Por KARINA CHAVEZ / Abogada penalista
Como abogada penalista, con varios años de ejercicio en la profesión y el ámbito de la niñez, me veo en la obligación de manifestar públicamente una profunda preocupación ante una medida adoptada por la institución educativa a la que concurre una niña llamada Luz: la reducción unilateral de su jornada escolar completa a jornada simple.
Sus progenitores me comentaron que es una niña neurodiversa que, desde el inicio de su escolaridad, ha transitado un proceso de inclusión con compromiso, esfuerzo y acompañamiento profesional. En cumplimiento de los requerimientos expresos del colegio, realiza tratamiento psicológico y psiquiátrico, con informes actualizados y seguimiento constante. La familia ha respondido con responsabilidad a cada solicitud institucional, confiando en que la escuela actuaría en consecuencia, respetando los derechos de su hija.
Sin embargo, me explican que han recibido una notificación acerca de la decisión de recortar la jornada escolar de Luz a partir del 2026, sin previo aviso, sin diálogo con los profesionales tratantes, lo que constituye una vulneración directa a su derecho a una educación plena, equitativa y digna. Esta medida no se encuentra fundada en criterios pedagógicos objetivos, ni en evaluaciones interdisciplinarias que la justifiquen. Por el contrario, representa una forma de exclusión encubierta, que limita el acceso de Luz al aprendizaje, a la socialización y a la vida escolar.
Desde el punto de vista jurídico, esta acción vulnera lo establecido en la Ley Nacional de Educación N.º 26.206, que garantiza el derecho a una educación inclusiva, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Ley N.º 26.378, que obliga al Estado y sus instituciones a asegurar ajustes razonables para garantizar la igualdad de condiciones. En este caso, los ajustes razonables hubieran implicado una instancia de diálogo, planificación y acompañamiento, no una medida restrictiva impuesta de manera unilateral.
Además, esta decisión puede generar consecuencias emocionales, educativas y sociales graves para la niña, afectando su autoestima, su estabilidad psíquica y su vínculo con el entorno escolar. Es por ello, que los adultos responsables, no deben permitir que se desconozcan sus avances ni se desvalorice el trabajo de quienes la acompañan.
He sugerido a los progenitores que soliciten una reunión formal en que estén presentes los miembros del equipo directivo, el equipo de orientación escolar y, si es posible, el docente a cargo, para poder revisar esta medida, comprender sus fundamentos y explorar alternativas que garanticen el bienestar y el derecho a la educación de Luz.
Los adultos deben agotar las instancias de dialogo institucional para no tomar decisiones apresuradas, tales como mantener la reducción de la jornada educativa o una solución drástica como cambiar de institución a Luz. Es imperativo encontrar una solución razonable para no vulnerar uno de los derechos fundamentales de todo niño, una educación inclusiva.
Abrigo la esperanza que el colegio pueda revisar la medida adoptada y que lo haga desde una mirada sensible, pedagógica y comprometida con la inclusión. Sabemos que la inclusión es un camino complejo, pero también profundamente humano, y que requiere escucha, flexibilidad y trabajo conjunto.
Luz ha hecho un gran esfuerzo y su boletín lo demuestra, espero que esa reunión concluya con una oportunidad para fortalecer los vínculos entre familia, escuela y profesionales, y garantizar que ningún niño o niña sea excluido de su derecho a aprender, crecer y ser parte.
La esperanza está puesta en que el colegio reconsidere, dialogue y construya junto a Luz.
La inclusión no se recorta, la ley no se negocia, y los derechos de los niños y niñas no se deben suspender por conveniencia institucional.
Aclaro que Luz fue un nombre de fantasía para protección del verdadero ser que solo quiere aprender, jugar y crecer.