Por RICARDO LÓPEZ MURPHY y MARCOS GÓMEZ MARTÍN
El desorden de las cuentas públicas es uno de los problemas estructurales más persistentes y dañinos que sufre la Argentina. No se trata solamente del déficit nacional: también muchas provincias y municipios operan con desequilibrios crónicos, gasto inflexible y dependencia creciente a transferencias discrecionales. Esta situación erosiona la solvencia fiscal, distorsiona el federalismo y limita cualquier intento de estabilización macroeconómica.
En este contexto, volver a un marco legal de responsabilidad fiscal activo, transparente y federalmente coordinado no es una opción: es una necesidad. Sin disciplina fiscal, no hay moneda sana, ni crédito sostenido, ni desarrollo posible.
¿Qué es una ley de responsabilidad fiscal y para qué sirve? Una ley de responsabilidad fiscal impone límites, reglas y compromisos sobre el manejo de las finanzas públicas. Su objetivo es garantizar que el gasto público no crezca por encima de los ingresos de manera estructural, que la deuda se mantenga en niveles sostenibles y que haya transparencia y previsibilidad en la política fiscal.
Los pilares usuales de estas leyes son:
-Equilibrio presupuestario;
-Tope al crecimiento del gasto primario;
-Publicación de informes fiscales estandarizados y comparables;
-Coordinación entre niveles de gobierno (Nación, provincias, municipios);
-Consejos fiscales o entes de monitoreo técnico independientes.
Argentina cuenta desde 2004 con un Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, sancionado por la Ley 25.917, que establecía principios de equilibrio presupuestario y transparencia. En 2017, esa ley se reformó para establecer reglas más exigentes y mecanismos de monitoreo más efectivos (Ley 27.428).
Sin embargo, a partir de 2019, y especialmente con la emergencia sanitaria y económica de 2020, muchas de sus disposiciones fueron suspendidas. Desde entonces, la norma perdió aplicación práctica, y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se debilitó como órgano de control y coordinación.
El resultado es un vacío legal que permite presupuestos desequilibrados, subestimación de ingresos, aumento de gasto sin respaldo, uso discrecional de excedentes y deterioro de la sostenibilidad fiscal, especialmente a nivel subnacional.
La falta de reglas claras ha derivado en:
-Provincias con gasto público creciente, sin correlato con la evolución de los recursos genuinos.
-Incremento del endeudamiento en moneda dura, muchas veces sin capacidad real de repago.
-Diferencias marcadas entre jurisdicciones cumplidoras y otras que dependen de Aportes del Tesoro Nacional o transferencias discrecionales.
-Incentivos perversos: el que más gasta, más recursos obtiene.
Esta situación no solo debilita la solvencia financiera del conjunto, sino que distorsiona el federalismo fiscal, aumenta la discrecionalidad política y fomenta la ineficiencia.
Países como Brasil, México o Alemania cuentan con reglas fiscales subnacionales estrictas. En muchos casos, el acceso al financiamiento nacional o internacional está condicionado al cumplimiento de metas fiscales o al aval de entidades técnicas independientes.
Chile ofrece un modelo ejemplar: su regla fiscal estructural, monitoreada por un Consejo Fiscal Autónomo, ha sido clave para la solvencia y credibilidad del Estado.
La experiencia reciente demuestra que, para que la Ley de Responsabilidad Fiscal sea más que una declaración de buenas intenciones, es necesario fortalecer sus reglas, blindarlas contra excepciones recurrentes y dotarlas de instrumentos que garanticen su cumplimiento efectivo en todas las jurisdicciones.
Algunas propuestas:
-Obligatoriedad del equilibrio fiscal en el ciclo económico, con mecanismos anticíclicos: superavit en épocas de bonanza, equilibrio en épocas de escasez.
-Tope al gasto primario vinculado directamente al crecimiento real del producto bruto interno.
-Prohibición de uso discrecional de excedentes sin autorización legislativa.
-Publicación trimestral y homogénea de datos fiscales de todas las jurisdicciones.
-Consejo Fiscal Federal con mayor autonomía, capacidad técnica y funciones vinculantes.
-Condicionar transferencias no automáticas y acceso a créditos, a la adhesión y cumplimiento efectivo del régimen.
Argentina necesita volver a contar con reglas fiscales claras y efectivas si pretende ingresar de manera definitiva en una etapa de desarrollo sostenible. El desorden fiscal no es únicamente un problema económico: también es un desafío de equidad, porque los costos del desequilibrio se trasladan a los sectores más vulnerables; de federalismo, porque distorsiona la distribución de recursos entre jurisdicciones; y de gobernabilidad, porque debilita la confianza de ciudadanos e inversores en las instituciones.
Reinstaurar una Ley de Responsabilidad Fiscal moderna, creíble y exigible —que combine reglas claras, transparencia total y mecanismos de control efectivos— es un paso necesario para ordenar las cuentas públicas, reconstruir la confianza y sentar las bases de un crecimiento inclusivo y sostenido.
Porque sin disciplina fiscal, la factura siempre llega. Y cuando eso sucede, la terminan pagando quienes menos capacidad tienen para afrontarla.