Por HORACIO JAUNARENA / Ex Ministro de Defensa de la Nación
En el contexto de la crisis generalizada que vive el país, y considerando cuidadosamente las prioridades frente a la incertidumbre, es necesario construir una política de Estado que, al menos, comience a mitigar las situaciones más graves en que se encuentran nuestra Defensa y nuestra Seguridad Ciudadana.
Las soluciones están por construirse y los progresos importantes demandarán tiempo y recursos, pero jamás llegaremos a ellas si no comenzamos por asumir la responsabilidad que nos corresponde desde la política. Alexander Hamilton, uno de los principales redactores de la Constitución de los EE.UU., advertía con una sentencia de validez universal, refiriéndose a los ciudadanos: “cuando vean amenazada su seguridad, estarán dispuestos a resignar su libertad”. En síntesis, brindar seguridad es defender la vigencia de la libertad y los valores de la democracia.
Fuera de Rusia, somos el país que, entre policías locales, provinciales, cuatro fuerzas federales de Seguridad, y seguridad privada, tiene la mayor cantidad de agentes de seguridad en proporción a sus habitantes. Sin embargo, ellas no consiguen garantizar libertades individuales básicas en grandes archipiélagos interiores de nuestras áreas metropolitanas. Algo estamos haciendo mal.
En lo que hace a Defensa, es evidente que la evolución tecnológica hace imposible alcanzar a nivel individual las respuestas adecuadas a las exigencias y características de los actuales conflictos. El desarrollo actual de ellos nos demuestra que nadie nos va a defender si no nos defendemos nosotros mismos.
Ello nos indica la necesidad de construir políticas asociativas con los países de la región, con miras a construir un sistema de seguridad regional. Pero será difícil que logremos concretarlo si mantenemos el desequilibrio por defecto que sufrimos hace años con respecto a las Fuerzas Armadas de países vecinos.
A través de un proyecto de presupuesto tan poco serio y disparatado que el Gobierno no se anima a discutirlo en el Congreso, podemos deducir el lugar y la importancia que le asigna a Defensa y Seguridad en el futuro, el principal elaborador del presupuesto, actual ministro y candidato a presidente.
En el proyecto, se destina el 1.85% del gasto total de la administración Nacional a Defensa. A la Seguridad Interior se le destina el 2,1%. La suma de las dos asignaciones para todo el año, es menor a lo que mensualmente el gobierno paga de intereses-los denominados pasivos remunerados-excluida a deuda con el FMI.
La dura realidad es que las Fuerzas Armadas continúan disminuyendo a lo largo de los años el porcentaje de recursos destinados a funcionamiento y sigue creciendo, en proporción, el destinado a sueldos, a pesar de que, el personal de nuestras Fuerzas Armadas es el que percibe la remuneración más baja de toda la Administración Pública.
Con uno de los más bajos porcentajes del presupuesto destinados a Defensa de América, y alrededor del 90% dedicado a gasto de personal, las Fuerzas no están en condiciones de cumplir con su misión principal.
Ni hablemos de las secundarias, para las cuales van a ser cada vez más requeridas en función de las previsibles situaciones catastróficas que nos depara el cambio climático, (inundaciones, sequías, incendios, terremotos) y para las que son angustiosamente llamadas de manera cada vez más frecuente. Situación que ya vivimos durante la pandemia, con el agradecimiento de la población por la abnegación y el patriotismo con que cumplieron con su deber.
También preocupa que un gobierno, a pocos meses de terminar su mandato y con las cifras que surgen del proyecto de presupuesto, hable con llamativa ligereza de la compra de aviones chinos, helicópteros indios, submarinos franceses o alemanes, y vehículos blindados ligeros brasileños, sin conocerse un sistema de prioridades, mientras vive el mundo un fenomenal salto tecnológico que puede convertir que un logro o adquisición inmediata, se transforme en un lastre para los nuevos tiempos.
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Ha ocurrido muchas veces en nuestra historia que la acción de actores, con diferentes intereses, definiera la adquisición de material, sustituyendo el rol que le corresponde al planeamiento estratégico nacional e inventando la misión que justifique la adquisición. Se concretaba así el absurdo que en lugar de que la misión determinara la adquisición del material, fuera el material, tan curiosamente obtenido, el que determinara la misión.
En función de la situación que vivimos, y las dificultades que tendremos que enfrentar y dar respuesta, creemos que es responsabilidad fundamental de nuestros legisladores ocuparse de estos temas como política de Estado.
Estamos en vísperas de cambios, la decisión de iniciar el tránsito hacia una recuperación indispensable de nuestra Defensa y Seguridad es y debe ser asumida ya desde la política, único camino que nos puede sacar de esta sostenida decadencia.