En el reino de la arbitrariedad

Por HORACIO JAUNARENA / Ex Ministro de Defensa

Como es habitual, la Junta de Calificaciones de cada una de las Fuerzas Armadas elevó las propuestas de ascensos luego de la evaluación de los méritos de los oficiales incluidos en ellas.

Elevada la nómina al ministro de Defensa, las propuestas fueron revisadas por la Dirección de Derechos Humanos y Transparencia del Ministerio de Defensa y por el Centro de Estudios Legales y Sociales, curiosamente convertido por el kirchnerismo en Tribunal de Alzada de las decisiones del ministro de Defensa.

Las propuestas de ascensos a oficiales superiores deben ser aprobadas por el ministro de Defensa, después por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la Nación, y por fin, por la Comisión del Acuerdos del Senado, al igual que la designación de jueces y embajadores.

Cabe agregar que las Fuerzas Armadas elevaron las propuestas de sus Juntas de Calificaciones al Ministerio de Defensa, el cual sumó a ellas, por presiones políticas, tres oficiales del Ejército, sin que se conozcan los méritos que avalaron tal criterio.

Finalmente, el miércoles 28 de setiembre último, la senadora Fernández Sagasti presentó en la sesión de la Comisión de Acuerdos cinco mensajes del Poder Ejecutivo que proponían los ascensos.

Es de suponer que los senadores presentes, y aparentemente solo uno de la oposición, entendieron de buena fe que los nombres propuestos eran los que habían remitido por el presidente de la Nación, luego de recorridas las instancias referidas.

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Sin embargo, no fue así. La presidenta de la comisión no aclaró que había alterado por su propia cuenta la lista correspondiente, omitiendo la inclusión de nueve oficiales que había remitido el presidente de la República. Los senadores votaron de buena fe, sin objeciones, la lista que les habían sometido. Por supuesto, jamás fundamentó las razones por las cuales había realizado semejante omisión, absolutamente al margen de sus facultades y que impidió la consideración de las propuestas por parte de los senadores integrantes de la comisión.

Es claro el papel del Instituto Patria y de la vicepresidenta, como su autoridad política, para alterar groseramente la propuesta del Presidente sobre los ascensos que deben ser considerados por la Comisión de Acuerdos del Senado. Ya el año pasado cometieron una arbitrariedad semejante.

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Hacerlo para satisfacer un pedido que nada tiene que ver con los verdaderos méritos profesionales del oficial excluido, frustrando arbitrariamente la carrera de hombres que habían acreditado sus méritos con una conducta que se juzgó intachable en todas las instancias, no solamente constituye un uso abusivo de facultades que a los senadores la Constitución otorga, sino que quita respeto y prestigio a la propia jerarquía del cargo.

Terminar con la carrera de oficiales que han sido seleccionados sin dar explicación alguna. Incluir ascensos de oficiales que nadie seleccionó sin dar tampoco ninguna explicación, es desconocer un valor que la democracia debe respetar a rajatabla y que es el de la dignidad de las personas cualquiera sea el papel o la carrera en que se desempeñen. Aquí no se ha respetado.

Todavía hay tiempo para enmendar el error.

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