El Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires (MLPT) elaboró un informe para documentar y sistematizar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en comisarías y alcaidías porteñas. Allí se constataron hacinamiento, escasez de comida y agua potable, y falta de acceso al sistema de salud, entre otras problemáticas. El documento fue aprobado en el marco del plenario en el que participaron la titular del MLPT y Defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños; la comisionada y defensora general, Marcela Millán; las comisionadas Pamela Malewicz e Indiana Guereño; el comisionado Claudio Romero; Manuel Tufró, integrante del consejo local y Ezequiel Paulucci, secretario ejecutivo.
A raíz de la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal estableció en el año 2020 un protocolo sanitario por el cual restringió el ingreso de personas condenadas o con prisión preventiva. Como resultado, las alcaldías de la Ciudad se desbordaron rápidamente y con ello las comisarías volvieron a ser utilizadas como lugar de alojamiento de personas detenidas.
En virtud de este agravamiento, el Ministerio Público de la Defensa porteño presentó en junio de ese año una acción de habeas corpus colectivo, que fue apoyada en calidad de amicus curiae por el MLPT y la Procuración Penitenciaria de la Nación. El planteo obtuvo resolución favorable tanto en primera como en segunda instancia y fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, quien ordenó desalojar de las comisarías de la Ciudad a las personas detenidas en cualquier situación y que la detención en las alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva.
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En este Segundo Monitoreo de Comisarías y Alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se relevaron, durante mayo de 2024, 30 establecimientos de detención, donde se alojaban 716 personas privadas de su libertad.
La muestra permitió obtener datos concluyentes:
- Las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad se encuentran sobrepobladas. En las alcaidías monitoreadas, al momento del relevamiento, se encontraron 330 personas detenidas con un cupo previsto de 223, por lo que estaban excedidas casi en un 50%.
- El tiempo de permanencia de las personas privadas de su libertad supera los seis meses en las comisarías y los 12 meses en las alcaidías. Esta situación se agrava porque las comisarías no deberían tener personas alojadas, ni siquiera de forma transitoria.
- En la gran mayoría de las comisarías hay aspectos edilicios y elementos peligrosos que ponen en riesgo la vida o la integridad física de las personas detenidas y del personal policial. Estas situaciones abarcan desde las reformas improvisadas en las dependencias en las que se registraron fugas, como la utilización en las comisarías vecinales de espacios comunes fuera de calabozos: pasillos y oficinas administrativas denominados “lugares transitorios” de detención.
- Los derechos a la alimentación y a la salud son también vulnerados. La comida no siempre está en buen estado y es insuficiente. En cuanto al acceso a la salud, no existen protocolos de atención ni se destinan recursos para atender la problemática.
- Es importante destacar que en la gran mayoría de las comisarías no cuentan con espacios adecuados ni recursos para entrevistas confidenciales —presenciales o virtuales— con abogados defensores.
- Los agentes de la Policía local carecen de la formación necesaria para desempeñar las tareas de la función penitenciaria. A esto se suma la escasez de personal. En todas las alcaidías, se asignan entre tres y cuatro celadores para un promedio de 30 detenidos. En las comisarías vecinales se destinan, en promedio, entre tres y cinco agentes para la guarda y custodia de entre 25 y 30 personas detenidas.
La principal causa que identifica el informe para llegar a este punto radica en el incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenaban al SPF disponer el ingreso de personas detenidas con condena o prisión preventiva.
En este contexto, desde fines de 2023 y durante los primeros meses de 2024 se produjeron numerosos incidentes al interior de las comisarías y alcaidías de la Ciudad que dieron lugar a episodios de fuga. En mayo, el Gobierno de la Ciudad declaró “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad”, a la vez que anunció una serie de medidas alternativas al problema de fondo que incluyen la creación de “módulos containers” para alojamiento de personas detenidas.
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En ese sentido, este segundo monitoreo sostiene que tanto el Poder Judicial de la Nación como el de la Ciudad de Buenos Aires “no tomaron debida nota de la complejidad del problema para acelerar los tiempos procesales y la situación de las personas detenidas, unificar el fichaje de las personas en un solo acto para evitar traslados y reducir el tiempo de alojamiento en los dispositivos transitorios”.
“Es posible afirmar que las medidas dispuestas y anunciadas por las autoridades públicas están lejos de revertir las condiciones de detención en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indica el informe. Y concluye: “Enfrentar esta grave situación institucional —que al transformar en permanente lo provisorio vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas detenidas— requiere de un esfuerzo coordinado, coherente y sostenible de todas las autoridades estatales con responsabilidad política e institucional”.