El diputado nacional Eduardo Valdés y el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia presentaron un proyecto para declarar a la Parroquia San Patricio, en el barrio de Belgrano, como Monumento Histórico Nacional. Esto se dio en el marco del 49° aniversario de la Masacre de San Patricio en la que el terrorismo de Estado asesinó a cinco miembros de la congregación palotina.
En su intervención, Valdés destacó que “Jorge Bergoglio fue el confesor del Padre Alfredo Kelly, una de las cinco víctimas y párroco de San Patricio al momento del hecho”, al tiempo que recordó las visitas que el por entonces arzobispo de Buenos Aires realizó a la parroquia tanto en 2001 como en 2005. “Fue en aquel entonces que el propio Bergoglio inició el proceso de canonización de los cinco palotinos”, enfatizó.
Por su parte, Ramiro Varela, integrante de Palotinos por la Memoria, sostuvo que “este proyecto pretende coronar un trabajo que la comunidad palotina viene desarrollando a lo largo de los años. No sólo para preservar y poner en valor el predio de la parroquia, al cual declaramos Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a fines del año pasado, sino también para seguir construyendo memoria en el espacio público, con logros como la adición del nombre ‘Mártires Palotinos’ a la estación Echeverría de la Línea B de subte”.
CÓMO FUE LA CAUSA
En la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas ingresó a la casa parroquial de San Patricio y acribilló a balazos a los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y a los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito. Esto constituye el mayor atentado cometido contra la Iglesia católica en Argentina y uno de los crímenes más emblemáticos perpetrados por la dictadura cívico-militar.
La causa penal por el asesinato de los palotinos está a cargo del juez Daniel Rafecas, quien actualmente lleva adelante la instrucción como parte de la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la estructura represiva que operaba en el centro clandestino de detención tortura y exterminio que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal durante la última dictadura cívico-mlitar. La semana pasada, la querella encabezada por el abogado Pablo Llonto presentó un escrito solicitando que diez efectivos de la Comisaría 37 de la Policía Federal, los cuales tuvieron participación en la liberación de la zona y en el encubrimiento posterior del hecho, sean citados a prestar declaración indagatoria de manera urgente.
También reiteraron el pedido de indagatoria al ex juez Guillermo Rivarola, quien tuvo a su cargo la primera instrucción de la causa y omitió deliberadamente investigar a los policías.