La Cámara Inmobiliaria Argentina rechazó el plan del ministro para eliminar la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos. La confrontación entre la eficiencia y libertad que busca el Gobierno frente a la defensa de la colegiación como supuesta garantía de profesionalismo.
El sector inmobiliario argentino se encuentra en estado de alerta máxima. Ante la inminente embestida del Gobierno nacional para desregular la actividad, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), liderada por Alejandro Bennazar, ha comenzado a articular un frente de resistencia para proteger lo que el oficialismo define como “privilegios de casta”.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete legislativo destinado a eliminar las trabas que hoy encarecen la compraventa de inmuebles. Durante su reciente presentación en la Universidad Católica Argentina, el funcionario no ahorró calificativos: sentenció que la fijación de precios mínimos por parte de los Colegios Profesionales es una “aberración social” y cuestionó la obligatoriedad de la matriculación, describiéndola como una barrera que limita la competencia.
Para Sturzenegger, el esquema actual no es más que una transferencia de ingresos de la sociedad hacia un grupo específico de intermediarios. El objetivo oficial es claro: “sacar al Estado del medio” para que los servicios sean valorados por su calidad y no por imposiciones legales.
Ante este escenario, Bennazar ha tomado la iniciativa de “abrir el paraguas” preventivo mediante la creación de la Mesa de la Industria Inmobiliaria. Este nuevo espacio agrupa a desarrolladores, constructores, escribanos e ingenieros con un objetivo estratégico: generar una “voz unificada” y un “acto colaborativo” que actúe como escudo frente a las potenciales reformas impulsadas desde la Casa Rosada.
Bennazar intenta minimizar el impacto del discurso oficial argumentando que “no existe una actividad más desregulada que la inmobiliaria”, ya que cualquier particular puede operar por su cuenta. Sin embargo, insiste en que el 90% de las operaciones pasan por profesionales, defendiendo la estructura de los Colegios como una garantía de profesionalismo que el Gobierno busca desmantelar.
Uno de los puntos de mayor fricción es la supuesta “seguridad jurídica” que los Colegios dicen garantizar. Referentes como Marta Liotto –titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI)– defienden la colegiación como un control ético indispensable para prevenir conflictos y proteger al consumidor.
No obstante, desde sectores afines a la reforma, como la plataforma Pint, se cuestiona duramente este argumento. Jorge Amoreo Casotti sostiene que la transparencia no depende de “un número detrás de un apellido” (en referencia a la matrícula), sino de la trayectoria y las buenas prácticas. Casotti incluso sugiere que los colegios deberían ser certificadores voluntarios de idoneidad en lugar de estructuras obligatorias que terminan pagando los inquilinos y propietarios.
Lo cierto es que, tal como vienen advirtiendo diversos analistas, en la práctica el sistema colegiado no ha logrado impedir miles de estafas inmobiliarias que ocurren en todo el país, lo que debilita el argumento de la matrícula como garantía infalible.
En definitiva, el pulso entre el ímpetu reformador de Sturzenegger y la resistencia de la CIA definirá el futuro de un sector que, según el Gobierno, necesita dejar de ser un “club” para convertirse en un motor dinámico de la economía.