Escándalo en el Congreso de la Nación

Por RICARDO LÓPEZ MURPHY / Diputado Nacional por Juntos por el Cambio

El gobierno del Frente de Todos ha transformado a la Argentina en una Republiqueta haciendo tambalear al Estado de Derecho en el seno mismo del órgano que debe sancionar las leyes de la Nación.

Esta semana en el Senado de la Nación, con la sola presencia de los legisladores del gobierno y unos pocos aliados que los acompañaron, violando el reglamento de la propia Cámara, o sea sus propias normas de funcionamiento, se aprobó con unanimidad de los presentes, la propuesta del Senador José Mayans la ley que aumentó alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, sin advertir los vicios constitucionales que porta la voracidad fiscal desenfrenada que detentan para solventar a un Estado cada vez más inviable y deficitario.

Las buenas intenciones del proyecto de ley originado y aprobado por el Senado en octubre pasado, que preveía una actualización de montos y modificación de mínimos no imponibles y que beneficiaba a muchísimos contribuyentes, con el tratamiento que le dio la Cámara de Diputados el pasado 21 de diciembre, se transformó en una trampa mortal para quienes pagan impuestos en nuestro país, asestando un nuevo golpe al sistema productivo y a quienes poseen la aptitud de crear empleo y prosperidad, no solo para si mismos sino para todo el conjunto del pueblo argentino.

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Lo que se festeja como un triunfo por parte de este Gobierno bajo el relato de que aumentar impuestos a “los ricos” significa que ingresa dinero para redistribuir a los más pobres, resulta ser una falacia demostrada por nuestra propia realidad. Lo que volvieron a hacer con esta nueva ley así como con el publicitado “Consenso Fiscal” firmado con varios Gobernadores, constituye en verdad un nuevo golpe a la confianza y arruina las posibilidades de generar condiciones de previsibilidad para lograr un crecimiento genuino con inversión productiva de largo plazo.

Argentina es un infierno fiscal y según cifras del Banco Mundial de los peores del mundo, con un porcentaje del 106% de carga fiscal total (el promedio global es del 40,5%, mientras en Brasil ronda el 65%; en Uruguay, el 42%; en Paraguay, el 35%; en Venezuela, el 73%) lo que significa que los impuestos totales argentinos se consumen todas las utilidades antes de impuestos y también parte del capital.

Vale la pena recordar, que cuando los argentinos creímos que finalmente Argentina encontraba la senda de las sensatez, se sinceraron casi 120 mil millones de dólares, siendo en términos de recaudación fiscal y producto bruto, el blanqueo mas exitoso del mundo. Sin embargo este Gobierno toma el sentido contrario y sin capacidad de advertir los daños que estas políticas fiscales desordenadas e imprevisibles hacen fomentan la desinversión, la fuga de capitales y la evasión, contribuyendo de modo directo a aumentar la pobreza y el desempleo.

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El proyecto aprobado de modo ilegítimo por el Senado el 29 de diciembre contiene además, varias objeciones constitucionales que se han pasado por alto los legisladores del Frente de Todos.

Si la ley fuera válida, lo que se encuentra en dudas por la violación del proceso para su tratamiento, porta un vicio de origen insanable que sucede en el mecanismo de formación de la propia ley porque se violan normas y principios elementales del Derecho Constitucional.

En efecto, si bien nuestra forma federal de Gobierno se expresa en el sistema bicameral con competencias legislativas concurrentes, existen materias exclusivas y excluyentes, y así como la Cámara de Senadores representa a las provincias, y por ello le corresponde la iniciativa sobre leyes de coparticipación de impuestos, a la Cámara de Diputados, en tanto representa a la población de manera proporcional, le corresponde exclusivamente la iniciativa sobre contribuciones.

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Esta ley que aumenta las alícuotas sobre los bienes personales y delega en el Presidente incrementarlas por los activos en el exterior, nació viciada por no respetar a la Constitución Nacional. Es una ley iniciada en el Senado y la Cámara de Diputados agravó la carga tributaria actuando como Cámara revisora y no como Cámara de origen, y este resultado viola la Carta Fundamental.

El principio de reserva legal del poder en materia tributaria, así concebido por todas las constituciones del mundo en las que impera el Estado de Derecho, se explica porque los impuestos representan invasiones de poder público en la riqueza de los particulares, y estos menoscabos deben hacerse únicamente a través de la ley que cumpla desde la perspectiva formal y por supuesto sustancial, los pasos previstos en la Constitución para ser un acto válido.

Desde el año 1989, en ocasión de responder a la consulta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se introdujo un matiz a la interpretación constitucional fijando el criterio de que si el proyecto no significa el aumento de cargas directas a otros contribuyentes, puede tener iniciativa indistintamente en cualquiera de las Cámaras, y desde entonces no hay ninguna duda, que el principio de reserva legal se aplica siempre que se creen o aumenten tributos.

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El vicio no resulta purgado si con una interpretación más flexible, se concluyera que la Cámara de Diputados actuó como Cámara de origen al introducir subrepticiamente estos artículos, pues la cuestión del alza de la tasa del impuesto ya fue contemplada en el rechazado proyecto de Ley de Presupuesto y este rechazo de hace unos pocos días, impide su consideración en el presente período legislativo, también por disposición constitucional.

En este punto, vale la pena recordar que si bien una primitiva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sostenía que el procedimiento de sanción de leyes constituye una “cuestión no justiciable”, la misma fue siendo sustituida por otra que acepta la declaración de inconstitucionalidad de la ley si faltasen “los requisitos mínimos e indispensables” que condicionan la sanción de leyes (Conforme causas “Colella Ciriaco c/Fevre y Basset S.A”, de 1967 y “Nobleza Piccardo” de 1998) lo que sin dudas ha sucedido en este caso.

Para finalizar, no podemos dejar de señalar un problema constitucional de fondo, en la medida que las alícuotas que se han establecido permiten proyectar tributos que consumen parte sustancial de la renta o directamente el capital de las personas afectadas, por lo que en muchos casos también se verá afectado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional así como el artículo 28, en tanto opera como limite a la reglamentación de los derechos constitucionales e impide su conculcación.