Por HÉCTOR COSTA / Abogado
Un nuevo revés judicial parece hacer mella en Mauricio Macri, quien a la luz del presente se encuentra investigado por espionaje ilegal. La Justicia investiga tareas de espionaje ilegal realizadas durante el gobierno del exmandatario contra políticos oficialistas y opositores. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el espionaje ilegal volvieron a estar en el centro de la agenda pública, consecuencia directa de que la interventora del organismo, Cristina Camaño, presentare una dualidad de denuncias en la Justicia federal que, según documentos de la AFI, describen presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante su presidencia.
Entre ellas, materializadas conforme un disco rígido hallado por la actual gestión en la sede de la AFI, donde se han de considerar tareas de espionaje sobre los correos electrónicos de políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. La otra denuncia describe la realización de más de 400 fichas sobre periodistas que solicitaron acreditación al G-20, en 2018, y a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2017.
Siendo un tema de suma recurrencia en su amplitud, la Argentina es víctima de estas prácticas no de modo reciente, coincidiendo los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil en que representaría un problema no saldado desde la restauración democrática en 1983 y que ha atravesado a todos los gobiernos de diverso signo partidario. Aquí repasamos los casos más paradigmáticos de las últimas décadas, que involucraron no sólo a la AFI, sino a otros organismos del Estado que cumplen tareas de inteligencia.
Pese al considerable silencio y la postura pasiva asumida ante este suceso, el expresidente se muestra cada vez más preocupado por el avance en esta causa que lo vincula directamente con espionaje ilegal. En el último gobierno, como ya es de publico conocimiento, se estableció una red afín con muchos involucrados donde en la cual se espiaba a propios y ajenos funcionarios al gobierno, todo ello mediante un mecanismo donde se pinchaban los teléfonos sin orden de un juez y se grababan en consecuencia distintas comunicaciones entre los mismos.
El problema radica en haber instaurado estas prácticas fuera del Estado, violando la intimidad de los espiados, aspecto que a las claras constituirá con razón un problema de gravedad institucional, al mismo tiempo en que la figura del Estado incurría en intentar frenar el crimen organizado. Buena oportunidad a fin de aplicar la frase célebre Al gato lo mata la curiosidad, el propio Macri al momento actual se encuentra preparando la estrategia legal con su asesor letrado Pablo Lanusse, pese a que a la fecha no haya una imputación formalizada en la causa.
Vale la pena destacar que corriendo el año 2010 el ex funcionario había sido procesado por una supuesta estructura de espionaje paraestatal que lo vincularía con escuchas telefónicas ilegales a las cuales potencialmente habría empleado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fines personales, por lo cual no se hace foco en una temática azarosa, aislada y sin antecedentes al respecto.
Remontándonos muchos años atrás se puede dar el dato que en las empresas de Mauricio y Franco Macri se supondría que gustaba espiar. Todo empezaría en lo que se denomina espionaje empresarial, una costumbre que en Argentina no tiene suma implementación pero que sí tiene implicancia en las prácticas cotidianas norteamericanas, o bien el caso de la Unión Europea, en la cual son variadas las empresas que se espían entre si para poder obtener información de sus productos.
Con base en ello, es factible interpretar que todos desean tener la receta mágica de Coca Cola. El espionaje empresarial consiste cuando una compañía para roba los secretos comerciales de otra empresa. Además, incluye obtener información sobre ejecutivos clave de otra empresa. Un caso emblemático es el de Apple contra Samsung donde Apple le gana un juicio por patentes a Samsung donde se algunos dijeron que había espionaje corporativo para obtener las patentes de Apple esto no se comprobó, pero había tomado gran notoriedad. Todo es muy curioso.
En su intento por defenderse ante las críticas, Macri respondió por primera vez a la causa judicial con un comunicado en el cual, en concordancia junto algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, afirmó que la causa es un intento de desviar la atención de los casos de corrupción de funcionarios kirchneristas. En
base a ello, un fragmento del texto de defensa reza lo que prosigue: “Un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción”, en ese orden. Expresaría, así, lo que viene sosteniendo en privado hace tiempo, sustentando sus argumentaciones en que la causa está armada, que plantaron familiares suyos, sirviendo así para apuntarle con recurrencia a su persona, tal como ocurrió cuando estuvo procesado en 2009 cuando era jefe de Gobierno.
El discurso sobre la persecución política se vio considerado mayormente al momento en que se hizo un llamado a indagatoria a tres ex ministros del partido que oficia, todo ello consecuente a la causa de peajes. “Alberto venía diciendo que no iba a haber una persecución política y la persecución hoy es bastante notoria: fueron por tres exministros y luego irán seguramente por Mauricio”, se hacían eco en el PRO. Es en la figura de Bullrich donde se apreciaría la mayor defensora de su impronta, saliendo a defender al expresidente: así las cosas, realizó lo propio para la defensa de conductores televisivos que podrían quedar implicados como consumidores de materiales del espionaje ilegal, expresando: “sepan también que vamos a seguir defendiendo a los periodistas a los que hoy quieren convertir en espías”.
Entre las prácticas incurridas por los acusados durante el régimen macrista, en base a la apreciación del Juez Federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, es posible dar cuenta de “obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias”, enumeró entre otras, siendo un ejemplo más en la ya incurrida lista de casos sospechados asimismo de incursión en prácticas ilegales en la conformación histórica de la República Argentina: es, sin más, de comprobarse, un suceso que atenta contra el establecimiento democrático y la expresa manifestación de las libertades netamente individuales de los ciudadanos que aboga por su resolución consideradamente.