El Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich acordaron el traspaso del servicio penitenciario que está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, la Ciudad se hace responsable del cuidado de los detenidos y recibirá los fondos desde Nación para ticha función.
La reunión fue en la sede del Ministerio de Seguridad nacional, ubicada en la Gelly y Obes, donde se coordinó la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad. Se apunta a la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
Se trata de un reclamo de larga data que pedía la Ciudad. De hecho, en más de una oportunidad habían hablado sobre la superpoblación de presos en comisarías porteñas. Ante cada fuga de detenidos, Macri reiteró las quejas por la situación. Ahora se comenzará el traspaso, como sucedió con la administración de las 31 líneas de colectivo que estaban bajo jurisdicción nacional.
El caso es que en CABA, hay más 2.000 presos en comisarías y alcaidías, cifra que representa el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. Dichas dependencias no cuentan con infraestructura para brindar alojamiento definitivo, ya que son espacios destinados a estadías transitorias por un máximo de 72 horas. Tampoco hay medidas de seguridad adecuadas, por lo que las fugas fueron moneda corriente durante este año.
Sucede que la Ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales, el resto están en la órbita de la Justicia nacional y por lo tanto, le corresponden al Servicio Penitenciario Federal. De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tienen sentencia firme.