Por el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Desde este Ministerio Público de la Defensa expresamos profundo dolor frente a la muerte de Dante Lencina y abrazamos a su familia y seres queridos.
Durante los últimos dos años este Ministerio Público, que trabaja desde hace años en el barrio, viene observando con preocupación el creciente nivel de conflictividad y violencia que se evidencia en el sector de Tres Rosas de la Villa 21- 24 y que desemboca en la última semana con el evitable fallecimiento de Dante, un joven de tan solo 20 años. Desde el MPD nos preocupa el abordaje que propone el Gobierno de la Ciudad y en particular el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para la Villa 21-24, ya que el actual enfoque parece definir un rumbo que se distancia de un lugar institucional garantizador de derechos.
Dicha decisión contribuye a profundizar la situación compleja que atraviesa el barrio en la actualidad En 2021, mientras ocurría la última relocalización de familias en el marco del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, este MPD manifestó y denunció judicialmente irregularidades, demoras e incumplimientos que finalmente contribuyeron a aumentar la conflictividad vecinal y territorial. A pesar de contar con el financiamiento y las regulaciones correspondientes, el GCBA no implementó políticas públicas para subsanar los problemas habitacionales que sufren quienes viven en la Villa 21-24.
Tres Rosas es un sector del barrio afectado por la causa judicial que ordena la limpieza del Riachuelo, por lo que quienes viven allì deben ser relocalizados y debe urbanizarse el territorio. Sin embargo, el IVC obra con demoras e incumplimientos que llevan años, con un deficiente abordaje y sin ordenamiento territorial. Asimismo, la falta de consenso con todos los actores provoca y aumenta las situaciones de conflicto, en desmedro de la participación activa de los vecinos y sus representantes y pone en riesgo a las personas que allí residen o trabajan.
Los y las vecinos/as de Villa 21-24, acompañados por el MPD, continúan demandando al IVC criterios claros y estandarizados de priorización, abordaje y asignación de obras. Asimismo la necesidad de reconocer las representaciones barriales genuinas.
En territorios sumamente desiguales, con carencias socioeconómicas y habitacionales, la intervención estatal debe ser integral y tener como eje central la defensa y cuidado de los derechos de todos sus habitantes. Por todo lo expresado, hoy más que nunca es imprescindible que el Gobierno de la CABA, cumpla con las medidas que el propio fallo Mendoza ordena desde hace ya 15 años. Ello con la debida participación de las representaciones genuinas del barrio.
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