Deudas del Congreso con la Constitución

Por EDUARDO MENEM / Ex Senador Nacional

Ante la proximidad de las elecciones legislativas para renovar parcialmente las Cámaras del Congreso de la Nación, parece oportuno destacar algunas de las omisiones o inconstitucional regulación de algunas de las instituciones incorporadas por la reforma constitucional de 1994.

Los incumplimientos en el sentido indicado son numerosos, algunos juristas las estiman en más de veinte, pero por razones de espacio me referiré solamente a algunos de ellos.

A) Incumplimientos por omisión 1.- Acción de amparo: La reforma de 1994 la incluyó en los párrafos 1° y 2° del artículo 43, ampliando la protección a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, como así también a los derechos de incidencia colectiva en general, estableciendo que pueden interponer esta acción, además del afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines que deberá regularlas una ley, la que todavía no ha sido dictada.

La ley 16.986 que regula la acción de amparo, data de 1.966 y requiere su modificación o sustitución para adecuarla a la Constitución 2.- Acción de hábeas corpus, incorporada en el citado artículo 43, 4° párrafo ampliada en cuanto procede no sólo por actos u omisiones de autoridad pública sino también de particulares, contemplando además como causal la desaparición forzada de personas.

La ley 23.098 que instituyó está acción data de 1984 y debe ser adaptada a la norma constitucional.

3.- La Auditoría General de la Nación, creada por la ley 24.156 de 1992, fue incorporada en el artículo 85 de la Constitución con la importante modificación de atribuir la presidencia del organismo al representante del partido de oposición con mayor cantidad de legisladores en el Congreso.

La misma norma constitucional prescribe que el organismo se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Esta ley tampoco ha sido dictada, por lo que continúa vigente la de 1992 con la modificación realizada por la reforma.

4.- El artículo 75 inciso 23, 2° párrafo de la Constitución, establece como atribución del Congreso, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Tampoco ha sido sancionado, pese a la naturaleza del derecho humano consagrado.

5.- La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos prevista por el artículo 75 inciso 2° que además estableció los requisitos para su implementación, no ha sido aún sancionada, pese a que la disposición transitoria 6° de la reforma de 1994 estableció que se debía hacer antes de la finalización de 1996.

6.- El Defensor del Pueblo, establecido por el artículo 86 de la Constitución, se encuentra inexplicablemente vacante desde hace más de 10 años, no obstante las importantes funciones asignadas, entre ellas la defensa de los derechos individuales y de incidencia colectiva, y la legitimación procesal para la defensa de los derechos humanos.

B) Incumplimiento por reglamentación inconstitucional 7.- La regulación del Consejo de la Magistratura creado por el artículo 114 de la Constitución para la selección de los magistrados y administración del Poder Judicial y reglamentado por la ley 26.080 de 2006, es inconstitucional por cuanto viola la norma que exige la integración del cuerpo con jueces de todas las instancias y el equilibrio entre los distintos estamentos que también lo conforman ( abogados de la matrícula federal, representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular y personas del ámbito académico y científico).

La ley 26.080 eliminó de la integración al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y redujo de 20 a 13 el número de integrantes para dar predominio al estamento político.

8.- Lo mismo ocurrió con la composición del Jurado de Enjuiciamiento, creado por el artículo 115 de la Constitución para el juzgamiento de los jueces, al reducir de 9 a 7 el número de integrantes, dándole prevalencia al estamento político

9.- La ley 26.122 del año 2006, regulatoria de los decretos de necesidad y urgencia, previstos por el artículo 99 párrafos 3° y 4° de la Constitución, es groseramente inconstitucional, al otorgarles a éstos un trámite privilegiado respecto al de la sanción de las leyes, porque mientras que para la aprobación de éstas se requiere la sanción de ambas Cámaras del Congreso, para la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia basta con la aprobación de solo una de ellas, ya que la ley exige el rechazo de ambas Cámaras para su derogación.

Más grave aún, al no establecer la ley ningún plazo para la aprobación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia, los mismos siguen teniendo vigencia hasta que ello ocurra, violándose el artículo 82 de la Constitución que prohíbe la sanción tácita o ficta de las leyes y con mayor razón en el caso de los citados decretos.

10.- Sería saludable para la República que los actuales legisladores y los candidatos a ocupar las bancas legislativas se comprometan a apoyar la reparación de las graves irregularidades mencionadas, sobre todo las que implican una delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, violando el principio de división y equilibrio de los poderes del Estado.