ENTREVISTA (Por Luciano Fernández Maratea) Walter Mendez, presidente de la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de la Argentina (AFERAS) y director de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA), analizó el desempeño de los organismos de control en nuestro país.
¿Qué rol cumplen los entes reguladores en Argentina?
Los reguladores de los servicios públicos son organismos autónomos encargados de supervisar, controlar y garantizar la prestación eficiente, equitativa y sostenible de servicios esenciales como el agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica, el gas, el transporte y las telecomunicaciones. Su función principal es equilibrar los intereses de los distintos actores involucrados: proteger los derechos de los usuarios, asegurar la calidad del servicio y fomentar la sostenibilidad financiera y operativa de los prestadores. Para ello, establecen marcos normativos, definen tarifas, fiscalizan el cumplimiento de estándares técnicos y promueven la transparencia en la gestión del sector.
¿Cómo se garantiza la autonomía de estos organismos? ¿Es igual en todo el país?
En realidad, no. El diseño institucional varía según el sector y la provincia. Sin embargo, un punto clave en todos los casos es la autonomía para distanciarlo de la interferencia de influencia políticas.
¿Cuál es la importancia de los entes reguladores en un país con marcadas desigualdades territoriales y una amplia diversidad de modelos de gestión?
Ahí los entes cumplen un rol clave. Ayudan a promover criterios homogéneos de calidad y transparencia, así como a fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Además, su accionar contribuye no sólo a la mejora de los servicios, sino también al cumplimiento de compromisos nacionales en materia de derechos humanos. Por tanto, los reguladores son una pieza clave para garantizar el acceso universal a servicios públicos de calidad, especialmente en contextos de creciente complejidad social, ambiental y tecnológica.
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
En particular, ¿cómo es la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento?
En el caso de Argentina, los Entes Reguladores de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, nucleados en AFERAS (la entidad de segundo grado que agrupa a los entes reguladores de todo el país), desempeñan un rol fundamental para garantizar el acceso equitativo, continuo y seguro a estos servicios esenciales. Su importancia radica en que actúan como garantes del interés público, supervisando que los prestadores cumplan con los estándares de calidad, cobertura, eficiencia y sostenibilidad definidos por la normativa vigente. Para ello, controlan el cumplimiento de los marcos tarifarios, evalúan los planes de inversión, atienden reclamos de los usuarios y monitorean el desempeño técnico y económico de las concesiones o empresas públicas.
¿Qué condiciones son necesarias para que estos organismos puedan cumplir con su función de forma efectiva?
En este sentido, el fortalecimiento institucional, técnico y normativo de los organismos reguladores es un componente estratégico para avanzar hacia un sistema de agua y saneamiento más justo, resiliente y sostenible en todo el territorio argentino. Para llevar a cabo esas premisas, la actividad de los entes reguladores de los SAP&S debe gozar de autonomía regulatoria, frente a las presiones de intereses ilegítimos, de modo que los objetivos principales de la regulación estén alineados con los intereses de la comunidad. En ese marco, las dimensiones incluidas son:
- Autonomía institucional: aplicar regulaciones y fortalecer a concesionarias y consumidores;
- Autonomía económica: contar con recursos suficientes para regular;
- Autonomía de gestión: tener funciones claras y personal adecuado para operar;
- Autonomía política: tener capacidad para estar protegido contra los obstáculos políticos;
- Autonomía descentralizada: facultad de delegar y supervisar funciones en niveles.
¿La autonomía es un fin en sí mismo o un medio para algo más?
Garantizar SAP&S de calidad para toda la población requiere no sólo de marcos normativos adecuados, sino también de entes reguladores fortalecidos, independientes y con capacidad de acción efectiva. La autonomía regulatoria en sus distintas dimensiones —institucional, económica, de gestión, política y descentralizada— no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para que la regulación cumpla su función pública, resguarde el interés colectivo y contribuya a la realización efectiva del derecho humano al agua y al saneamiento en Argentina.