Por MARTA OYHANARTE Y ALEJANDRO DRUCAROFF AGUIAR / Abogados
Si recordamos “Los siete locos” de Roberto Arlt sospechamos que la ficción puede generar la realidad… y ésta “no salir de su asombro” como nos disparó hace poco el genial humorista Tute desde una de sus viñetas. La gente está perpleja ante el actual contexto de escándalos que se suceden velozmente desplazando, una y otra vez, al anterior de los portales y las redes.
La política se muestra mezclada con tarot, renuncias y expulsiones en ámbitos legislativos, teorías conspirativas, insultos, descalificaciones y visiones paranoicas que no hacen más que alimentar a una sociedad que pierde, día a día, la confianza en su dirigencia mientras crecen el hastío, el enojo y la frustración.
En un país donde más de la mitad de sus habitantes -y casi dos tercios de sus niños y adolescentes- son pobres y donde el deterioro de sus instituciones democráticas es una constante, la polarización como metodología política y la no participación de la sociedad han demostrado ser una parte clave del problema.
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Los insultos y las descalificaciones dominan la agenda e impiden debatir -por sólo citar algunos ejemplos- si el mejor modo de lograr un equilibrio fiscal es reducir en valores constantes las jubilaciones, hasta qué extremos puede llegar la recesión económica mientras el consumo se derrumba y crecen la pobreza y la indigencia o cuál debe ser el rol de los servicios de inteligencia, tan mal -e ilegalmente- utilizados por sucesivos gobiernos.
Anomalías, negociaciones en la oscuridad, formalidades vulneradas, gestores impropios, apropiación de fondos públicos para fines políticos personales, inexperiencia y voluntarismo van quedando expuestos en temas cruciales.
Uno de ellos, que aunque, por fortuna, no ha logrado avanzar en las últimas semanas, está latente, adquiere especial relevancia: la postulación de jueces que han de integrar la Corte Suprema de Justicia.
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Un motivo esencial que nos deja distantes de los países a los que deseamos parecernos es que allí una de las prioridades es la seguridad jurídica y el componente más importante para lograrlo es una Justicia incorruptible e independiente, surgida de designaciones en manos de consejos de conformación plural con calificados representantes de todos los sectores, cuyas decisiones se toman luego de un detallado análisis de los pliegos que hacen a la idoneidad de los postulados. No vamos a llegar a los modelos que admiramos si seguimos dejando las cuestiones públicas -que son de todos- en manos de una dirigencia enajenada.
Todo lo que se escriba, todo lo que se exija, todo lo que se debata sobre las próximas designaciones de jueces no será demasiado porque estamos ante una cuestión trascendente que ha de marcar el carácter de la justicia -clave para una democracia de calidad- en los próximos quince, veinte años o más.
En este contexto, es alentador ver que la sociedad civil ha dado un valioso ejemplo expresando -desde orígenes y posturas ideológicas muy diversas- un amplio consenso sobre este tema crucial.
Asociaciones y colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, inversores y hasta gobiernos extranjeros plantearon sus impugnaciones públicas y manifestaron sus objeciones en diálogos con funcionarios, senadores y dirigentes de los principales partidos políticos.
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El masivo y contundente rechazo a Ariel Lijo se funda en serios cuestionamientos por su falta de idoneidad profesional y ética y, en relación a Manuel García Mansilla, su reconocida postulación a través de quien no tiene facultades para ello.
Hay también un fuerte reclamo referido a la necesaria representación de mujeres en la Corte Suprema, según se deriva de la Constitución y de los tratados internacionales.
Lo interesante y destacable es que tantas organizaciones, que difieren en una amplia gama de temas, hayan debatido, construido acuerdos y llevado adelante iniciativas conjuntas en defensa de valores como la independencia y el prestigio de la Justicia, algo tan elemental como vital para que un país pueda considerarse serio.
En el mismo sentido destacamos el rechazo a un decreto claramente inconstitucional, que pretende limitar el acceso a la información pública, fundado en la obligación de informar y rendir cuenta de sus actos que cabe a quienes integran los poderes del Estado en nuestra representación.
Pero aún falta mucho. Cerremos por un momento los ojos y borremos de un plumazo todas las leyes, todos los políticos, todos los jueces que nos desagradan y cambiémoslos por lo mejor que se nos ocurra.
Si, paralelamente, no cambiamos usted y yo y aquel otro y muchos más, con seguridad, al poco tiempo tendríamos las mismas leyes, los mismos políticos y los mismos jueces que hoy nos perturban.
Revertir un proceso de decadencia tan extendido requiere una amplia participación de la ciudadanía, la asunción de que cada uno de nosotros puede -y debe- ser protagonista de una realidad que salga de su asombro y nos vea, al fin, comenzar a transitar un camino hacia una sociedad más justa, más democrática y más respetuosa de nuestras diferencias.
Así debería ser, porque el infierno crece día a día. “Son tan pocos los que se salvan, que el cielo junto al infierno es más chico que un grano de arena junto al océano”. Lo escribió Roberto Arlt en Los siete locos en 1929. No dejemos que esa ficción se convierta en nuestra realidad.