Por NICO DESCALZO / porteño de 23 años, recorre la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar historias y problemáticas locales e iniciativas vecinales, enfocándose en aquellas realidades que suelen quedar al margen del debate público.
La autonomía y la descentralización son conceptos que, en teoría, deberían potenciar la capacidad de los gobiernos locales para dar respuestas más eficaces a las necesidades de sus comunidades. En la práctica, su implementación suele ser incompleta, distorsionada o directamente obstaculizada por estructuras centralizadas que monopolizan los recursos y la toma de decisiones.
En Buenos Aires, la autonomía fue formalmente reconocida con la reforma constitucional de 1994, pero su aplicación real sigue siendo limitada. La descentralización, entendida como la transferencia efectiva de poder y recursos a las instancias más cercanas a la ciudadanía, aún enfrenta barreras estructurales que impiden su funcionamiento pleno. En este marco, la Ley 1777, sancionada en 2005 y en vigencia desde 2011, se presentó como el gran instrumento para corregir esta deuda: creó el sistema de Comunas con el objetivo de acercar la gestión a los barrios y permitir una administración más eficiente de los problemas cotidianos. A 20 años de su sanción, la descentralización sigue siendo más una intención que una realidad efectiva.
LA DESCENTRALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA U OBSTÁCULO
El argumento a favor de la descentralización es que permite una mayor proximidad entre los gobiernos y las comunidades, favoreciendo respuestas más rápidas y ajustadas a las necesidades locales. Cuando se implementa sin los recursos necesarios o sin una estructura institucional fuerte, la descentralización puede convertirse en un mero traslado de responsabilidades sin capacidad de ejecución real. Esto es lo que ocurrió con la Ley de Comunas. Sobre el papel, las 15 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires deberían contar con facultades amplias para la gestión del espacio público, la planificación urbana y la administración de los recursos barriales. En la práctica, la centralización persiste: el poder sigue concentrado en el Ejecutivo porteño y la mayoría de las decisiones importantes se toman desde el Gobierno de la Ciudad, dejando a las Juntas Comunales con un margen de maniobra mínimo.
El artículo 10 de la Ley 1777 establece que las Comunas deberían tener competencias exclusivas en el mantenimiento de calles secundarias y espacios verdes, la elaboración de presupuestos y la iniciativa legislativa. La falta de presupuesto propio y de una estructura de decisión autónoma convierte a estos derechos en letra muerta.
A esto se suma una tendencia preocupante: en lugar de avanzar en una descentralización real, el Gobierno de la Ciudad comenzó a recortar aún más las responsabilidades de las Comunas. En los últimos años, competencias originalmente asignadas a las Juntas Comunales fueron nuevamente absorbidas por el Ejecutivo porteño, debilitando aún más el alcance de la Ley de Comunas, especialmente en lo referido al arbolado y el espacio público. En otras palabras, no solo no se cumplió la descentralización prometida, sino que ahora el proceso va en retroceso. Las Comunas, que ya funcionaban con enormes limitaciones, han visto reducido su alcance aún más, quedando como meros intermediarios sin poder efectivo.
¿EFICIENCIA O DESPERDICIO DE RECURSOS?
En tiempos donde se exige al Estado mayor eficiencia en el uso de los recursos, la decisión del Gobierno de la Ciudad de no darle entidad real a las Comunas es una muestra de ineficiencia y una gestión deficiente de los fondos públicos. La descentralización no es solo una cuestión administrativa, sino también económica: transferir la toma de decisiones a nivel local no solo acerca la gestión a los vecinos, sino que optimiza el uso del dinero público, reduciendo costos y tiempos en la resolución de problemas cotidianos.
La decisión política de no avanzar en una descentralización efectiva perjudica a los vecinos y genera un sistema donde los recursos se diluyen en estructuras redundantes en lugar de aplicarse directamente a la mejora del espacio público, la infraestructura barrial y los servicios esenciales. La contradicción es evidente: en nombre de la “eficiencia”, se recortan áreas sensibles y servicios esenciales, mientras se mantiene una estructura centralista que desperdicia recursos y priva a los barrios de herramientas concretas para resolver sus problemas.
EL DESAFÍO DE RECUPERAR LA PROXIMIDAD
En un mundo donde las grandes ciudades crecen y enfrentan problemáticas cada vez más complejas, la descentralización no es una cuestión secundaria, sino una herramienta clave para la gobernabilidad y la mejora de la calidad de vida. Buenos Aires no puede seguir atrapada en la contradicción de ser autónoma en los papeles pero dependiente en la práctica.
El desafío no radica solo en descentralizar estructuras, sino en garantizar que esa descentralización tenga un correlato real en el acceso a recursos, en la toma de decisiones y en la participación ciudadana. La autonomía no es simplemente un derecho institucional, es una condición indispensable para la construcción de un modelo de ciudad que responda a su gente y no a lógicas centralistas que la alejan de sus propias problemáticas.
La creciente movilización de vecinos de forma espontánea, con objetivos claros y con la voluntad de formar parte de los procesos deliberativos en los que se planifican los cambios en los barrios, es una muestra de cómo tampoco las Comunas logran ser un mecanismo de contención ni una antesala efectiva a la instancia del Ejecutivo.
A 20 años de la sanción de la Ley 1777, la pregunta sigue siendo la misma: ¿seguirá Buenos Aires postergando su autonomía real o finalmente tomará el camino de una descentralización efectiva que transforme la vida cotidiana de quienes la habitan? Mientras el Gobierno de la Ciudad continúe debilitando las estructuras comunales y concentrando poder en la administración central, la descentralización será apenas una ilusión. El desafío, entonces, es económico, político y comunicacional: promover y avanzar hacia una Ciudad que fortalezca a sus propios barrios y les devuelva la capacidad de decidir sobre su presente y su futuro.