Por Damián Bossetti
El decreto 666/2024, publicado en el Boletín Oficial el 23 de julio, reglamenta la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional, y recorta aún más la actividad de la industria cinematográfica. Se cancela, por ejemplo, la cuota de pantalla (que en los hechos nunca se cumplió). Hace por lo menos 10 años que se viene creando la idea de que la producción cinematográfica esta en manos de una casta de ladrones (más específicamente kirchneristas), que se queda con el dinero de los impuestos. El presidente Javier Gerardo Milei encontró en esta mala información, la excusa perfecta para aniquilar la industria cultural. Asimismo, este recorte en un ente de promoción y fomento de la cultura, es una gran forma de ejemplificar el desguace que pretende hacer con todo el Estado.
El dinero que recibe el INCAA proviene del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), establecido en la Ley 24.377, conocida como la ‘Ley de Cine’ de 1994. Este se compone de un impuesto del 10% sobre el valor de las entradas de cine, otro 10% sobre el precio de venta o alquiler de todo tipo de videograma grabado (VHS, DVD/Blue-ray, formatos que ya hace rato que no existen), y el 25% de los ingresos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), provenientes del impuesto sobre la facturación de los canales de TV y servicios de cable, además de otros conceptos menores. En los últimos años se reclamaba que los servicios de streaming también aporten a ese fondo. No se aplica para este fondo ningún dinero que pueda ser usado para alimentar a chicos pobres. Cabe recordar que el INCAA es un ente autártico. O sea: es una institución creada para un interés común, con fondos propios y con independencia admirativa.
En junio pasado, el presidente del INCAA designado por Milei, el economista Carlos Pirovano, se jactaba en un comunicado, de ahorrar unos 3.000 millones de pesos. Decía: “Siguiendo el mandato del presidente Javier Milei de ahorro y cuidado del dinero del contribuyente, se han tomado una serie de medidas que en una primera etapa han permitido ahorrar más de $3.000 millones anuales, y que tienen como objetivo el equilibrio financiero para fin de año”. Pero este no es dinero de los contribuyentes, sino fondos legítimos del instituto, como ya se explicó, que provienen de cargos que pagan los que exhiben (cines, canales de televisión, los exintos videoclubes). Hubo en algún momento aportes adicionales del Tesoro, pero éstos eran excepcionales. De no ser por la llegada del streaming, que termina haciéndose el principal exhibidor de películas, estos aportes extra no se hubieran necesitado, de haberse concretado el histórico reclamo del sector cinematográfico. En este recorte anunciado en junio, en otra muestra de no comprender el fin cultural (que incluye la preservación de las obras) del INCAA, se anunció la suspensión de los alquileres de varios edificios que dejarán de usarse, que equivalen a un ahorro de $143 millones anuales. Entre esos edificios está el que se usa para guardar las copias del material fílmico que atesora el instituto. No se ha comunicado cuál será el destino de las mismas.
La reforma del 23 de julio implica reducciones presupuestarias que afectan, entre muchos aspectos, a los trabajadores del INCAA (la reducción de personal es constante desde marzo, a picos días de la asunción de Pirovano), y los festivales. Pero principalmente afectan al propósito fundamental de la institución: promover la industria cinematográfica.
Con la nueva reglamentación, se reduce el porcentaje para el pago de los subsidios a la producción de películas nacionales, que pasa del del 50 al 20% de los fondos recaudados por el INCAA. También se limita el máximo de cada subsidio al 50% del costo de producción total del proyecto (era del 70%).
En las modificaciones también se precisa que “El beneficiario de un subsidio no podrá iniciar el trámite de solicitud de uno nuevo hasta transcurrido un año calendario desde la percepción total del último subsidio solicitado o desde que la producción beneficiada con el subsidio anterior se haya exhibido en la forma establecida en el proyecto aprobado, lo que ocurra más tarde”. Esta decisión significa otro golpe al sector. Las productoras más importantes, cuya estructura funciona gracias al desarrollo de varios proyectos en un mismo año, no podrán seguir generando fuentes de trabajo de manera continua, y en el caso de las productoras chicas, estas directamente desparecerán.
Asimismo, se deroga por completo la actual cuota de pantalla. Esta cuota asegura que los exhibidores pasen cine argentino en sus pantallas durante al menos una semana en todas sus funciones. Para continuar, las películas nacionales debían cumplir, lo mismo que las extranjeras, una media de espectadores. Esto no se cumplía en todo su alcance ni se aplicaban sanciones previstas. La cuota es algo que se exige en otros países, incluso a los canales de streaming. Tomando como ejemplo a Francia, donde Netflix debe comprar un 20% de películas nacionales, cosa que la empresa cumple sin hacer reclamos. La cuota se deja ahora a voluntad del presidente del INCAA.
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También se modificó el porcentaje referente a los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del INCAA. Estos no podrán exceder el 20% del total de los recursos anuales percibidos.
Si se analiza el reparto de porcentajes del dinero recibido según esta reforma, se ve que los subsidios para películas no podrán superar el 20% de los recursos. Los gastos generales, de personal e inversiones tampoco podrán ser mayores a otro 20%. ¿Para qué se destinará el 60% restante del FFC?
El 22 de enero, en una entrevista en la radio Rock & Pop, Milei declaró: “Tengo que elegir si ponemos los recursos para financiar películas que no mira nadie (…) o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”. Si uno se guía por la no entrega de alimentos almacenados, pareciera que tampoco elige alimentar a los que necesitan una ayuda para sobrevivir.