Por FEDERICO ANGELINI / Subsecretario de Intervención Federal de la Nación
El 14 de mayo de 2025, el presidente Javier Milei anunció una reforma migratoria histórica que marca un punto de inflexión en la construcción y la concepción de una Argentina segura, ordenada y próspera.
Esta medida, con un enfoque punitivista y práctico, aborda una problemática que durante años afectó la seguridad y los recursos de todos los argentinos. La reforma endurece los requisitos para la residencia, asignando el valor del respeto por el orden y la ley como obligaciones ineludibles para habitar nuestro suelo, agiliza las deportaciones de extranjeros que delinquen y establece el cobro de servicios de salud y educación para no residentes, terminando con los carísimos tours sanitarios y el carancheo de los servicios que pagan los trabajadores argentinos.
Su impacto será especialmente significativo en el conurbano bonaerense y Rosario, regiones donde con el kirchnerismo proliferaron la inseguridad y el narcotráfico. Más aún, como planteó la ministra Bullrich: “se termina el abuso, se ordena la inmigración”.
La urgencia de una reforma migratoria: orden y protección para los argentinos. La Argentina ha sido históricamente generosa con los inmigrantes, pero, como afirmó Milei en su discurso del 1° de marzo de 2025, “no podemos ser tomados de tontos por nuestros vecinos ni ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos”.
En los últimos 20 años, más de 1,7 millones de inmigrantes ingresaron de forma irregular a la Argentina, eso equivale a la población de La Matanza o la provincia de Tucumán. Este descontrol, agravado por el garantismo extremo que hubo durante el cuarto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, permitió que redes criminales transnacionales aprovecharan la porosidad de nuestras fronteras y la laxitud migratoria para operar en el país.
El Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) indica que, al 31 de diciembre de 2023, el 6% de la población carcelaria (6.644 personas) era extranjera (dato disponibilizado el 17 de octubre de 2024 en el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina), un porcentaje desproporcionado respecto a su representación en la población total.
En Rosario y el conurbano, la presencia de extranjeros vinculados al narcotráfico ha exacerbado la violencia. Por ejemplo, en Rosario, bandas como el “Clan Alvarado” y el “Clan Villalba” contaban con conexiones transnacionales que facilitaban el tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay, según informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). La reforma migratoria, al incorporar más delitos como causa de expulsión y prohibir el ingreso de condenados, corta de raíz la posibilidad de que la Argentina sea un refugio para delincuentes.
Impacto en la seguridad. La reforma migratoria refuerza la estrategia de seguridad que conduce la Ministra Bullrich, basada en inteligencia criminal, coordinación interinstitucional, presión operacional constante y mano dura contra el crimen.
En Rosario, donde los homicidios alcanzaron un pico de 261 en 2023, la intervención federal liderada por Bullrich, por decisión política del presidente Milei, el Plan Bandera, –en coordinación con fuerzas provinciales– redujo los homicidios en un 65% y las balaceras en un 57%. Sin embargo, la presencia de redes transnacionales sigue siendo un desafío. La deportación exprés de extranjeros que delinquen, como establece el DNU, va a complementar operativos como herramienta para extirpar de este país a los que pudren el tejido social por criminales.
La reforma, al exigir documentación verificada y prohibir el ingreso con antecedentes, reduce la probabilidad de que redes narco extranjeras se instalen en estas zonas. Además, la colaboración con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) permitirá rastrear flujos financieros ilícitos, atacando el lavado de activos que sostiene estas organizaciones.
Protección de recursos públicos: salud y educación para los argentinos. La reforma también aborda el abuso de servicios públicos por parte de no residentes, un problema que tensiona los presupuestos de provincias y municipios. En 2024, el gasto público en atención sanitaria a extranjeros alcanzó los 114.000 millones de pesos.
En Salta, la implementación del cobro de servicios de salud a no residentes en 2024 redujo la atención a extranjeros en un 95%, generando un ahorro de 60 millones de pesos (información brindada por el gobierno de Salta). La reforma nacional extenderá esta medida, exigiendo a residentes transitorios, temporarios e irregulares un seguro médico obligatorio y el pago de servicios de salud, restituyendo a los argentinos el pleno uso de sus recursos, sin carancheo de los mismos por visitantes o inmigrantes irregulares.
En educación, la gratuidad para extranjeros no residentes en universidades públicas representa una carga significativa. Uno de cada tres estudiantes de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) es extranjero, y el 4.1% de los alumnos de grado y el 9.9% de posgrado son no residentes. La reforma permitirá a las universidades cobrar aranceles a estos estudiantes, generando ingresos para mejorar la calidad educativa y aliviar la presión sobre el sistema. En el conurbano y Rosario, donde las universidades públicas son un pilar para la formación de profesionales locales, esta medida garantizará que los recursos se prioricen para los argentinos.
Un país serio, un futuro seguro. La reforma migratoria de Javier Milei es un paso audaz hacia un país donde la ley y el orden prevalezcan. Coincido con la declaración del vocero Manuel Adorni: “los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera”.
En un contexto donde el 6% de los presos son extranjeros y el gasto en servicios para no residentes supera los 114.000 millones de pesos, esta medida protege los derechos de los argentinos y fortalece la seguridad en regiones críticas como el conurbano y Rosario.
Milei cumplió en promover una medida que refuerza la seguridad nacional y garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en los argentinos y residentes legales y no en quienes abusan del sistema.
La República Argentina tiene las puertas abiertas para todos aquellos inmigrantes de bien que quieran trabajar, invertir y construir un futuro de libertad y prosperidad. La reconstrucción de una gran nación demanda que haya una exigencia de ingreso a la altura del país que queremos tener.
Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.