Por MARIANO CÚNEO LIBARONA / Ministro de Justicia de la Nación
Por mandato del Presidente de la Nación, Javier Milei, desde el Ministerio de Justicia de la Nación y junto con el Ministerio de Seguridad elaboramos y presentamos un proyecto integral de reforma del Código Penal. A tal efecto, se tuvo en consideración un primer proyecto elaborado por una distinguida comisión de juristas presidida por el destacado profesor Jorge Buompadre y secundada por los doctores Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Basílico y otros profesionales del derecho penal.
El objetivo: dejar atrás una normativa cuyo núcleo central data de 1921, atravesada por más de mil reformas parciales acumuladas en un siglo, para dar paso a un texto unificado, moderno y adaptado a los problemas de hoy.
Un código pensado para la gente, la época y para cumplir con los reclamos de justicia de la sociedad.
La reforma está pensada para la sociedad y las víctimas. Busca responder sus demandas frente al delito y garantizar un sistema de justicia penal más ágil, justo y efectivo. Para ello incorpora la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales superiores del país, la doctrina penal mayoritaria, y se nutre de la experiencia comparada de legislaciones como la de España y Estados Unidos.
Entre sus principales innovaciones se destacan:
- Mayor tutela de la vida, la libertad y la propiedad.
- Un nuevo bien jurídico que es la familia.
- Se castiga severamente la violencia en todas sus formas y el ánimo de lucro.
- Tipificación de nuevas modalidades delictivas: violencia digital, ilícitos mediante la utilización de inteligencia artificial, pornovenganza, delitos informáticos, corrupción deportiva, delitos de odio y discriminación y explotación ilegal de recursos naturales.
- Un enfoque renovado centrado en las víctimas, quienes tendrán más derechos y una participación activa en todas las decisiones.
- Imprescriptibilidad de los delitos más graves como el homicidio, abusos sexuales, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo, entre otros.
- Nuevas y severas reglas de conducta para la libertad condicional, la condena de ejecución condicional y la suspensión del proceso a prueba (probation).
RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE MÁS PREOCUPAN
El proyecto aumenta las penas frente a delitos graves como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, corrupción y narcotráfico. También contempla figuras que reflejan fenómenos de alto impacto social:
- Seguridad vial, con mayores consecuencias para los conductores que causen homicidios o lesiones, o que conduzcan en exceso de velocidad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o con exceso de alcohol, la participación y organización de las denominadas “picadas”, entre otras conductas disvaliosas.
- Endurecimiento de las penas de delitos que afectan diariamente a las personas: robo de celulares o computadoras, entraderas o salideras bancarias, estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, robo mediante la utilización de vehículos con motor (“motochorro”), etc.
- Delitos contra la familia como el hostigamiento, el fraude conyugal, el desvío del dinero destinado a la cuota alimentaria, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar con graves restricciones para el autor y partícipes, etc.
- Corrupción y fraude al Estado, se incrementan las sanciones a funcionarios, se reprimen maniobras como el desvío de planes sociales, la designación de trabajadores que no realizan tarea alguna, se incorporan actos que afecten el equilibrio fiscal, los sobornos entre privados, entre otros.
- Crimen organizado y narcotráfico, con medidas innovadoras como el decomiso anticipado y una nueva y amplia regulación de la figura del imputado colaborador (“arrepentido”).
- Juicios falsos, especialmente en materia laboral y contra la compañías de seguro.
- Protección de los animales, que ingresan por primera vez de manera integral en el Código Penal.
- Falsas denuncias por delitos contra la integridad y libertad sexual o violencia de género, que provocan un enorme perjuicio familiar y personal.
- Delitos cometidos por y contra los integrantes del jurado.
UN CÓDIGO PENAL INNOVADOR Y DE FUTURO
La reforma no se limita a actualizar leyes antiguas: propone, manteniendo las bases, una verdadera transformación del sistema penal. En un contexto atravesado por avances tecnológicos, nuevas formas de criminalidad y mayores exigencias sociales, el proyecto incorpora herramientas impensadas hace un siglo.
Entre las más relevantes:
- Delitos digitales e inteligencia artificial, con un capítulo específico que regula cibercrímenes, grooming, pornovenganza, estafas digitales y contenidos falsos generados con IA.
- Protección ampliada a las víctimas, que contarán con más derechos y mecanismos de resguardo.
- Nuevos bienes jurídicos protegidos, como la familia, la honestidad y transparencia del jurado, la biodiversidad y los derechos de los animales.
- Actualización frente a fenómenos sociales, la corrupción en el deporte, el accionar de los denominados “barrabravas”, la portación de armas de fuego y armas blancas, el hostigamiento digital y la minería ilegal.
- Fortalecimiento contra el crimen organizado, con medidas más firmes y penas elevadas frente a la trata de personas, el lavado de dinero y las mafias transnacionales.
El mensaje es claro: la ley está vigente, los delitos tienen consecuencias y la sociedad contará con un Código Penal acorde a la gravedad de las circunstancias y lo complejo de los desafíos.
Junto con la implementación del sistema procesal acusatorio en el orden federal, que ya establecimos en 14 provincias, se tendrá una justicia más eficiente, transparente y rápida.
AMPLIÓ CONSENSO Y PARTICIPACIÓN
La elaboración del proyecto involucró a juristas de trayectoria nacional e internacional, jueces, fiscales, defensores, organizaciones sociales, entidades de víctimas, asociaciones civiles, instituciones religiosas, actores del sector agropecuario y especialistas en derechos de los animales.
La premisa que lo guía es simple y contundente. Como sostiene el Presidente Javier Milei: “el que las hace, las paga”. Con ese espíritu, la reforma reafirma la vigencia de la ley y garantiza que las conductas punibles tengan una respuesta efectiva. Tolerancia cero. Se terminó la impunidad.
En definitiva, no se trata solo de una actualización técnica: es un proyecto de país más seguro, más justo y mejor preparado para los desafíos del presente y del futuro.