Por MARCELO PERETTA / Titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB)
Apartir del Decreto reglamentario 63/24 se volvió a la recomendación de marcas en las recetas de medicamentos, se autorizó la venta de drogas fuera de la farmacia y de oncológicos en droguerías, todo lo cual desalienta la competencia, provoca aumento de precios, promueve el uso irracional de fármacos y consolida el monopolio de la industria farmacéutica, en desmedro de la salud de la población.
El Decreto 63/24 es ilegal porque cambió el espíritu del DNU 70/23 que prohibía el uso de marcas en las recetas y confirmaba la obligatoriedad de la ley 25649/02 de “prescripción por nombre genérico” y la sustitución por parte del farmacéutico. Y es sabido que un decreto reglamentario debe limitarse a dar precisiones para la aplicación de la ley y no puede desvirtuar, ni mucho menos invertir, el espíritu de lo normado; por tanto el Decreto 63/24 es arbitrario y manifiestamente inconstitucional.
La ley de medicamentos genéricos rige hace 22 años y trajo competencia entre laboratorios, creación de fuentes de trabajo y mayor acceso a medicamentos, sin alterar los tratamientos clínicos con la sustitución farmacéutica; sin embargo, el decreto reglamentario impide la sustitución farmacéutica porque establece que: “el sistema de receta electrónica deberá́ devolver al profesional actuante la información en caso de sustitución en farmacia para preservar un adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente”, con lo cual los farmacéuticos no intercambiarán las marcas de medicamentos para no alterar el “adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente”.
La “bioequivalencia” esgrimida en el ilegítimo Decreto 63/24 es un argumento para imponer las marcas caras, porque todos los genéricos son intercambiables y el 95% de ellos no requiere biodisponibilidad, a saber: los inyectables, los óticos, los oculares, los aerosoles y los orales hidrosolubles y permeables no requieren estudios de equivalencia porque alcanzan concentraciones sanguíneas similares.
El Decreto alimenta la corrupción por la cual las grandes farmacéuticas premian a los médicos para que prescriban y recomienden sus marcas comerciales caras sobre la base de argumentos falsos, ya que ningún laboratorio puede alegar mayor o mejor calidad que otro porque todos están sometidos a los mismos controles y exigencias establecidas por la Anmat.
El Presidente proclama “libertad y competencia” pero le adjudica un negocio oligopólico y multimillonario (9000 millones de dólares anuales) a un reducido grupo de 300 laboratorios, cuyo número no se modifica desde 1990, gracias a las regulaciones “a la carta” pedidas por el lobby farmacéutico y concedidas por la “casta” política. No solo venderán sus productos en forma controlada en 11 mil farmacias sino también de manera peligrosa en 30 mil estaciones de servicio, 50 mil supermercados y 100 mil kioscos.
La venta de oncológicos a pacientes hecha en droguería está mal porque al ser establecimientos mayoristas carecen de personal y espacio adecuado para la atención individual de cada receta. Los antiácidos y analgésicos liberados por el Decreto 63/24 pueden causar gastritis y hemorragias digestivas que terminan en nuevas consultas médicas y cirugías, y provocan daño renal porque se toman en forma excesiva, justamente porque se cree que son inocuos; por tanto, deben tener un mínimo control farmacéutico.
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La Organización Mundial de la Salud sostiene que: “la automedicación crece y la creencia de que un analgésico o antiácido son inocuos agrava más la situación, lo cual se empeora con la publicidad masiva y engañosa, pero debe saberse que todos los medicamentos tienen efectos adversos”.
Las consecuencias de liberar la venta de antiácidos y analgésicos las pagará el Estado y el Ministerio de Salud que, según sus propios estudios y recomendaciones publicados en su página oficial, sostiene: “en Argentina el uso irracional de analgésicos causa 5400 muertes anuales…”, “para un uso adecuado de analgésicos es importante consultar a un profesional…” y “la automedicación es riesgosa…”.
Para justificar el disparate de vender medicamentos fuera de la farmacia, se incurre en graves contradicciones y exige a kioscos y otros lugares espacio separado, temperatura controlada, limpieza, luz, póliza de seguro y no vender a menores, reconociendo la complejidad que poseen los productos farmacéuticos, lo que explica por qué deben estar en la farmacia, aún cuando no requieran receta.
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El hecho de que en algunas farmacias, particularmente del interior, exista ausentismo farmacéutico, es porque, para achicar costos, el empleador se niega a contratar trabajadores farmacéuticos; pero dicha actitud irresponsable (y peligrosa) es una excepción que no debe tornarse regla liberando la venta de medicamentos (que son drogas) que perjudicarán aún más la salud de la gente.
La solución es extremar la fiscalización para castigar el ausentismo farmacéutico porque es el profesional que garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos que consume la población, pero es claro que al presidente Milei no le interesa porque derogó los artículos 25 y 26 de la ley 17565 que obligaban al farmacéutico a estar presente en su lugar de trabajo y al empleador a asegurar su reemplazo en caso de ausencia, con lo cual habrá alto ausentismo y desempleo farmacéutico, pero también venta ilegal y peligrosa de remedios.