El programa que el Gobierno nos debe a todos, no sólo al FMI

Por DIEGO GUELAR / Ex Embajador argentino en Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y China

Fue un argentino, Luis M. Drago, canciller del presidente Roca, quien en 1902 cuestionó la negativa de los EE.UU. a aplicar la Doctrina Monroe (“un ataque a cualquier país americano es un ataque a los EE.UU.”) frente a la ocupación de los puertos venezolanos por parte de las flotas británica, alemana e italiana.

Para esa época, Venezuela se encontraba inmersa en una cruenta guerra civil que, entre otras cosas, le había hecho imposible el pago de su deuda externa (contraída, centralmente, para la construcción de su red ferroviaria). Las flotas europeas, apoyando a sus banqueros, pretendieron cobrar esa deuda en forma compulsiva.

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Drago planteó la doctrina que lleva su nombre, por la cual, “ningun estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana, con la finalidad de cobrar una deuda financiera”. Aducía con razón que los acreedores debían contemplar la capacidad real de pago de los deudores al momento de otorgar los créditos, y afirmaba: “un Estado solo deja de pagar sus deudas por motivos de fuerza mayor extrema, dado que sabe las terribles consecuencias que acarrea su incumplimiento.

Finalmente, los EE.UU. intervinieron como “mediador” y en 1903 se firmó un acuerdo por el cual Venezuela pagaría sus deudas afectando un 30% anual de sus ingresos aduaneros, hasta cancelarla totalmente. Esta “corresponsabilidad” tiene que ser tenida en cuenta para acercar posiciones y hacer posible una negociación entre acreedores y deudores. Hay otra corresponsabilidad para tener en cuenta; es la que compromete al oficialismo y la oposición dentro de cada país deudor.

En el caso argentino, hace 45 años que venimos arrastrando un problema recurrente: abultados déficit fiscales afrontados con emisión y/o endeudamiento externo (la consecuencia: inflación o default). El gobierno de Alfonsín lo recibió de la dictadura militar y así fue pasando de mano en mano sin que pudiéramos resolver las ecuaciones Recursos-Gastos públicos ni la de Inversión-Ahorro.

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La impericia y la corrupción se combinaron con una tendencia a la fuga de los capitales privados ante la desconfianza en sus autoridades, cuyo resultado fue el estancamiento de nuestro PBI durante las últimas décadas (más allá de algunos picos de recuperación, compensadas luego por abruptas caídas).

El último resultado electoral del 14/11/2021 le otorgó al Gobierno 30% de aprobación. Ese porcentaje es más que suficiente para ratificar la plena legitimidad de su mandato hasta el 10/12/2023, pero es insuficiente para encarar en soledad los graves problemas que enfrentamos en el corto y mediano plazo.

Por otro lado, la principal oposición tiene suficiente “capacidad de fuego” para bloquear cualquier iniciativa del Gobierno. Esta situación marca el “fin operativo de la grieta” como alternativa de poder.

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Miremos solo el caso de la deuda con el FMI: no es más del 15% del total pero alcanza para ilustrar lo que nos pasa y lo que se nos viene encima. El Fondo exige y nuestra Constitución ordena que, el pago de la deuda sea aprobado por el Congreso.

Este no es un “tema procedimental”, es de fondo: Argentina requiere un programa plurianual que garantice nuestro desarrollo y el cumplimiento de nuestros compromisos externos. No alcanzan los próximos dos años, así que deberíamos acordar un presupuesto plurianual, los criterios de recaudación de impuestos y asignación prioritaria de gastos e inversiones, las pautas de emisión monetaria. Política previsional y laboral y un fortalecimiento de los mecanismos federales por una década, de tal forma que podamos generar un horizonte de credibilidad para todos los actores económicos y sociales, internos y externos El Gobierno persiste en pivotear sobre dos falsedades: 1) que la deuda fue inventada arbitrariamente en el periodo 2015-2019, ignorando que el endeudamiento contraído tenia como objetivo excluyente el pago de deudas contraídas con anterioridad 2) que el acuerdo con el FMI es imposible por la falta de apoyo de la oposición.

Hay poco tiempo para revertir esta aproximación absurda y dañina para el presente y el futuro de Argentina. ¿Es posible? Con seguridad que sí…el Presidente debe convocar seria y sinceramente a la oposición para acordar todo lo que hay que acordar y no hacerlo solo en forma cosmética y dejar de agredirla y denigrarla en forma continua. Si aplicamos los criterios de corresponsabilidad nacional e internacional, encontraremos la luz al final del túnel.