Por MAXIMILIANO FERRARO y FERNANDA REYES / Dirigentes de la Coalición Cívica
El contexto de crisis económica actual no puede hacernos perder de vista que estamos, también, frente a una profunda crisis ambiental y climática, cuyos efectos ya se empiezan a sentir en nuestro país.
Así, los eventos climáticos extremos como las olas de calor, las sequías prolongadas, los incendios y las inundaciones, son cada vez más frecuentes, lo que se traduce en una mayor pérdida de biodiversidad y ocasionando impactos económicos graves en los sectores productivos.
Esta crisis impacta de manera desproporcionada sobre las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es ineludible que como país, como sociedad, reafirmemos el cuidado del ambiente como un complemento de los esfuerzos para generar desarrollo humano, buscando que la economía crezca con equidad y sin afectar los sistemas naturales, cuyo valor intrínseco y estratégico es indudable.
Desde la Coalición Cívica afirmamos que no existe desarrollo sin sostenibilidad ambiental. Desde el año 2003, cuando Elisa Carrió ya anunciaba que a la Argentina iban a venir “por la tierra y el agua”, hemos trabajado en políticas estratégicas para su cuidado y su preservación.
Así, junto a distintas organizaciones de la sociedad civil, impulsamos el proyecto de ley de protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar en 2008, que luego, debido al fuerte lobby minero, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió de manera unilateral vetar en su totalidad. A pesar de ello, el proyecto fue tratado nuevamente, y resultó aprobado en el 2010.
Lejos de ser el final del camino, su sanción fue el punto de partida para innumerables reclamos judiciales, que provocaron que la Corte Suprema de Justicia tuviera que pronunciarse en dos ocasiones respecto de su constitucionalidad y vigencia. Sumado a ello, la ley sufrió retrasos en su cumplimiento, lo que llevó a que la principal herramienta para la identificación y la protección de los cuerpos de hielo, el Inventario Nacional de Glaciares, tardara ocho años en ser presentado.
A pesar de ello, gracias a esta ley y al trabajo que significó, hoy en día sabemos con certeza que en nuestro país existen 16.968 glaciares, de los cuales 16.078 se encuentran sobre la Cordillera de los Andes y otros 890 en las Islas del Atlántico Sur. Estos glaciares ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados, que no son otra cosa que reservas de agua dulce.
Preocupa seriamente el nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares incluida por el Poder Ejecutivo en el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus”, ya que representan un preocupante retroceso en materia de protección ambiental de un recurso esencial para la vida y el desarrollo.
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¿Qué “bases” queremos dejar para las próximas generaciones? ¿Hacia dónde quieren llevarnos estos “puntos de partida” que desprotegen nuestros bienes comunes? ¿Qué concepto de libertad es aquél que restringe y erosiona el acceso a un elemento esencial para la vida como es el agua? ¿Qué futuro nos depara un territorio contaminado?
Con este intento de modificación, el Gobierno busca limitar y reducir la protección habilitando actividades extractivas mineras en áreas donde hoy se encuentran expresamente prohibidas; desconoce los servicios ecosistémicos que fundamentan su protección (fuente de información científica, atractivo turístico, protección de biodiversidad); reduce el área de protección al contemplar sólo aquellos que posean “una función hídrica efectiva y relevante”; y limita la información que debería ser incorporada al Inventario, desconociendo muchas de las geoformas glaciares.
Estas modificaciones, sumadas a la reciente derogación de la Ley de Tierras que se realizó por el DNU del oficialismo, dará lugar a la privatización y extranjerización de tierras que son vitales para el mantenimiento de los glaciares, la denominada zona periglacial andina. Creemos que de aprobarse, esto se traduciría en una derogación tácita de la ley.
¿Por qué es importante el ambiente periglacial? Porque una de las funciones principales de la zona periglaciar es el proceso de hielo-deshielo que se lleva a cabo en las temporadas cálidas y es la responsable de la recarga de las cuencas hídricas que permite, por un lado, regular los ríos de montaña que alimentan a nuestras economías regionales y, por otro lado, son los guardianes de una biodiversidad única.
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Este proyecto se ha presentado y defendido por los funcionarios con el supuesto interés de resolver las controversias que se han planteado durante la implementación de la Ley de Glaciares con relación al alcance del ambiente periglacial, promovidas principalmente por el sector minero, que alegaba que la incertidumbre sobre el alcance de la protección ambiental genera una inseguridad jurídica que impacta en las decisiones de inversión.
Sin embargo, la propuesta resulta regresiva ya que busca retrotraer la protección ambiental sobre recursos esenciales en una verdadera agenda de desarrollo. Esta pretensión contradice y vulnera el principio de “no regresión” en materia ambiental contenido en el “Acuerdo de Escazú”, instrumento regional que ha sido ratificado por nuestro país.
Lo dijimos en su momento cuando quisieron venir por el agua y la tierra y volvemos a decirlo ahora: no existe desarrollo posible sin sostenibilidad, no existe desarrollo posible para nuestro país si decidimos desproteger y entregar recursos tan esenciales como el agua.
El cuidado de los glaciares y el ambiente periglacial es fundamental si queremos preservar nuestros recursos y generar oportunidades de crecimiento para el país.
Tenemos el deber de debatir y trabajar para impulsar los cambios que este país tanto necesita. Para que esos cambios sean duraderos, una de las prioridades debe ser el cuidado del agua y los recursos de todos los argentinos, si lo que queremos es generar verdaderas oportunidades de desarrollo, autonomía y libertad.