Con el crecimiento sostenido de las aplicaciones de delivery, el paisaje comercial y la dinámica urbana de la Ciudad de Buenos Aires se modificaron sustancialmente. Esta expansión generó una mayor demanda de espacios físicos para el retiro de mercadería, la detención de vehículos y la espera de pedidos. Cuando estas actividades no se organizan adecuadamente, producen aglomeraciones de repartidores, motos y bicicletas en aceras, ciclovías y carriles exclusivos, lo que afecta directamente la circulación peatonal y la seguridad vial.
Para dar respuesta a esta problemática, la Ciudad aprobó los “Lineamientos para el ordenamiento urbano de los servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio en el espacio público”. Según detallaron desde el Gobierno porteño, la finalidad principal es mantener libres de obstáculos las aceras, rampas, vados, ochavas y sendas peatonales, asegurando así el desplazamiento continuo y seguro de todos los porteños, en especial de las personas con movilidad reducida y adultos mayores.
Uno de los puntos más determinantes del proyecto es que exige que la capacidad operativa del comercio —esto abarca los tiempos de espera, el almacenamiento y la logística de despacho— sea resuelta, como regla general, dentro del propio establecimiento o mediante mecanismos que no alteren el uso común del espacio público. En este sentido, el texto es tajante: argumentar que no existe una relación laboral directa entre el local y el repartidor de la plataforma no será excusa para justificar la ocupación irregular de la vereda frente al comercio.
De esta forma, el Gobierno de la Ciudad será el encargado de ejercer el control en las calles porteñas. En caso de detectar irregularidades u obstrucciones, los inspectores labrarán las actas de comprobación correspondientes, pudiendo derivar en las sanciones y medidas precautorias contempladas en el Régimen de Faltas de la Ciudad.
UN PROYECTO PARA CUIDAR EL ESPACIO PÚBLICO
La nueva normativa encuentra su respaldo en el Código de Tránsito y Transporte porteño (Ley 2.148), el cual establece claramente la prohibición de impedir la circulación mediante ocupaciones que restrinjan la libertad de tránsito. El auge de las plataformas digitales de reparto revitalizó la dinámica comercial de Buenos Aires, pero al mismo tiempo trasladó las necesidades logísticas de los privados al espacio público. Con esta regulación, de carácter netamente ordenatorio y preventivo, el Gobierno porteño busca encontrar el equilibrio entre el desarrollo del sector comercial y el cumplimiento del deber constitucional de preservar un ambiente sano y ordenado para todos los vecinos.