En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se llevaron a cabo las “Jornadas de políticas públicas y personas en situación de calle”, organizadas por el Ministerio Público de la Defensa porteña. El encuentro se dio días después del pedido de informes que realizó dicho Ministerio al Gobierno de la Ciudad sobre los “operativos de limpieza urbana” y el “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.
A lo largo de la jornada, los panelistas (representantes del poder judicial, organismos públicos, universidad, organizaciones sociales y referentes de la iglesia católica) señalaron los aspectos más relevantes de las problemáticas que confluyen en la trayectoria de vida de las personas en situación de calle, el incremento alarmante del número de quienes sufren esta problemática y de quienes están en riesgo de hacerlo, la falta de respuestas por parte del Estado, y la estigmatización y la criminalización que recae sobre ellos.
En el primer panel “El rol del Estado en la problemática que atraviesan las personas en situación de calle”, la defensora general porteña Marcela Millán recordó que uno de los ejes de su gestión es el “acompañamiento, asistencia y promoción de derechos fundamentales de los más vulnerables”. Explicó que “nuestro país tiene legislación nacional y local dedicada a la protección de los derechos de las personas en situación de calle, pero aunque las leyes están, el problema son las prácticas”. Agregó, además, que “a la ausencia del Estado en materia de políticas sociales, se suma la gestión penal de las personas en situación de calle, ya que tanto las causas como las detenciones bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daño aumentaron notoriamente en el último tiempo”. Cerró su exposición, afirmando que “desde hace 20 años, el Poder Judicial porteño es el impulsor y promotor de la implementación de la política pública, cuando debería ser al revés. El Gobierno de la Ciudad debe promover prácticas respetuosas para las personas en situación de calle, sin estigmatizarlas”.
Por su parte, la defensora del Pueblo porteña María Rosa Muiños señaló la “necesidad de visualizar este problema —propio de las grandes ciudades— que se ha agravado en los últimos meses y que será más crítico si se contempla a las personas que antes no estaban en riesgo de vivir en la calle”. Asimismo, explicó que la Defensoría del Pueblo desarrolló un área específica para la atención de personas en situación de calle “porque es esencial abordar la complejidad de esta temática en su multicausalidad y atemporalidad”. Resaltó, además, que “los problemas de salud mental son parte de los muchos problemas de quienes viven en la calle “y que la escucha es clave para una intervención eficaz.
A su vez, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Gabriel Mraida hizo una breve reseña de la implementación de la nueva Red de Atención. Destacó que el programa parte de un abordaje centrado en mejorar el tiempo y la calidad de la atención gubernamental, en tanto “hay una mejor segmentación y un contacto más directo con las personas”, además de “la apertura de nuevos centros de inclusión (CIS) y el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.”
En tanto, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales Ana Arias indicó que “las personas en situación de calle son un analizador social que nos muestra como sociedad” y acordó con “la centralidad de pensar nuevas formas de intervención de manera conjunta y articulada”.
El moderador del panel y secretario general de Planificación de la Defensoría General porteña Santiago Roberto celebró que “la composición de las mesas diera cuenta de la importancia de pensar y debatir la intervención estatal y social en una problemática tan compleja”. Y subrayó que se trata de “una convocatoria al trabajo conjunto de todos los actores involucrados: organismos estatales, organizaciones que nuclean a personas en situación de calle, ONGs y organizaciones religiosas”.
Durante el segundo panel “Crisis Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Dispositivos de abordaje. Análisis del nuevo protocolo de salud mental. El rol de las organizaciones de la sociedad civil”, Carlos Pisoni, responsable de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas de Grupos Vulnerables de la Defensoría General porteña, sostuvo que el trabajo que están realizando se basa en contar con información estadística confiable (por ejemplo el relevamiento de los hoteles familiares) y coordinar acciones con las distintas organizaciones que trabajan en territorio.
Luego, Horacio Ávila, de la Asociación Civil “Proyecto 7”, destacó que “hasta no hace mucho tiempo, en encuentros como este las personas en situación de calle estábamos ausentes. Hoy somos protagonistas”. Respecto de la discusión sobre los datos estadísticos y los relevamientos de personas que viven en la calle señaló “que los números importan porque esos números son personas” y aseguró que “actualmente la población en situación de calle, solo en la Ciudad, no es menor a 12 mil personas”.
La Legislatura porteña aprobó un aumento del ABL, patentes e impuesto inmobiliario
En tanto, el Padre Pedro Cannavó, de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, ubicada en el Bajo Flores, relató el trabajo que hacen diariamente en el barrio Ricciardelli y resumió la trayectoria de la exclusión en “calle/cárcel/cementerio, en oposición a la de la inclusión comunitaria desde el hogar “capilla/colegio/club”. Reclamó, además, que “el Estado debe acompañar más a quienes acompañan” y redefinir las políticas destinadas a esta población, “que debe recorrer 20 ventanillas de oficinas diferentes para atender todas sus demandas”.
Gabriela Torres, de la Defensoría del Pueblo, explicó que “las políticas públicas destinadas a personas en situación de calle no pueden ser una experiencia piloto, sino que deben ser universales y a escala”, que deben concebirse teniendo en cuenta que “no se llega a vivir en la calle de un día para otro”, sino que se trata de “vidas partidas, ilegales e invisibles”.
En el cierre de la jornada, el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire afirmó que la intervención de la Defensa Pública se basa en que “las personas en situación de calle son sujetos de derecho que deben ser escuchados a la hora de diseñar políticas públicas de las que son destinatarios”. Alertó, además, sobre la responsabilidad de “erradicar las estigmatizaciones y los discursos de odio hacia las personas en situación de calle, que transforman en peligrosos a quienes son víctimas de la exclusión social”. Y concluyó: “Los problemas sociales se resuelven con políticas sociales y no con políticas policiales”.