Por GABINO TAPIA / Ministro de Justicia porteño
rano de 2018. Pedro se levantó con la alarma del despertador, tomó un café y apretó el paso hasta la parada del colectivo. Hizo el mismo recorrido hacia su trabajo que había hecho durante los últimos cinco años, desde que entró a la empresa. Acomodó sus pertenencias y se acercó al escritorio de su coordinador, quien le dio una noticia que nunca creyó escuchar: lo habían echado, sin aviso previo ni justificación alguna, por “reducción de personal”. Y, en virtud al mal momento que estaba atravesando la empresa, se le comunicó que tampoco le podrían abonar su indemnización, ofreciéndole un importe inferior a lo que le correspondía.
Si bien ese mismo año inició el juicio, recién en 2023 tuvo sentencia de primera instancia, que salió a favor de Pedro, pero fue apelada. En Cámara se dictó una sentencia definitiva en agosto del año pasado. Sin embargo, la empresa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los intereses impuestos de condena, y le fue concedido.
Pasaron casi siete años. Cambiamos de presidente dos veces, la Argentina salió campeón del mundo y vivimos una inflación acumulada de casi 6000 por ciento. Pero Pedro sigue sin cobrar su derecho alimentario y el juicio laboral que comenzó aquel verano todavía sigue su curso. ¿Tiene algún sentido dar por hecho que la Justicia nacional tiene que intervenir en los conflictos laborales locales? ¿Sucede en alguna otra provincia del país?
La ciudad de Buenos Aires fue declarada autónoma hace 30 años, en la reforma constitucional de 1994, y como tal, tiene el mismo derecho que el resto de las 23 provincias de impartir un servicio de justicia ágil, cercano y propio.
La Corte Suprema de Justicia ya se expidió en varias ocasiones al respecto (fallos Corrales y Nisman), a las que se suma el reciente fallo Levinas, que dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad sería la instancia revisora de las Cámaras de la Justicia ordinaria.
A su vez, exhorta a las autoridades competentes para que readecúen las estructuras institucionales y normativas necesarias para llevar adelante esta tarea. Cómo se configura esta transferencia y de qué manera se llevará adelante será tarea de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que deberán cumplir con la manda de la Carta Magna validada ahora por una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Incluso antes del dictado de este fallo, y hasta tanto se concrete el traspaso de la Justicia nacional ordinaria, impulsamos el Fuero del Trabajo local y un Código de Procedimiento Laboral propio para que los conflictos locales tengan una resolución local y cuenten con un marco normativo y procesal especializado.
Aquel trabajador que lo necesite, va a tener su problema resuelto en menos tiempo. Sin ir más lejos, el caso de Pedro se hubiera resuelto rápidamente con un fuero laboral local. Juicios que duraban entre cinco y ocho años van a solucionarse en la mitad o menos. Y quienes generen empleo en la ciudad, ya sean pymes, empresas o comercios, van a lograr una mayor previsibilidad en sus balances. Con el fuero laboral se va a terminar la industria del juicio que perjudica sistemáticamente a los emprendedores.
El Fuero Laboral es uno de los hitos de la gestión que llevamos adelante desde hace ya un año en el primer Ministerio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Desde su asunción como jefe de Gobierno, Jorge Macri dejó en claro su compromiso con la defensa de la autonomía y las transferencias de competencias aún pendientes, entre ellas la Justicia, creando por primera vez en la historia de la ciudad un Ministerio exclusivo abocado a esa materia.
La justicia es, ante todo, un servicio al ciudadano. Hay una relación directa entre lo que ayudamos a viabilizar y el impacto que eso tiene en la vida de las personas. Y fallos como el de Levinas nos demuestran que vamos por el camino correcto: tenemos la madurez institucional suficiente para asumir cada vez más competencias. Actores centrales como la Corte Suprema de Justicia confían en nuestra administración y en nuestra forma de trabajar.
Este año, ese camino continúa: no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para consolidar la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires.