afectado.

La discriminación que sufren los niños niñas y adolescentes en las instituciones educativas con discapacidad, hoy visualizada con gran rapidez, en los medios gráficos, televisivos y virtuales en redes sociales, es de antaño. Son el fiel reflejo de lo que nos pasa en la sociedad. La nuestra, no la de enfrente. La infancia temprana, media y adolescentes y hasta adultos, son rechazados por tener alguna discapacidad que, en términos de algunos colegios, baja el nivel académico o imagen institucional. Sin embargo, en sus websites promocionan la educación en valores humanos, como formativo del crecimiento personal de los alumnos. Una contradicción inocultable.

Nos pusimos a pensar las graves consecuencias y el impacto que acarrea en el pleno desarrollo de ese niño, niña o adolescente excluido. Y sus entornos familiares.

Así la educación se convierte en un obstáculo más al que deben enfrentarse las personas con discapacidad en general, discriminadas por el sistema educativo, base de la construcción de una nación en el más amplio de los sentidos del vocablo y los sentimientos.

En varias ocasiones, cuando las instituciones educativas son interpeladas, suelen aducir que “ellos se reservan el derecho de admisión” o en otros casos endilgar la ausencia de formación específica respecto de los profesores o docentes para abordar la problemática que tiene una persona con discapacitad.

Es evidente que las causas que alegan, disimulan o no tanto, la intencionalidad de excluir o expulsar a ese niño, niña o adolescente y hasta adulto, que no va con los cánones habituales de la institución y que consideran superiores a los derechos humanos básicos del resto, quedándose sin ese derecho universal que es una herramienta principal para su integración en la sociedad.

Lo cierto es que, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2006), materializa este enfoque, obligando a los Estados Parte a adecuar su normativa interna. La República Argentina así lo ha entendido, tras su adhesión a través de la Ley 26.378, sancionada el 21 de mayo de 2008.

Ya en el inc. 19, hacía referencia específicamente “a la igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna en materia de educación” mientras que en el inc. 24, también hace

referencia la igualdad, la educación es un derecho para todos y no un privilegio para pocos. Sin soslayarse que nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inc. 23, establece que entre las atribuciones del Congreso, están “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” complementándose con el artículo 16 cuando menciona a la igualdad como la base del impuesto y las cargas públicas.

Es evidente que la exclusión de personas con discapacidad, sean niños o niñas, adolescentes o adultos del sistema educativo, no solo es ilegal sino un daño irresponsable para quienes lo practican.

En muchos casos la condición de discapacidad se sostiene durante toda la vida y la educación es un estímulo vital para el desarrollo humano efectivo y no meramente declamativo, para millones de personas. Debemos tomar conciencia que el sistema normativo vigente en la Argentina, no lo permite, sin más.

Resulta indispensable que dejemos de concebir a las personas con discapacidad como incompletas en algún sentido, ese es el gran desafío que tenemos como sociedad argentina y sobre todo en materia de educación.

Portrait of a happy multiethnic children holding books and wearing backpack at primary school. Schoolboys and cute girls in a row holding notebook and looking at camera. Portrait of a elementary child smiling.

Para ello es necesario poner en funcionamiento los mecanismos inmediatos para clarificar la defensa del derecho a la educación, mediante la intervención oportuna y eficaz de las autoridades educativas competentes, tendientes a cesar cualquier acto que violente los valores humanos básicos, como el derecho a la educación. Tenemos que entender que dicho derecho es vital para lograr la autonomía funcional, la integración social, cultural y económica de todas las personas con discapacidad, que son parte plena de una sociedad viva y cotidiana.

El discurso que se expone en algunos oferentes educativos, que resaltan valores y dogmas semánticos cómodos al pensamiento previo, se enfrenta a la contradicción u oxímoron de los hechos. Los responsables de formar en esos valores, que bien implementados captarán legítimamente futuros alumnos, se esforzarán por resaltar las virtudes y diferencias positivas del proyecto.

Sin embargo, en algunos casos, como los medios de comunicación exponen, se presentan casos donde en apariencia respetar nuestra propia naturaleza humana, es aceptar una vara invisible más baja. No se advierte como el hecho de favorecer la educación en valores humanos, empatía, tolerancia, integración, puede ser un mal ejemplo, un retroceso, una barrera en modo alguno al desarrollo integral. Las personas no crecen solas, lo hacen en el medio de una comunidad.

El ejecutor de un acto injusto puede prever las consecuencias. No dar adecuada contención a una persona con discapacidad o su entorno familiar, denota una visión sesgada de la realidad. Ello dado, que la sociedad está formada por absolutamente todos dentro del sistema y nadie afuera.

¿Entonces nos preguntamos porque hablar de derecho de admisión cuando de educación se trata? Si nos remontamos al año en que se dictó Resolución N° 641/81 del Ministerio de Educación de la Nación, de la cual deriva aquel derecho que según artículo 137,: “Los Institutos privados se reservan el derecho de admisión. Ese derecho sólo podrá ejercerse al inicio de cada período lectivo y en referencia con la posible matriculación de alumnos”, comprobaremos que fue dos años antes del regreso del sistema democrático.

Al respecto tres reflexiones básicas sobre una norma de este tenor en el año 2022. La primera es que a la luz de las interpretaciones normativas constitucionales actuales que no podría sostenerse, ya que toda decisión debe ser fundada y así, tal como aparece en el texto podría ser simplemente un acto arbitrario violatorio del análisis exegético de la normativa general. La segunda es que el paradigma sobre dignidad y la naturalización en las conciencias de la integración, especialmente en las generaciones ingresantes al sistema educativo es más permeable y por ende, el entendimiento que la vida real es un todo es parte de la cotidianeidad y por último, las estructuras del Estado, son otras y por ende, la normativa ha de adecuarse al hoy y no proseguir con una narrativa de comunicación con el otro de hace casi 42 años atrás, en otro contexto sociocultural de direccionamiento unívoco de la comunicación. Pese a todo, estable los momentos precisos para ejercer el tal mentado derecho de admisión.

Lo cierto es que, hoy nuestro país cuenta con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad en la Provincia de Buenos Aires, etc.

Y desde lo normativo se complementa con: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estatuto organizativo), que en su art. 11, establece que “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 36, prevé la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos. Así como la promoción de la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados.

Y aún, para el supuesto que se mirara la relación con un establecimiento de gestión privada, como una relación de consumo (que no lo es), el Código Civil y Comercial de la Nación establece que en su artículo 1097, que “Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

Asimismo, la Ley 2681 (2008) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que “Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente (Art. 1°). A su vez “Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 2°). Puede verse el texto completo en https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/educacion-de-gestion-privada/ley-2681-matriculacion.

Como corolario de este humilde análisis, no queremos dejar de mencionar el caso de la Provincia de La Pampa, que resolvió la cuestión de la integración de la discapacidad en las escuelas y justamente ha sido supervisada por EuroSocial, un programa de la Unión Europea que investiga políticas exitosas para que se repliquen en otros países.

Creemos que la clave es que se involucren todos los actores: familias, docentes, estudiantes, gremios y diferentes ministerios, para que el cambio sea viable, sostenible en el tiempo y todo niño, niña, adolescente y adulto pueda contar con un sistema educativo de políticas públicas que sea equitativo.