El consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo Meis solicitó al Congreso de la Nación la derogación de la Ley Cafiero, Ley 24.588, una legislación que, según afirmó, “ha demostrado ser ineficaz y contraproducente para el fortalecimiento del sistema judicial argentino y para la autonomía porteña. Meis lo hizo mediante el envío de una nota a los diputados y senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Allí expresa las razones jurídicas y los efectos negativos que esta ley tiene sobre el funcionamiento del sistema judicial.
En su solicitud formal, Meis expresó que la Ley 24.588, sancionada en 1995, ha sido desde su inicio un límite a la autonomía de la Ciudad, no ha logrado los resultados esperados en términos de independencia judicial, eficiencia en la administración de justicia y transparencia.
“A casi 30 años de su implementación, la ley ha demostrado ser obsoleta y ha contribuido a generar una estructura judicial más burocrática. Ha dificultado el acceso a la justicia y ha incrementado los tiempos de resolución de casos. La justicia ya se ha pronunciado, ahora hace falta que el Congreso repare la injusticia de 30 años poniéndose al frente de la reivindicación de los derechos de los habitantes de esta Ciudad”, señaló el miembro del Consejo de la Magistratura porteño.
Asimismo,Meis sostuvo que con la derogación de la Ley Cafiero se optimizarán los recursos destinados a la justicia, garantizando que se utilicen de manera más eficaz y que lleguen directamente a los servicios que los vecinos necesitan.
“La derogación de la Ley Cafiero es esencial para garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Al eliminar las dependencias del poder federal, podemos construir un sistema judicial más autónomo, transparente y eficiente, al servicio de los ciudadanos porteños. Es hora de avanzar hacia un modelo judicial que refuerce la democracia y respete plenamente los principios de separación de poderes”, recalcó.
Por último, Meis destacó que: “Con la derogación de esta Ley, los argentinos del resto del país dejarán de pagar por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida asegura que el costo del sistema judicial sea asumido por quienes realmente lo utilizan, promoviendo una distribución más equitativa de los recursos del Estado.”