Por MARIANO CÚNEO LIBARONA / Ministro de Justicia de la Nación
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han generado una serie de cambios fundamentales, las que reconfiguraron las formas comisivas de los delitos tradicionales. Las transformaciones operadas en materia informática nos llevan a nuevos delitos en casos de fraudes, acosos sexuales, hostigamiento, amenazas, extorsión, etc. y se convirtieron en herramientas de apoyo para el desarrollo de nuevas formas de criminalidad organizada compleja como el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos y de los delitos más básicos que se cometen a diario.
Como consecuencia de esta nueva realidad, por orden del Sr. Presidente Javier Milei, se impuso la necesidad de: 1) estudiar y adaptar las formas tradicionales de persecución e investigación de los ilícitos a nuevas técnicas investigativas, 2) proyectar propuestas que permitan la solución del conflicto en ámbitos digitales, 3) el adecuado abordaje de la evidencia digital, 4) enfrentar la problemática y estos nuevos fenómenos delictivos, que no reconocen las fronteras territoriales de los países, la necesidad ineludible de actuar de modo mancomunado entre los diversos países, 5) examinar y establecer la tipicidad de estas conductas, la cooperación internacional e interjurisdiccional resultan ser un objetivo prioritario, 6) disponer sanciones justas y proporcionadas, 7) eliminar de inmediato el acto ilícito publicado en redes sociales, 8) secuestro y decomiso de los bienes y efectos del delito.
Por estas razones, en octubre del año pasado se decidió retomar el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, que había sido creado en el ámbito del ministerio en 2016, que había sido abandonado y que funciona bajo la órbita de la Subsecretaria de Política Criminal. A dicho fin se creó una Mesa de Trabajo e Ciberdelito, con tres ejes temáticos fundamentales con diferentes objetivos.
1.Un primer eje orientado a la evaluación de las normas sustantivas actuales y las nuevas modalidades de comisión de ciberdelitos que han surgido, a fin de elaborar un proyecto de actualización legislativa que garantice un abordaje eficiente y propicie la readaptación legal exigida por la sociedad los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. En eso estamos con el Nuevo Código Penal a nuestro cargo, en plena elaboración luego del trabajo llevado a cabo por la prestigiosa comisión asesora.
2.Un segundo eje en el análisis de las normas procesales y de las nuevas formas de investigación en ámbitos digitales, con miras a impulsar una actualización legislativa, que dote al sistema penal de herramientas suficientes para hacer frente al fenómeno criminal.
3.Un tercer eje enfocado en el estudio de las estrategias y normas de cooperación internacional vigentes en materia de delitos informáticos y el tratamiento de la evidencia digital. Se debe cumplir adecuadamente con los requerimientos de información y recomendaciones realizados por el Comité de Ciberdelitos del Consejo de Europa, que funciona en el ámbito del Convenio de Budapest, del cual la República Argentina forma parte. Y en un futuro escenario esta labor se replicará con la Convención contra la Ciberdelincuencia, cuyo texto fue recientemente aprobado en el ámbito internacional.
Para la ejecución de estos objetivos se encomendó al subsecretario de Política Criminal, Dr. Alberto Nanzer, la conformación de un comité de expertos por cada uno de los ejes, para que, en virtud de conocimientos especializados, realicen, con carácter ad honorem, aportes y propuestas que posibiliten un abordaje integral de la enorme y novedosa problemática existente.
El encuentro realizado en estos días en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación abordó al primer eje, en cuanto a la necesidad de actualizar la normativa de ciberdelitos que rige actualmente en nuestro país. Se convocó al prestigioso profesor alemán Eric Hilgendorf, de la Universidad de Wurzburgo, Alemania, con la participación activa del Dr. Leandro Dias y otros valiosos colaboradores. La convocatoria del profesor Hilgendorf se motivó en su calidad de experto internacional en materia de ciberdelitos, además de que tiene una vasta trayectoria académica, ha asesorado al Parlamento Alemán y a diversos países de otros continentes.
Como metodología de trabajo para el funcionamiento de este comité se planificaron diversos encuentros virtuales, el profesor Hilgendorf, luego de un exhaustivo estudio de la normativa argentina, expuso ante expertos nacionales -tanto del ámbito académico como del Poder Judicial y Ministerios públicos fiscales- sus propuestas de adaptación legislativa. En todos hubo intervenciones de los destacados expertos locales que permitieron un debate amplio de las cuestiones tratadas.
El dictamen elaborado tiene propuestas muy adecuadas y necesarias sobre los fenómenos delictivos actuales. Haré una breve mención solo de algunas de ellas: 1) la reformulación del fraude informático con la inclusión del uso no autorizado de datos, que permitirá zanjar discusiones jurisprudenciales sobre la adecuación típica de gran parte de las conductas denunciadas ante los organismos judiciales, cuando con engaño se obtienen los datos y claves de las cuentas bancarias de una persona y luego con esa información se administra el Homebanking de esa persona con fin de desapoderarla del dinero depositado en la cuenta u obtener créditos cuyo dinero es desviado en su provecho o de un tercero; 2) la creación de un delito de phishing que complementa este tipo de defraudaciones que resultará de mucha utilidad para que los jueces y fiscales puedan investigar y juzgar aquellas conductas tan recurrentes en la actualidad; 3) la propuesta de creación de nuevas figuras delictivas; 4) el tipo penal consistente en la difusión no autorizada de imágenes o videos íntimos; 5) extorsiones empleando actos sexuales, con imágenes verdaderas o inventadas; 6) nueva figura de difusión de imágenes denigrantes producidas o modificadas por medios informáticos (inteligencia artificial); 7) la inclusión del delito de ciberacoso; 8) la suplantación de identidad que pueden generar tantos daños a las personas; 9) la reformulación del art. 197 del Código Penal para criminalizar los ciberataques tan frecuentes a nivel mundial; 10) la inclusión del tipo penal de difusión de información personal; 11) se impone hacer cesar de inmediato en la conducta ilícita permanente; 12) decomisar bienes o dinero producto del delito, entre otras novedades legislativas.
En conclusión, este minucioso y exhaustivo dictamen propone la criminalización de conductas que aún no han sido comprendidas por nuestro ordenamiento jurídico y que ameritan una inmediata acción por parte de todos los poderes del Estado para que ello se concrete en el nuevo Código Penal en elaboración a nuestro cargo.
Con la presentación del dictamen del profesor Hilgendorf culminó la labor encomendada para la actualización de las normas vigentes, pero esperamos que la experiencia sirva para mantener un diálogo internacional constante que dé lugar a mayores debates que permitan la realización de una normativa moderna, de excelencia, vanguardia, sin lagunas judiciales, y que sean de utilidad para hacer frente a los nuevos fenómenos delictivos que se encuentran en constante evolución.
Esto no es un final sino un punto de partida para generar un espacio de trabajo que permita contar con normas penales y también civiles –no debemos olvidarlo- adecuadas y eficientes para el bien del país y de la sociedad destinataria de nuestro trabajo.
Este dictamen es el anteproyecto que nosotros ahora vamos a terminar de ajustar y que seguramente va a ser remitido al Congreso en las próximas semanas e integrará el nuevo Código Penal en el que trabajamos.
Por eso también reconocemos la actuación de legisladores que son quienes van a tener la responsabilidad de analizarlo, debatirlo y en su caso, aprobarlo, para el bien de todos, menos de los criminales.
Concluyo: ya avanzamos con la ley de juicio en ausencia y otras leyes importantes; están en estudio la ley del régimen penal de menores, el juicio por jurados, la oralidad en materia civil y comercial y establecimos el sistema acusatorio federal con éxito en medio país en solo un año y ahora vamos por el nuevo Código Penal y por más.
Nuestro país y nuestros hijos lo necesitan.