Por VICTORIO PIRILLO / Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene como meta avanzar con uno de los ejes centrales del Pacto de Mayo. El propósito es implementar un sistema “moderno y que fomente el empleo formal”. Por ahora, la reforma previsional quedará postergada con el objetivo, según el gobierno, de “atender la situación de todas las personas que hoy están en la informalidad”
Entre las prioridades de la buscada reforma se destaca la flexibilización en las negociaciones laborales, lo que implica una revisión del esquema actual de paritarias, tratando de imponer un modelo que combine acuerdos nacionales con negociaciones sectoriales. Pero la reforma laboral no es el único frente: también se apunta a una depuración profunda del entramado legal argentino. Conforme el enunciado oficial que expresa lo siguiente (sic) “queremos establecer con claridad qué normas siguen vigentes y cuáles ya no tienen sentido”, algo muy genérico y tomado con demasiada liviandad pero que afectan derechos consagrados y que cambian significativamente modalidades laborales de todos los argentinos. En este proceso, el gobierno, al parecer firme en sus convicciones, continuará revisando el universo normativo, compuesto por más de 700.000 decretos emitidos a lo largo del tiempo, buscando eliminar todos aquellos que considere vetustos o en desuso.
El Ministerio de Desregulación no ha tenido una inteligente resistencia para que todo ello no avance. Un claro ejemplo surge de la continua y constante reducción de la planta estatal, en donde trabajadores de la planta permanente han sido literalmente barridos de la administración pública, quedando en el desamparo sin obra social, sin aportes previsionales y sin salario. Mientras el gobierno genera hechos distractorios y avanza en sus metas planteadas, la única respuesta gremial que las víctimas de este genocidio laboral han recibido es el berrinche, discursos de trincheras de reactivistas contestatarios que plantean asambleas 25 días después de producidos los despidos, marchas que no conducen a ninguna parte, y las quejas de una dirigencia que se siente impotente ante una metodología que no encuentra una contramedida efectiva. En sí, lo que se presenta como una lucha en defensa del trabajo termina convirtiéndose en una disputa por captación de “carteras de clientes” entre unos gremios y otros, que como una suerte de canibalismo tironean sobre los despojos del desmembramiento del Estado.
La historia muestra que la política de Franklin D. Roosevelt, conocida como el New Deal, estuvo influenciada por las ideas de John Maynard Keynes, especialmente en la necesidad de una intervención estatal para combatir la “Gran Depresión”. Keynes proponía aumentar el gasto público para estimular la demanda y reactivar la economía, mientras que Roosevelt implementó programas de obras públicas y asistencia social. Aunque hubo una conexión entre ambos, no siempre estuvieron de acuerdo en la aplicación de estas estrategias.
Esa política logró sacar de la depresión y de la crisis nada menos que a los Estados Unidos, y posteriormente sentó las bases de una economía sólida que permitió hasta ganar la Segunda Guerra Mundial en tres escenarios bélicos como el europeo, el africano y el asiático.
Sería oportuno que se aprenda de esta gran enseñanza que supo pasar eficientemente de lo teórico a lo práctico para que la Argentina deje de lado recetas fracasadas y comience a hacer un mix entre lo que se exhibió ante la humanidad como un estado exitoso, sin desechar el mundo de la producción de la actividad privada que es el motor principal de la economía. La drasticidad de un gobierno no puede ser siempre la única regla.
Argentina viene dejando de lado el desarrollo tecnológico, el impulso de la industria mediana y pesada, la eliminación de las escuelas fábricas. Se renunció a lo que con ahínco y esmero había conseguido 60 años atrás para retornar nuevamente a su rol del siglo 19, dependiendo principalmente del agro, renunciando siempre a generarle un valor agregado y especulando con los títulos y bonos financieros, sumada a importaciones como golpe de gracia para exterminar a nuestras vapuleadas pymes.
Con muy poca imaginación y apelando a un libreto fracasado, el gobierno actual junto a los históricos vivos que negocian y conviven con todos los gobiernos, no cesan de impulsar en cada acto o discurso su obsesivo intento “de reforma laboral total”, la cual incluye trapicheos en la indemnización por despido, la registración laboral, la figura del trabajador independiente con colaboradores, entre otras. Mucho han logrado con tan poco esfuerzo a través de su paquete de medidas enviadas al Congreso. Otras están en el tintero pero no se secan ni se sacan de la cabeza de las 12 familias más influyentes del país, como así también de varios organismos internacionales.
Entre lo pretendido a expensas del anhelo de estos, se destaca:
Implementar un fondo de cese en lugar de indemnizaciones clásicas. Extender considerablemente los períodos de prueba. Promover negociaciones salariales descentralizadas por región/productividad. Reducir sanciones a las patronales por empleo informal y flexibilizar derechos laborales. Legalización de la práctica de contratar trabajadores utilizando la figura de la locación de servicios (monotributo), creando la figura del trabajador independiente con colaboradores en establecimientos de hasta 3 empleados, facilitando la tercerización sin límites. Eliminación de la posibilidad de reclamar la reinstalación en el puesto de trabajo luego de un despido discriminatorio o arbitrario. Habilitación para sustituir el régimen de indemnizaciones por despido por fondos de cese laboral, entre otros.
Como dijo alguna vez un ex presidente y estadista: “La única verdad es la realidad”. La realidad es que los empresarios supieron ser ricos y poderosos en una Argentina fuerte y prospera con todas las leyes laborales que hoy se pretenden eliminar.
Si la sociedad no cambia, ninguna ley cambiará nada. En la historia argentina hemos visto una raza confeccionadora de leyes, legislando sin saber que legisla, aportando todo lo malo de su naturaleza humana en detrimento del hombre y en favor del culto a la ley. A tal punto que en la hipócrita balanza de la justicia siempre el poder y el dinero pesan más que la verdad.
Es hora que los empresarios y los gobiernos responsables del fracaso argentino entiendan que los trabajadores no son los enemigos. Es momento de que comprendan, de una vez y para siempre, que cuando estos piden o reclaman, es porque desean obtener lo que por derecho y por justicia constantemente se le niegan y no tienen.